Tres años de CAE: consolidación, retos y planes de mejora para la eficiencia energética

El sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) cerró 2025 con cifras que confirman su consolidación y, al mismo tiempo, con grandes retos que marcarán su evolución en 2026. Así lo expuso Jacobo Llerena, subdirector general de Eficiencia Energética del MITECO en la apertura de la jornada, en la que hizo balance de los dos últimos ejercicios y esbozó las prioridades regulatorias, técnicas y operativas para el próximo año.

Según los datos presentados, el ahorro acumulado alcanza ya los 7,7 TWh, resultado de 4.624 solicitudes que engloban cerca de 18.000 actuaciones. Un crecimiento que, en palabras de Llerena, se ha visto impulsado por la aceleración administrativa asociada a las fichas estandarizadas y al desarrollo del sistema en su conjunto. La “foto global” de 2024 y 2025 confirma que el sector industrial sigue concentrando la mayor parte del ahorro, con alrededor de 4,6 TWh, frente a los 1,9 TWh procedentes del transporte, un ámbito que continúa ganando peso.

Desde el punto de vista territorial y de tipología de proyectos, el 53,6% de las actuaciones han sido impulsadas por sujetos delegados, frente al 46,4% promovido por sujetos obligados. De las actuaciones, un 57% corresponde a proyectos singulares y un 43% a fichas estandarizadas. Por comunidades autónomas destacan Castilla y León, Madrid y Cataluña, mientras que entre las fichas más utilizadas figuran las asociadas a transporte, residencial, industria y determinadas tipologías industriales.

Llerena adelantó que el Ministerio tiene intención de elaborar una guía metodológica que aporte mayor claridad en la estimación y verificación de ahorros.

Más allá de los datos, Llerena subrayó que la principal consecuencia de estos dos años de despliegue es que el sistema CAE “se ha consolidado” y ha ampliado su alcance más allá de la industria. Ese crecimiento, advirtió, obliga a reforzar uno de los pilares fundamentales del modelo: el rigor en la medición y verificación de los ahorros.

De cara a 2026, el mensaje fue claro: medir bien es una responsabilidad compartida. No solo de los verificadores, sino de todos los actores del sistema (reguladores, administraciones, sujetos delegados, sujetos obligados y participantes). “La defensa es cosa de todo el equipo”, aseveró empleando un término futbolístico. Para Llerena, la calidad del sistema depende de una cadena completa de responsabilidades.

Junto al rigor técnico, señaló como prioridades la mejora de los procedimientos, la automatización y la digitalización. Reconoció avances en agilidad, pero también un amplio margen de mejora en la gestión de datos, la interoperabilidad entre agentes y la reducción de tiempos de tramitación, elementos que son esenciales para dar confianza y seguridad jurídica al mercado.

En el plano regulatorio, adelantó que tienen la intención de introducir ajustes en la normativa para mejorar plazos, procedimientos y determinados aspectos del diseño de subastas, así como la elaboración de una guía metodológica que aporte mayor claridad en la estimación y verificación de ahorros.

Llerena también puso el foco en la inspección y la prevención del fraude, defendiendo la necesidad de establecer criterios claros y proporcionados, y reforzar la independencia del verificador, "figura clave para la credibilidad del sistema".

Finalmente, reconoció que el sector público es uno de los grandes retos pendientes. Aunque existen experiencias puntuales, su participación sigue siendo testimonial pese al elevado potencial de ahorro. El objetivo para 2026 pasa por “facilitar mecanismos que permitan a las administraciones beneficiarse de los CAE sin asumir roles que no les corresponden, siempre con el ciudadano como foco último de la eficiencia energética”.

Durante la jornada quedó patente que  la consolidación y crecimiento de los CAEs obliga a reforzar el rigor en la medición y verificación de los ahorros.

Tras esta exposición de intenciones, Elena González, presidenta de la asociación, presentó un decálogo de reivindicaciones del colectivo.

