Confemetal reclama medidas urgentes para reforzar el sector de las instalaciones y servicios del metal

El sector de las instalaciones y los servicios quiere dejar de ser “el gran invisible” de la economía española. Con este objetivo, Confemetal ha elaborado un documento en el seno de su Comisión de Instalaciones y Servicios que busca poner en valor la relevancia real de estas actividades y trasladar a las administraciones una serie de reinvindicaciones que afectan directamente a la competitividad, liquidez y seguridad jurídica de miles de empresas.

La presentación de este documento ha contado con la participación de Francisco Alonso, vicepresidente de Confemetal, presidente de la Comisión de Instalaciones y Servicios y presidente de Conaif, y de José María Tejero, secretario general de Confemetal.

El documento refleja que las empresas instaladoras, mantenedoras y reparadoras son un elemento esencial en la transición energética, la descarbonización y el funcionamiento diario de infraestructuras críticas. Y, sin embargo, continúan encontrando barreras administrativas, normativas y económicas que dificultan su actividad. “Somos un sector en crecimiento y fundamental para lograr la eficiencia energética, pero tenemos que lidiar con la falta de profesionales, formación cualificada y con la lacra del intrusismo”. Así de rotundo se manifestaba Alonso durante la presentación.

El secretario general de Confemetal recordó que el conjunto del sector del metal en España supera los dos millones de trabajadores, con unas 220.000 empresas y un valor generado superior al 8% del PIB nacional. Dentro de ese ecosistema, las actividades de instalaciones y servicios tienen un peso específico muy relevante: 670.000 trabajadores asalariados según datos de la Seguridad Social (sin contar autónomos), distribuidos en un tejido empresarial muy atomizado.

De hecho, según el análisis de Confemetal, el 69,7% de los afiliados trabajan en microempresas o pequeñas empresas, mientras que solo el 8,3% pertenece a grandes compañías. Esta estructura condiciona cualquier reivindicación del sector: se trata mayoritariamente de pymes con recursos limitados, especialmente vulnerables ante cargas burocráticas, retrasos de pago o tensiones de tesorería.

Entre las actividades más representativas figuran las instalaciones eléctricas, la fontanería, la climatización, el gas, las instalaciones frigoríficas y otros ámbitos de reparación y mantenimiento industrial.

También subrayaron un problema añadido: la dificultad para medir con precisión el peso económico del sector debido a limitaciones estadísticas. Aun así, estima que los instaladores —clasificados dentro del ámbito de la construcción— generan un Valor Añadido Bruto aproximado de 23.780 millones de euros, equivalente a 1,5 puntos del PIB nacional.

Durante la presentación, Francisco Alonso acuñó el término de “servindustria”, para englobar al conjunto de empresas que, partiendo de productos industriales, ofrecen soluciones integrales que incluyen suministro, diseño, ejecución, legalización, mantenimiento y gestión de instalaciones.

Estas empresas deben considerarse servicios industriales y no mera construcción, ya que trabajan con equipamiento industrial (calderas, compresores, tuberías, válvulas, sistemas de frío…) y ejecutan tareas técnicas que incluyen cálculo, montaje, soldadura, ensamblaje o puesta en marcha.

Además, su actividad está regulada bajo la Ley 21/1992 de Industria y los reglamentos de seguridad industrial, lo que implica habilitaciones específicas, inscripción en el Registro Integrado Industrial y cumplimiento de normativas sectoriales estrictas.

Ante esto, los firmantes del documento lamentan que el sector queda fuera de muchas políticas industriales debido a su clasificación administrativa actual, pese a ser un eslabón crítico en la cadena de valor.

El documento recoge las prioridades que Confemetal considera urgentes. Todas ellas están orientadas a reducir trabas, reforzar la seguridad industrial y garantizar la viabilidad económica de las empresas instaladoras.

Reconocimiento en convocatorias de ayudas industriales

La primera reclamación es directa: que las actividades de instalaciones y servicios del metal sean reconocidas como parte de la industria en las convocatorias de ayudas públicas.

Denuncian que, al figurar en CNAE vinculados a ‘construcción especializada’, estas empresas quedan excluidas sistemáticamente de programas industriales, pese a que son esenciales para la industria y para la transición energética. La patronal pide que, sin necesidad de reformar la lista CNAE, se incluyan los CNAE actuales del sector en las ayudas, reconociendo su papel estratégico como “servindustria”.

Formación: escasez crítica de profesionales cualificados

El segundo bloque aborda uno de los problemas más graves: la falta de profesionales cualificados, agravada por la dificultad de acceso a formación específica y habilitaciones reglamentarias.

Confemetal insiste en la necesidad de modernizar la Formación Profesional, fomentar la participación femenina y reforzar la actualización continua de competencias. Entre sus propuestas destacan:

• Promover todas las vías de acceso a habilitaciones profesionales (FP, certificados de profesionalidad, acreditación de experiencia…).
• Atraer talento extranjero mediante mecanismos de reconocimiento de cualificaciones.
• Crear itinerarios de formación dual para facilitar el arraigo laboral de personas regularizadas.
• Eliminar barreras burocráticas para acceder a formación, como requisitos ajenos a la normativa básica.
• Incluir la profesión de instalador en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.
• Combatir el estigma social de la FP con campañas que destaquen estabilidad laboral, condiciones salariales y oportunidades profesionales.

