“La regulación de la fontanería es una necesidad real para todo el sector”

Once organizaciones empresariales y profesionales del ámbito de las instalaciones de agua y saneamiento han presentado una enmienda al Proyecto de Real Decreto que modifica el Código Técnico de la Edificación (CTE) para regular la fontanería como actividad profesional. Una de las firmantes es la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (Conaif). Conversamos con su directora, Ana María García, para conocer más a fondo esta iniciativa que busca dignificar la profesión, combatir el intrusismo y garantizar instalaciones seguras y eficientes.

La principal problemática es que, a día de hoy, la actividad de fontanería no está claramente regulada como ocurre con otras instalaciones. En el propio CTE se indica, por ejemplo, que determinadas pruebas de estanquidad o de resistencia mecánica deben ser realizadas por empresas instaladoras, pero no se define qué requisitos deben cumplir esas empresas ni qué formación deben tener sus profesionales. Todo queda muy difuso.

Mientras que actividades como el gas, las instalaciones térmicas, el frío industrial, la electricidad o la protección contra incendios están reguladas desde hace años, la fontanería ha quedado fuera, y eso está generando cada vez más problemas. Por eso entendemos que es necesario incorporar esta regulación al CTE.

El principal riesgo es la falta de control sobre quién realiza las instalaciones y cómo se ejecutan. Aparecen humedades, ruidos, pérdidas y, lo más preocupante, problemas relacionados con la calidad del agua de consumo humano.

Es cierto que estos problemas no suelen aparecer en el momento de la entrega de la instalación, sino con el paso del tiempo. Pero cuando surgen pueden afectar incluso a la seguridad, por ejemplo, si una humedad termina interfiriendo en una instalación eléctrica. Además, existe el riesgo de que se utilicen materiales no adecuados para agua de consumo, con las consecuencias que eso puede tener para la salud.

Sí, aunque en obra nueva existe una mayor supervisión, la responsabilidad muchas veces recae en figuras que no pueden estar controlando permanentemente el trabajo de todos los oficios.

Sin duda. Para nosotros ha sido un éxito conseguir, en un plazo tan corto como el de la participación pública del CTE, el consenso de once organizaciones que representan a toda la cadena de valor: instaladores, fabricantes, almacenistas, empresas suministradoras de agua y también colegios profesionales de ingenieros y arquitectos.

Este respaldo demuestra que la regulación de la fontanería es una necesidad real para todo el sector, no una reivindicación puntual.

Lo que se plantea es regular a la empresa instaladora de fontanería, algo que hoy no existe a nivel nacional ni tampoco en la mayoría de las comunidades autónomas. Hablamos de requisitos básicos pero fundamentales: estar legalmente constituida y dada de alta en la Seguridad Social, disponer de personal cualificado, contar con los medios materiales adecuados para ejecutar las instalaciones y tener un seguro de responsabilidad civil.

Además, se reforzaría la trazabilidad de las instalaciones mediante certificados que podrían entregarse a las compañías suministradoras de agua.

“Es necesario certificar correctamente la capacitación real de los profesionales y garantizar la calidad de las instalaciones”.

Sería un paso muy importante. No tenemos cifras concretas de intrusismo, pero sabemos que la fontanería es uno de los ámbitos donde más se produce. Si se exige que las instalaciones sean realizadas por empresas habilitadas y que exista un certificado de instalación, se introduce un control que hoy no existe y que beneficia tanto al profesional como al usuario final.

Somos muy conscientes de esta realidad y, precisamente por eso, proponemos las mismas vías que ya existen en otros reglamentos: titulaciones universitarias relacionadas, formación profesional, certificados de profesionalidad y acreditación por experiencia, que permitiría reconocer los conocimientos adquiridos a lo largo de los años y no obligarles a empezar de cero.

También contemplamos la certificación a través de entidades de certificación de personas o la recuperación de la habilitación para quienes en su día estuvieron regulados, antes de que se eliminara esta exigencia.  Lo que pretendemos es que se certifique correctamente la capacitación real de los profesionales y se garantice la calidad de las instalaciones.

El proceso normativo es largo y complejo. Tras la fase de información pública, el texto debe pasar por distintos organismos, incluida la Abogacía del Estado y el Congreso de los Diputados. Por tanto, no estamos hablando de una aprobación inmediata.

Ese margen de tiempo permitirá articular los mecanismos de adaptación y regularización necesarios.

No creemos que suponga un incremento de precios. Lo que ocurrirá es que todos competirán en igualdad de condiciones.

Hoy el usuario final no sabe por qué un presupuesto es más barato que otro. Con una regulación clara, el cliente podrá identificar la profesionalidad y la calidad del servicio.

Más que encarecer las instalaciones, lo que ocurrirá es que desaparecerán del mercado aquellas ofertas que no cumplen los mínimos exigibles.

Una instalación bien ejecutada reduce averías, evita problemas futuros y garantiza la calidad del agua. En aquellas instalaciones realizadas por manos inexpertas o poco profesionales, los fallos puede ser que no se vean de inmediato, pero a largo plazo generarán costes importantes. Esta regulación aportaría calidad, seguridad y tranquilidad, y eso siempre es rentable.

“Al exigir instalaciones realizadas por empresas habilitadas y con un certificado de instalación, se introduce un control que hoy no existe y que beneficia tanto al profesional como al usuario final”.

Es difícil concretar plazos. El Código Técnico afecta a muchos sectores y hay numerosas alegaciones que deben estudiarse, además de informes de otros ministerios. Será un proceso largo, pero confiamos en que el consenso del sector ayude a que esta regulación avance.

Las organizaciones que colaboran en esta iniciativa de ámbito nacional son la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP/Grupo Sectorial de Tuberías Plásticas AseTUB), la Asociación Española del Agua Urbana (Daquas), la Asociación de Mayoristas de Saneamiento, Calefacción, Fontanería, Gas, Aire Acondicionado y Afines (Amascal), la Asociación Nacional de Distribución Profesional de Materiales para la Edificación y Rehabilitación (Andimac), la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe), la Asociación Nacional de Fabricantes de Grifería y Valvulería (Agrival), la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Energía y Fluidos (Conaif), el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (CGCOII), el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).