UPI denuncia la grave situación de fraude de IVA en el suministro de combustibles
UPI, la Unión de Operadores Independientes del Sector Energético, emitió un comunicado sobre la grave situación de fraude de IVA que impera en el suministro de combustibles. Esta problemática se ha convertido en una de las más preocupantes en los últimos tiempos para el sector, y parece estar lejos de ser resuelta, a pesar de los esfuerzos realizados por la Agencia Tributaria y la implementación del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF) a finales del pasado mes de abril.
“Nos encontramos actualmente en una situación gravísima de fraude en la distribución de combustibles, una de las peores desde que este fenómeno empezara a expandirse coincidiendo con la eliminación, en 2009, de la autorización administrativa previa que se exigía para ejercer la actividad de distribución al por mayor. Todo apunta a que a pesar de la puesta en funcionamiento del REDEF por parte de la Agencia Tributaria a finales del pasado mes de abril, se sigue produciendo fraude de IVA a la salida del depósito fiscal de hidrocarburos. Este mecanismo debía servir para erradicarlo y, sin embargo, las tramas de defraudación consiguen no sólo evitar los efectos del REDEF sino ampararse en él”, expresaron fuentes de UPI en su comunicado.
“Por otro lado, asistimos a un incumplimiento generalizado de las obligaciones sectoriales. Cuando los distribuidores minoristas importan el producto en lugar de comprar a un operador mayorista, pueden incumplir las obligaciones sectoriales y sus costes asociados por la falta de mecanismos de control de su actividad. Las obligaciones medioambientales son cada vez más numerosas y costosas con lo que su incumplimiento permite unas diferencias de precios nunca vistas”, añaden desde la asociación.
Actualmente, el foco del fraude está entre los distribuidores minoristas que venden a otros distribuidores, ya sea de manera independiente o como empresas instrumentales, según apuntan desde UPI. Una anomalía regulatoria les permite vender a otros distribuidores sin estar sometidos a las mismas obligaciones legales que los operadores mayoristas y sin que existan mecanismos de control de su actividad.
Desde la asociación avisaron que “estos incumplimientos suponen una severa competencia desleal y son los operadores al por mayor sin capacidad de refino como las compañías asociadas de UPI los que la más sufren. El mercado está tan distorsionado y tensionado que la situación es, a medio plazo, insostenible para los operadores no integrados. De hecho, ya ha comenzado el abandono de la actividad mayorista por parte de algún operador y sin lugar a dudas, muchos más operadores no integrados se lo están planteando en el medio plazo si no se producen cambios sustanciales. Las consecuencias ya se están notando incluso entre las estaciones de servicio por los precios tan bajos que ofrecen aquellas que compran a defraudadores. El mercado puede acabar destrozado con la pérdida de tejido empresarial y empleo sano y sin competencia efectiva ninguna”.
Además, esta situación supone una merma para las arcas públicas derivada del fraude de IVA. Y el incumplimiento de las obligaciones medioambientales afecta la consecución real de los objetivos de introducción de energías renovables y de descarbonización a los que España se ha comprometido ante la UE.
UPI se ha dirigido a los distintos organismos competentes (Agencia Tributaria, Ministerio para la Transición Ecológica, Ministerio de Asuntos Económicos, Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) proponiendo medidas que básicamente consisten en dotarnos de mecanismos eficientes de control en los ámbitos sectorial y fiscal, que sirvan para erradicar el fraude. “Estas medidas, ya propuestas por UPI desde hace tiempo, dependen de que exista voluntad política y deben acometerse a la mayor brevedad”, concluyeron desde la asociación.
