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Ayudas solo para elegidos

Víctor García Nebreda, secretario general de Aevecar

16/04/2021
Hace unos días se publicó el RD-Ley 5/2021, en el que se recogen las ayudas que el gobierno central repartirá entre las empresas y autónomos afectados en su facturación por el COVID 19.
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Hasta aquí todo correcto. Se pensará si son muchos o pocos los 7.000 millones de euros de los que se dispone para ayudas directas o si tardará más o menos en darse de una forma efectiva, pero el Gobierno se guardaba una sorpresa y no pequeña, más bien todo lo contrario.

Habrá sectores elegidos para que sus empresas puedan sobrevivir a esta catástrofe económica que estamos viviendo y otros que no, que verán cómo sus empresas y autónomos se desangran económicamente sin que nadie les ayude.

Podríamos pensar que se han seguido criterios de viabilidad futura o ratios económicos que de una manera objetiva salven a unos y condenen a otros, pero no, el criterio ha sido ‘tú sí y tú no’.

Pensarán que digo esto porque uno de los sectores excluidos de las ayudas es el de comercio al por menor de combustibles en establecimientos especializados, es decir las gasolineras de toda la vida, que es el sector al que pertenezco. Voy a intentar dar algunas razones que justifiquen lo que entiendo como una arbitrariedad incomprensible.

El RD- Ley 5/2021 establece que, para recibir las ayudas, la diferencia de facturación entre el año 2020 y el 2019 tiene que ser de al menos el 30%, también dice que la empresa tiene que tener una viabilidad de cara al futuro, lo que es lógico ya que desgraciadamente habrá empresas que no puedan superar esta situación, aunque se les ayude y los recursos son escasos y por lo tanto hay que emplearlos bien. Finalmente, hay una serie de requisitos formales que hay que cumplir para tener derecho a recibir el dinero, como que la ayuda tenga un carácter finalista determinado en la propia norma, etcétera.

Nuestro sector fue declarado esencial, lo que significó durante la primera parte del estado de alarma que teníamos que seguir abiertos en las mismas circunstancias que antes de la pandemia, pero con un pequeño detalle: el estado de alarma prohibió la movilidad de los ciudadanos, sobre todo con sus automóviles, por lo que permanecimos abiertos, todas las empresas, por si había una emergencia que cubrir en cualquier parte de nuestro territorio nacional. No hay que hacer muchos números para llegar a la conclusión de que las pérdidas fueron enormes.

Más tarde se dispusieron unos servicios mínimos que en la realidad se podían considerar máximos, puesto que incluían a más del 60 % de las instalaciones, que pretendían que no hubiera ni una sola población que no tuviera una gasolinera a disposición de cualquier eventualidad. Recordemos que los ciudadanos seguían teniendo prohibido utilizar sus vehículos salvo para los casos urgentes contemplados en las normas, por lo que las pérdidas se siguieron produciendo de forma alarmante.

Luego vino el verano y una relajación en las restricciones de movimientos que hicieron que nuestros negocios vieran un poco la luz, pero se tornó en tinieblas cuando vinieron las sucesivas olas que hicieron necesarias nuevas restricciones de la movilidad.

A día de hoy seguimos sin poder ir de una comunidad a otra e incluso de una provincia a otra dentro de las comunidades autónomas, por lo que nuestras instalaciones siguen sufriendo pérdidas en la mayoría de los casos, en las de carretera de forma trágica.

Por otra parte, nuestras empresas han sido solventes en el pasado y con una viabilidad de futuro evidente. En el momento en que la situación se normalice y con ella la movilidad, no hay nada que haga pensar que no se volverá a las ratios de ventas de antes de la pandemia. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para excluir de las ayudas a las empresas de nuestro sector que cumplan con los requisitos determinados.

Pero es que no hay ninguna razón objetiva para excluir a ninguna empresa o autónomo de la posibilidad de recibir ayudas si cumple con los requisitos que la normativa marca, pertenezca al sector económico que pertenezca.

Nadie debería tener la potestad de salvar o arruinar a una empresa y mucho menos el Gobierno, que debe velar por todos por igual. Es injustamente arbitrario.

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