FP dual: obstáculos por plataformas y exigencias de PRL

Confemetal denuncia que muchos alumnos de FP dual no pueden acceder a obras y centros de trabajo porque se les exige documentación preventiva equivalente a la de un trabajador, sin reconocer adecuadamente la formación impartida en los centros educativos.

La solución propuesta pasa por que el Ministerio de Educación impulse un certificado normalizado de PRL, válido para las plataformas documentales, facilitando así la incorporación real del alumnado.

Absentismo e incapacidad temporal: un problema estructural

El documento dedica un apartado específico al aumento de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Confemetal aporta datos contundentes:

•  La incidencia media de IT por contingencias comunes creció un 82,93% entre 2021 y 2024.
•  El coste de estas bajas para las empresas se duplicó: de 400 a 796 millones anuales en 2024.
•  Se detecta un patrón de trabajadores con procesos repetidos de baja y difícil actuación empresarial.

Confemetal lo considera una “cuestión de Estado” que requiere implicación de Administración, empresas, sindicatos y trabajadores.

Morosidad: cumplimiento real de la Ley

La patronal reclama una aplicación efectiva de la Ley 3/2004 de Morosidad, señalando que el incumplimiento de plazos sigue siendo un problema generalizado, tanto público como privado.

Entre las medidas propuestas destacan la implantación real de la factura electrónica, seguimiento del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, vincular el acceso a ayudas públicas al cumplimiento de plazos de pago, un mayor control en contratación pública, estudiar un régimen sancionador con registro de sanciones, o considerar impago el coste financiero de productos bancarios usados como herramienta de pago si superan los 60 días.

Intrusismo: riesgo para la seguridad industrial

El documento advierte del crecimiento del intrusismo, especialmente en electricidad, climatización, gas o PCI, y denuncia la falta de control efectivo de la normativa sobre gases fluorados (RD 115/2017), que según Confemetal solo se vigila de forma consistente en Cataluña y Madrid.

Confemetal pide más implicación de Ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, además de campañas de educación ciudadana sobre seguridad industrial.

Unidad de mercado: registro, revisiones y homologaciones

Otra de las reivindicaciones busca la unificación de criterios en los requisitos administrativos, como el Registro Integrado Industrial, ya que hoy en dia depende de las CCAA y genera cargas administrativas.

También solicitan impulsar las normativas de revisiones periódicas en los hogares, como en las instalaciones de baja tensión, similares a las que se hacen para instalaciones de gas o calefacción, ante un mercado cada vez más electrificado. Y ligado a esto, solicitan a las CCAA que retomen el envío de avisos de vencimiento de revisiones periódicas.

Asimismo, van a dirigirse al Ministerio de Educación para estudiar la forma de facilitar las homologaciones profesionales en Portugal y Francia y reconocer firmas de instaladores e ingenieros españoles en certificados y proyectos de instalaciones realizadas en la UE.

Vigilancia de mercado y competencia desleal

Confemetal reclama reforzar los mecanismos de vigilancia frente a productos inseguros y operadores ilegales, que provocan un perjuicio a la economía y a los consumidores y suponen una competencia desleal.

Además, estas actuaciones al margen de regulación suponen un riesgo medioambiental, al quedarse fuera de control el tratamiento de los residuos generados que en muchos casos son nocivos para el medio ambiente. “Cualquier empresa habilitada tiene contratado un gestor de residuos y está sometida a un riguroso control de los residuos que genera, algo que evidentemente no sucede con los ilegales”.

Interoperabilidad de plataformas CAE

Las empresas instaladoras operan como subcontratistas en obras de edificación e infraestructuras se enfrentan a problemas de sobrecostes administrativos y pérdida de eficiencia por gestiones documentales provocado por la carencia de una plataforma CAE unificada.

Para paliar esta problemática, Confemetal propone el principio de “carga única documental”, establecer unos estándares técnicos comunes mínimos de interoperabilidad e interconectar las plataformas CAE ya existentes y crear un modelo de “ventanilla única documental” sectorial para evitar duplicidades

Garantías de obra y retenciones

Siguiendo la problemática anterior, los firmantes denuncian la doble garantía exigida por algunas constructoras: aval o seguro de caución más retenciones del 5% en certificaciones.

La patronal propone que el aval cubra íntegramente la garantía y que se eliminen retenciones sistemáticas si ya existe caución vigente.

Regulación nacional de fontanería

Como última gran reivindicación, Confemetal reclama regular a nivel nacional las empresas de fontanería, argumentando que el agua es un bien esencial y que estas instalaciones afectan directamente a la salud pública.

Piden que el Código Técnico de la Edificación establezca condiciones claras para empresas instaladoras de agua, y que estas figuren en el Registro Integrado Industrial, con exigencias similares a gas, electricidad o refrigeración.