Unións Agrarias lidera una demanda millonaria contra el cártel de las industrias lácteas
Dirigentes del sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) lanzaron un llamamiento a los ganaderos gallegos a sumarse a una demanda multimillonaria contra el cártel de las industrias lácteas por fijación de precios y repartición de mercado. Los ganaderos asociados a ese sindicato produjeron en el periodo de actividad de este cártel unos nueve millones de toneladas de leche, por los que esperan obtener unos 623 millones de euros en indemnizaciones.
La Audiencia Nacional confirmó hace dos años una resolución de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) de julio de 2019 que consideró a ocho empresas lácteas y dos asociaciones como integrantes de un cártel que intercambiaba información comercial sensible para coordinar la compra de leche. Esas prácticas fueron condenadas entonces con multas de 8,5 millones de euros a varias industrias lácteas.
El secretario general de UU.AA., Roberto García, lanzó un llamamiento a los ganaderos gallegos a sumarse a la iniciativa de ese sindicato para reclamar ahora indemnizaciones por esas prácticas que no han prescrito, y que muestran que “la negociación de precios con la industria no estaba basada en reglas de mercado”. Unións Agrarias representa a unos 6.000 ganaderos gallegos, una cuarta parte del total, por lo que el sindicato realiza el llamamiento a los demás productores de leche.
García estuvo acompañado en la conferencia de prensa del vicesecretario general de UU. AA., Félix Porto; además de intervenir por videoconferencia el abogado David Fernández, del gabinete Eskariam, especializado en demandas colectivas y que lidera varias denuncias en diversos puntos de España.
Fernández precisó que hay de momento cuatro sentencias de diversos juzgados de primera y segunda instancia que establecen indemnizaciones de 10% en Toledo, de 9,4% en Madrid, de 5% en Granada y de 2% en Barcelona. El abogado señaló que la estimación de la CNMC de un 10% para el valor de la indemnización es una cifra de cierto “equilibrio”, y añadió que la voluntad de Eskariam es “racionalizar la litigación” y evitar una masiva ola de reclamaciones individualizadas.
"Estamos convencidos de que en el debate judicial vamos a poder acreditar que España, durante todos esos años, tuvo un precio artificialmente más bajo que el resto de países porque la industria impedía cambiar a los ganaderos de industria", indicó García. Según él, el precio que las industrias ofrecía a los ganaderos era "pactado en un despacho, al margen del mercado" y se "imponía a los ganaderos".
