Castilla y León no legislará para frenar el desarrollo de las unidades de suministro sin personal
Revista Estaciones de servicio13/02/2015
Villanueva
El consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, afirmó el pasado 11 de febrero en León que las unidades de suministro sin personal “reúnen las condiciones dentro de la legalidad” y aseguró que el Ejecutivo autonómico “no tiene competencias más que en algunos controles e inspecciones”. Villanueva respondía así a la petición realizada a finales de enero por Aevecal, Fereclaes, CC.OO y UGT, que solicitaron al Gobierno regional que regulara la actividad de las desatendidas.
Villanueva declaró que este tipo de instalaciones cuentan con la autorización del Ministerio de Industria, “tienen una regulación nacional y europea, reúnen las condiciones dentro de la legalidad y además no son nuevas, lo que pasa es que están creciendo porque se ha producido la liberalización del sector de los hidrocarburos y hay competencia”.
Admitió que otras comunidades autónomas sí han regulado esta actividad, “pero porque tienen competencias en el ámbito del consumo, que no es el caso de Castilla y León”. La Junta de Castilla y León, añadió, está analizando y estudiando este fenómeno desde el punto de vista medioambiental, del empleo, de la seguridad y desde la perspectiva de las personas que tienen dificultades de movilidad, “pero lo que no vamos a hacer, si no tenemos esas competencias, es meternos sorteando la legalidad y haciendo un fraude de ley para regular cosas, como otros hacen”.
Estas declaraciones van en la misma línea que las realizadas a finales de enero por su compañera de Gabinete, la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar Del Olmo, quien afirmó que “cada empresa se organiza como quiere” y agregó que “cuando alguien monta una empresa sabe cuántos empleados necesita (...) Mi opinión es que cada uno organiza su empresa como quiere; inmiscuirnos en el ámbito empresarial nunca es bueno”, subrayó Del Olmo para añadir que “lo importante es que haya muchas empresas”.
Villanueva declaró que este tipo de instalaciones cuentan con la autorización del Ministerio de Industria, “tienen una regulación nacional y europea, reúnen las condiciones dentro de la legalidad y además no son nuevas, lo que pasa es que están creciendo porque se ha producido la liberalización del sector de los hidrocarburos y hay competencia”.
Admitió que otras comunidades autónomas sí han regulado esta actividad, “pero porque tienen competencias en el ámbito del consumo, que no es el caso de Castilla y León”. La Junta de Castilla y León, añadió, está analizando y estudiando este fenómeno desde el punto de vista medioambiental, del empleo, de la seguridad y desde la perspectiva de las personas que tienen dificultades de movilidad, “pero lo que no vamos a hacer, si no tenemos esas competencias, es meternos sorteando la legalidad y haciendo un fraude de ley para regular cosas, como otros hacen”.
Estas declaraciones van en la misma línea que las realizadas a finales de enero por su compañera de Gabinete, la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar Del Olmo, quien afirmó que “cada empresa se organiza como quiere” y agregó que “cuando alguien monta una empresa sabe cuántos empleados necesita (...) Mi opinión es que cada uno organiza su empresa como quiere; inmiscuirnos en el ámbito empresarial nunca es bueno”, subrayó Del Olmo para añadir que “lo importante es que haya muchas empresas”.
