La transición frigorífica en la distribución alimentaria: entre la ambición climática y la realidad operativa

La industria se enfrenta al desafío de renovar su parque de instalaciones frigoríficas bajo el estricto calendario del reglamento europeo F-Gas. El objetivo es claro y compartido: sustituir los gases fluorados actuales (HFC) por alternativas de bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA). Sin embargo, el sector dispone de apenas cuatro años para acelerar una transición que el propio mercado ha fijado en el horizonte de 2032 para su plena culminación.

Esta urgencia no es meramente administrativa. Aunque los gases actuales son legales, su suministro plantea ya riesgos de desabastecimiento y un incremento exponencial en los costes operativos, lo que obliga a una planificación técnica milimétrica para garantizar la continuidad del servicio.

“El uso de sistemas basados en CO₂ ha crecido un 200% en los supermercados y autoservicios de proximidad”

La adaptación al reglamento F-Gas se topa con obstáculos que comprometen el ritmo de ejecución. Tal como se analizó en la reciente jornada técnica de  la (Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (Aefyt), titulada 'Datos que transforman', existen cuellos de botella que la normativa no contempla con el realismo necesario.

En primer lugar, nos enfrentamos a una falta estructural de mano de obra especializada. Se estima un déficit de casi 10.000 técnicos cualificados en España para acometer las reformas necesarias. Mientras que el volumen de trabajo derivado de la transición tecnológica ha crecido un 30 por ciento, las plantillas del sector de la instalación frigorífica solo han aumentado entre un 5 y un 10 por ciento. Sin técnicos formados en las nuevas tecnologías de refrigerantes naturales, como el CO₂, la ejecución de los proyectos se dilata en el tiempo.

En segundo lugar, el impacto financiero es enorme. La reconversión de las instalaciones requiere una inversión pendiente que supera los 2.500 millones de euros para las empresas de ASEDAS, a lo que debe sumarse el esfuerzo inversor para las nuevas aperturas. Debemos recordar que el sector del gran consumo opera con márgenes de rentabilidad muy ajustados, situados en una media neta del 2,9 por ciento, según el último ejercicio auditado de 2024. Por tanto, la capacidad de absorción de costes de inversión tan elevados depende de la estabilidad económica y de la eficiencia en el control de los gastos de explotación.

En tercer lugar, en 2027 la F-Gas propone una bajada de cuota de los gases fluorados actuales según su PCA que ya está suponiendo que los gases más comunes y que sirven como transición estén empezando a no comercializarse, con el riesgo de desabastecimiento que supone para mantener las tiendas hasta su reforma definitiva.

Finalmente, la presión normativa se divide en numerosos frentes que añaden costes e inseguridad. Las empresas no solo deben cumplir con la F-Gas, sino también con regulaciones sobre eficiencia energética, ecodiseño de muebles de frío y normativas de fin de vida útil y reciclado. Esta superposición normativa genera, en ocasiones, una incertidumbre técnica que dificulta la toma de decisiones de inversión a largo plazo.

"Los operadores necesitan marcos estables que protejan las inversiones millonarias a largo plazo, evitando cambios de criterio que devalúen sistemas tecnológicos recién instalados"

Para comprender la magnitud del impacto, es necesario observar la radiografía actual de la distribución en España. A cierre de 2025, nuestro país cuenta con una red de 26.068 establecimientos de gran consumo alimentario, de los cuales la inmensa mayoría —más de 25.500 unidades— corresponden a supermercados y autoservicios de proximidad.

Esta red es el motor de una inversión anual global de unos 3.000 millones de euros destinados a aperturas y reformas. De hecho, el sector ha demostrado un dinamismo extraordinario en los últimos años: el 40 por ciento de la red total (más de 10.500 tiendas) ha sido inaugurada o reformada integralmente en el último lustro (2020-2025). Esto incluye la renovación de las instalaciones de frío, muchas de las cuales se ven ahora enfrentadas al problema de adaptarse a las nuevas exigencias de refrigeración.

El impacto de una transición desordenada o excesivamente rígida podría comprometer el funcionamiento de algunas tiendas por la imposibilidad técnica o económica de adaptar sus equipos para garantizar la cadena del frío. En un país en que la distribución de proximidad es un eje principal de la vertebración territorial, la refrigeración es el “cordón umbilical” que garantiza el acceso a productos frescos esenciales a cada rincón de la geografía española.

"El uso inteligente del dato y la monitorización remota están permitiendo optimizar el mantenimiento predictivo y reducir las fugas de refrigerante"

A pesar de las dificultades, el compromiso de la distribución con la transición hacia refrigerantes menos contaminantes es incuestionable. La adopción de tecnologías limpias es una realidad en muchas tiendas: el uso de sistemas basados en CO₂ ha crecido un 200 por ciento, consolidándose como la opción preferente para las nuevas instalaciones. Asimismo, el uso inteligente del dato y la monitorización remota están permitiendo optimizar el mantenimiento predictivo y reducir las fugas de refrigerante.

Desde ASEDAS, pensamos que una planificación rigurosa pero realista es absolutamente necesaria y esto conlleva:

1.  Flexibilidad normativa: Los plazos de ejecución deben alinearse con la capacidad real de la industria instaladora y la disponibilidad de componentes y técnicos cualificados.
2.  Seguridad jurídica: Los operadores necesitan marcos estables que protejan las inversiones millonarias a largo plazo, evitando cambios de criterio que devalúen sistemas tecnológicos recién instalados.
3.  Fomento de la formación: Es urgente impulsar planes de formación para perfiles técnicos que den soporte a la nueva arquitectura del frío.

En conclusión, la distribución alimentaria está decidida a liderar el camino hacia un frío más sostenible. No obstante, para que este proceso sea exitoso, la sostenibilidad ambiental debe ser económicamente viable y técnicamente posible. No podemos permitir que ningún operador se quede atrás. El objetivo final es que sigamos ofreciendo alimentos refrigerados de calidad, seguros, variados y a precios competitivos en todos los pueblos de España, manteniendo un modelo donde la eficiencia financiera contribuya a la vertebración social del país.