1. Establecer un tiempo máximo para liquidaciones y emisiones en silencio administrativo.

ASDAE propone establecer un límite de tiempo máximo para resolver trámites administrativos. Actualmente, la ausencia de fechas de vencimiento genera retrasos significativos que afectan negativamente a los actores del sistema. La organización sugiere fijar periodos de entre 30 y 40 días para aumentar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas institucional. Para lograrlo, como explicó su presidenta, plantean que el Ministerio implemente normativas claras que incluyan mecanismos de control y sanciones ante incumplimientos. Estas reformas buscan mejorar la trazabilidad de los procesos y fortalecer la confianza en la gestión pública.

2. Digitalizar procesos, mejorando la plataforma del Ministerio.

También proponen un plan estratégico para la transformación digital de la plataforma con el objetivo de resolver las deficiencias técnicas actuales. Desde la asociación señalan problemas críticos como las restricciones de carga de archivos que provocan demoras administrativas y errores frecuentes en el sistema. Para solucionar esto, proponen mejoras técnicas que permitan una mayor compatibilidad de formatos y una interfaz más intuitiva para optimizar la experiencia del usuario. En definitiva, establecer un sistema integral que facilite la gestión de trámites de principio a fin, desde la emisión hasta la liquidación. De esta forma, se elevaría su eficiencia operativa y proyectaría una imagen de modernidad orientada al servicio público.

3. Aclarar funciones entre ministerio, verificadores y gestores autonómicos.

Elena González también resaltó la necesidad de definir con claridad las responsabilidades entre el Ministerio, los verificadores y los gestores autonómicos para optimizar el Sistema CAE. Actualmente, comentó, el proceso sufre retrasos y conflictos operativos debido a que hay funciones que se repiten sin necesidad. Para solucionar esto, la asociación plantea una estructura oficial que establezca flujos de trabajo precisos y mecanismos de coordinación bien delimitados, lo que agilizaría el procesamiento de expedientes y se aprovecharían mejor los recursos disponibles.

4. Crear un comité de arbitraje para gestionar las discrepancias en el sistema CAE.

Otra de las propuestas pasa por la creación de un comité de arbitraje especializado para resolver los conflictos operativos dentro del sistema de ahorros energéticos. El objetivo, como explicó la presidenta de ASDAE, es establecer un protocolo estandarizado que reemplace la falta de criterios actuales por una mediación técnica e imparcial. Inspirado en modelos de mercados europeos, este mecanismo busca garantizar resoluciones rápidas en un plazo menor a diez días hábiles. Al implementar este sistema, se pretende reducir los retrasos administrativos y fortalecer la confianza entre los actores involucrados. En última instancia, la iniciativa busca fomentar la transparencia y evitar que las discrepancias técnicas terminen en procesos legales prolongados.

5. Aclarar el papel de los verificadores y reducir los conflictos de interés.

Elena González pidió también reformar el proceso de verificación para garantizar una mayor transparencia e integridad. Para ello, proponen la creación de una guía nacional unificada que establezca procedimientos claros y límites documentales precisos. Un punto crítico es la prevención de conflictos de interés, sugiriendo que las entidades no deben actuar simultáneamente como sujetos delegados y verificadores. Y, sobre todo, exigen una supervisión robusta, esencial para eliminar prácticas abusivas y asegurar la total independencia del sistema.

6. Establecer criterios y tiempos máximos para inspecciones.

Proponen estandarizar las inspecciones mediante la creación de criterios y tiempos máximos definidos. El objetivo principal es implementar ventanillas únicas y requisitos uniformes que se apliquen en todas las comunidades autónomas. Al establecer reglas técnicas claras, se busca eliminar la arbitrariedad y garantizar que la selección de expedientes sea objetiva.

