El medicamento como inversión: claves para revalorizar la industria farmacéutica en España

En una España cada vez más envejecida, donde las tensiones sobre el gasto público sanitario y social no cesan, la industria farmacéutica se alza como un pilar estratégico no solo en términos de salud, sino también de economía y sostenibilidad del Estado del Bienestar. Esta es la principal conclusión que se desprende del último informe elaborado por Afi para Farmaindustria, titulado ‘Contribución socioeconómica de los medicamentos y de la industria farmacéutica en España’, presentado en febrero de 2025.

El estudio ofrece un análisis riguroso y detallado sobre el impacto directo e indirecto que generan tanto los medicamentos como el tejido industrial farmacéutico en el país. Bajo una premisa clara —el medicamento no es un gasto, sino una inversión—, el informe pone cifras a los efectos positivos que esta industria despliega en múltiples dimensiones: salud pública, ahorro presupuestario, empleo cualificado, crecimiento económico y cohesión territorial.

En 2022, el gasto público en medicamentos en España ascendió a 21.500 millones de euros. No obstante, lejos de suponer una carga para las arcas del Estado, esta inversión generó un retorno cuantificable de 14.200 millones de euros en ahorro sobre otras partidas presupuestarias. ¿Cómo? Mediante lo que los autores denominan ‘efecto compensación’: la capacidad de los medicamentos para reducir el gasto en pensiones, bajas por enfermedad y estancias hospitalarias.

El informe estima que cada euro invertido en farmacia comunitaria se traduce en un ahorro de 0,4 euros en pensiones y 0,31 euros en bajas por enfermedad. En el caso de la farmacia hospitalaria, el ahorro se concreta en 0,27 euros en pensiones y otros 0,31 euros en costes hospitalarios no farmacéuticos. Estas cifras consolidan la idea de que los medicamentos, además de mejorar la salud, alivian la presión sobre los servicios públicos.

España cuenta con una de las mayores esperanzas de vida del mundo —más de 83 años—, pero con niveles de salud en la vejez por debajo de la media europea. En este contexto, los medicamentos tienen un papel clave en el alargamiento de la vida laboral.

Un euro adicional en gasto farmacéutico comunitario incrementa la esperanza de vida en buena salud en 5,3 días a partir de los 65 años. En farmacia hospitalaria, el aumento es de 3,9 días. Si este tiempo extra en buena salud se traduce en una jubilación más tardía, el sistema público de pensiones se beneficiaría doblemente: menor gasto y mayores cotizaciones. Solo en 2022, esta dinámica generó un ahorro estimado de 7.500 millones de euros.

Entre 2014 y 2022, el número de bajas laborales por enfermedad se duplicó, alcanzando un gasto público superior a 8.300 millones de euros. El estudio revela que cada euro invertido en medicamentos comunitarios evita unas 18.000 bajas anuales en todo el país. Esta reducción, a su vez, implica una menor presión sobre el sistema de prestaciones y una mejora de la productividad general.

El ahorro anual estimado por esta vía supera los 3.950 millones de euros, lo que representa casi la mitad del gasto público total en prestaciones por enfermedad.

La duración media de los ingresos hospitalarios en España se ha mantenido prácticamente estancada en la última década. Los medicamentos, especialmente los innovadores administrados en el entorno hospitalario, han demostrado su capacidad para acortar los procesos de recuperación. El informe calcula que cada euro adicional invertido reduce en 0,006 días la duración media de hospitalización, lo que implica un ahorro medio de 0,31 euros por paciente en costes no farmacéuticos.

En términos macroeconómicos, este efecto se tradujo en un ahorro hospitalario total de 2.700 millones de euros en 2022.

La relación entre salud y economía es innegable. Una población más sana trabaja más y durante más tiempo. El estudio estima que cada euro invertido en medicamentos comunitarios se traduce en 10,75 minutos adicionales de trabajo efectivo al año. Traducido a valor económico, ese incremento representa 3,9 euros de valor añadido por euro invertido, considerando la productividad marginal del trabajo en España.

Bajo un escenario conservador de aumento del gasto farmacéutico del 3% anual, los medicamentos aportarían más de 1.600 millones de euros adicionales al crecimiento del PIB cada año.

Más allá del efecto sanitario, la industria farmacéutica representa un activo industrial de primer nivel. En 2023, generó más de 27.000 millones de euros en valor añadido (el 1,9% del PIB) y sostuvo más de 242.000 empleos. Cada puesto de trabajo en una empresa farmacéutica genera otros 3,4 empleos en el resto de sectores.

España es el cuarto país europeo con mayor empleo farmacéutico y el octavo en producción. El 60% de los bienes de alta tecnología fabricados en el país corresponden a medicamentos. Además, el sector ha captado más de 2.300 millones de euros en inversión extranjera directa en la última década.

El sector farmacéutico es el segundo en inversión en I+D en España, con cerca de 1.400 millones de euros anuales. España se ha consolidado como líder europeo en ensayos clínicos, superando a potencias como Francia o Alemania. El 45% de esta inversión se realiza en colaboración con hospitales y universidades, fortaleciendo el ecosistema científico nacional.

En cuanto al empleo, el 70% de los trabajadores del sector posee título universitario, y el 61% desempeña funciones técnicas, científicas o de dirección. El salario medio es un 39% superior al del conjunto industrial, con una tasa de contratos indefinidos del 91%.

Las farmacéuticas españolas emiten 64 toneladas de CO₂ por cada millón de euros de valor añadido, ocho veces menos que la media industrial. Además, su presencia en zonas rurales ha demostrado generar desarrollo y fijación de población, como muestran varios casos estudiados por el informe.