La CETM rechazó una subida de la fiscalidad del gasóleo para cumplir los compromisos europeos
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) mostró su rechazo ante la posibilidad de incrementar la fiscalidad del gasóleo para cumplir uno de los compromisos vinculados a los fondos NextGeneration. La organización consideró que una medida de este tipo perjudicaría la competitividad de las empresas transportistas, elevaría los costes de la cadena de suministro y terminaría repercutiendo en el precio de los bienes y servicios.
La CETM reclamó al Gobierno que “no volviera a recurrir al transporte de mercancías por carretera como principal vía para aumentar la recaudación o cumplir objetivos económicos ajenos a la actividad del sector”.
La organización empresarial sostuvo que cualquier incremento de la carga fiscal aplicada al gasóleo tendría un efecto directo sobre los costes de explotación de las compañías de transporte. Estas subidas se trasladarían, según advirtió, al conjunto de la cadena logística y podrían terminar afectando al precio final que pagaran ciudadanos y empresas.
La Confederación recordó que el sector afrontó durante los últimos años un aumento continuado de los gastos derivados del combustible, los costes laborales y financieros, las obligaciones regulatorias y las inversiones necesarias para avanzar en la digitalización y la descarbonización de las flotas.
Uno de los escenarios planteados fue la equiparación de la fiscalidad del gasóleo con la de la gasolina. La CETM alertó de que una subida de diez céntimos por litro podría reducir el atractivo de España como lugar de repostaje para las flotas internacionales, que tendrían mayores incentivos para abastecerse en otros países.
Esta situación, añadió, podría reducir la recaudación prevista y perjudicar especialmente a las zonas fronterizas, donde el repostaje de vehículos pesados y la actividad vinculada al transporte internacional tuvieron un peso económico relevante.
La medida tendría también una incidencia significativa sobre las empresas que trabajaran con vehículos ligeros de hasta 7,5 toneladas. Estas compañías no podían beneficiarse de la devolución parcial del impuesto mediante el sistema de gasóleo profesional, por lo que asumirían íntegramente el incremento fiscal, con el consiguiente impacto sobre sus costes y su tesorería.
La CETM reconoció la necesidad de que España cumpliera los compromisos adquiridos con las instituciones europeas, aunque consideró que el esfuerzo económico debía distribuirse de manera equilibrada entre los distintos sectores afectados.
“Las empresas de transporte no pueden ser el instrumento para compensar compromisos cuya carga debe repartirse de forma equilibrada entre todos los sectores afectados. Somos un sector estratégico para la economía y no podemos ser invitados a todas las reformas si al final siempre acabamos pagando la factura”, señaló el presidente de la CETM, Carmelo González.
Por este motivo, la patronal reclamó que cualquier decisión fiscal que afectara al transporte de mercancías por carretera se adoptara mediante el diálogo con las organizaciones representativas del sector y después de evaluar sus consecuencias económicas.
La Confederación insistió en que las políticas dirigidas a favorecer una movilidad más sostenible y eficiente debían ser compatibles con la competitividad y la viabilidad de las empresas, así como con el mantenimiento de un servicio de transporte seguro, eficaz y económicamente sostenible.
Además, recordó que la posición periférica de España hacía que buena parte de la competitividad de su economía dependiera de disponer de conexiones eficientes con los mercados europeos. En este sentido, la CETM advirtió de que cualquier medida que debilitara al transporte por carretera terminaría afectando al conjunto de la actividad económica nacional.