7. Requerir solvencia técnica y financiera a todos los actores capacitados para emitir CAE.

Como explicó durante la reunión, los Sujetos Obligados actualmente operan bajo condiciones distintas a los Sujetos Delegados, lo que genera una competencia desleal y pone en riesgo la calidad de los expedientes. Para mitigar esto, sugieren una homogeneidad en la acreditación que garantice un nivel uniforme de profesionalidad y responsabilidad institucional que fortalezca la integridad del sistema aportando mayor transparencia y trazabilidad en cada proceso. Finalmente, también reclaman establecer un umbral mínimo de solvencia técnica y financiera que sea equitativo para todos los participantes del sector.

8. Revisar el umbral mínimo para que los sujetos obligados puedan solicitar CAE directamente.

ASDAE también propone una reforma normativa para elevar el umbral mínimo de energía requerido a las entidades que gestionan certificados de ahorro energético. El objetivo principal es restringir el acceso a actores con poca capacidad técnica, evitando así riesgos operativos y documentación deficiente en el sector. Para fortalecer la integridad del sistema, sugiere vincular este aumento de requisitos con acreditaciones técnicas y garantías financieras más estrictas. Con estas medidas, esperan mejorar la profesionalidad y credibilidad de todo el proceso de certificación energética.

9. Publicar aclaraciones legales sobre la Orden TED/815/2023 y RD 36/2023.

Elena González también abordó la necesidad urgente de emitir aclaraciones legales detalladas sobre las normativas TED/815/2023 y RD 36/2023. “La ambigüedad actual en estas reglas genera una gran incertidumbre entre los operadores respecto a los contratos y las notificaciones oficiales”. Esto conlleva un importante riesgo de que las empresas cometan errores involuntarios que les originen fuertes multas económicas. Por ello, se solicitan al Ministerio la publicación de guías prácticas que ofrezcan ejemplos claros para facilitar el cumplimiento de la ley.

10. Facilitar la emisión de CAE en la administración pública.

Finalmente abogó por que se facilite la emisión de CAE dentro de la administración pública. Actualmente, no son claros los procesos de gestión, lo que genera incertidumbre entre los actores involucrados y advirtió que sin un modelo operativo definido se pone en riesgo la validación de proyectos recientes y excluye injustamente a ciertos participantes. Como solución, Elena González propuso una colaboración estratégica para actualizar las normativas vigentes basándose en lecciones aprendidas. El objetivo final es crear guías prácticas y ejemplos reales que faciliten la integración de estos certificados en los contratos estatales.

La última parte del encuentro se centró en las aportaciones de los gestores autonómicos, cuya experiencia sobre el terreno es determinante para evaluar la evolución y los retos del sistema CAE. Representantes de Castilla y León, Cataluña, Murcia y Madrid, acompañados por Guillermo López Alonso del MITERD, expusieron su experiencia y necesidades específicas en la gestión del sistema CAE.

Los gestores destacaron la necesidad de automatizar la verificación de actuaciones repetibles, como la electrificación de flotas, y de liberar recursos para proyectos singulares de gran envergadura, que requieren un análisis técnico profundo. Además, resaltaron la importancia de la coordinación con verificadores y sujetos delegados para mantener la consistencia en criterios y estándares en todo el sistema.

En conjunto, los gestores autonómicos coincidieron en la urgencia de reforzar los equipos y la financiación, así como de consolidar herramientas digitales que permitan automatizar la verificación y estandarizar procedimientos. Castilla y León y Murcia subrayaron la necesidad de contar con recursos adicionales para mantener la calidad frente al aumento del volumen, mientras que Cataluña y Madrid pusieron el foco en la interoperabilidad y en la estandarización de las fichas, tanto singulares como estandarizadas.

En definitiva, todos coincidieron en que lo primero sería mejorar la digitalización y la automatización; segundo, fortalecer los recursos humanos y técnicos; y tercero, optimizar la trazabilidad y consistencia de los ahorros certificados, tanto en el ámbito residencial como industrial y de transporte.

Y en respuesta a estas solicitudes, Guillermo López, tomó nota de las tareas pendientes: modificar fichas y redactar otras nuevas, que alcancen a más sectores, facilitar los cálculos y ser más rigurosos con los instaladores que hacen el trabajo, incluyendo requisitos adicionales.