El Gobierno refuerza el marco legal del transporte por carretera tras el acuerdo con el CNTC
El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril un nuevo real decreto-ley con medidas de apoyo al sector del transporte que refuerza el mecanismo de revisión del precio del transporte en función del coste del combustible, introduce nuevas obligaciones de transparencia en la facturación y establece un régimen sancionador específico. La norma, fruto del diálogo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), se suma a las medidas ya adoptadas en marzo para mitigar el impacto del encarecimiento energético derivado de la crisis internacional.
Refuerzo legal del mecanismo de revisión del precio del transporte
El nuevo decreto aprobado por el Ejecutivo consolida uno de los elementos centrales de la regulación del transporte por carretera: la revisión del precio del transporte vinculada a la evolución del combustible. Según explicó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el objetivo es “asegurar que las variaciones en el precio del combustible se trasladen de forma efectiva al precio del transporte”.
En concreto, la norma refuerza el marco legal en tres aspectos clave. En primer lugar, “se consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del combustible”. En segundo lugar, se introduce la obligación de reflejar ese ajuste de forma expresa en la factura, con el objetivo de “garantizar la transparencia y facilitar la comprobación de su aplicación”. Finalmente, el texto incorpora “un régimen sancionador específico en casos de incumplimiento”, según el comunicado publicado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Al vincular de forma más estricta el coste del transporte a la evolución del gasóleo, el precio del carburante adquiere un papel aún más central dentro de la estructura económica del transporte por carretera. En la práctica, cualquier variación del combustible puede trasladarse con mayor rapidez a los precios logísticos, reforzando la sensibilidad del sector del transporte a las fluctuaciones del mercado energético.
Ajustes en la fórmula vinculada al precio del combustible
El sistema de revisión del precio del transporte se basa en una fórmula que tiene en cuenta la evolución del coste del carburante dentro de la estructura de costes del transporte. Las modificaciones acordadas con el sector buscan adaptar este mecanismo al contexto actual de volatilidad energética.
Entre los cambios previstos figura la actualización del peso del combustible en el cálculo. Según la información trasladada en las reuniones con el sector, “el peso del combustible se incrementaría del 30 por ciento actual al 40 por ciento”, lo que refuerza el impacto de las variaciones del gasóleo en el precio final del transporte.
Asimismo, se establece que los precios de referencia del gasóleo utilizados para el cálculo deberán tomarse sin incluir impuestos, es decir, sin IEH ni IVA, y que para la revisión no podrán considerarse las bonificaciones extraordinarias temporales contempladas en el Real Decreto-ley 7/2026.
Desglose obligatorio del ajuste en la factura
Otro de los cambios relevantes del nuevo marco es la obligación de reflejar de manera explícita en la factura el ajuste derivado de la variación del precio del combustible.
La nota difundida por la CNTC el 13 de abril precisa que el decreto establece la “obligación de desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante”, eliminándose la posibilidad de recoger en los contratos otras fórmulas alternativas de reflejar ese ajuste.
Además, el texto prevé la introducción de un tipo sancionador específico para los casos de incumplimiento de esta obligación, con especial agravación en situaciones de reincidencia.
Un paquete más amplio de medidas para el transporte
El nuevo real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros forma parte de un paquete más amplio de medidas destinado a reforzar el sector del transporte en un contexto internacional complejo.
Según el Ministerio, el objetivo es “reforzar la protección del sector del transporte ante un contexto internacional complejo, garantizando su viabilidad y asegurando el correcto funcionamiento de la cadena logística”.
Además de las medidas dirigidas al transporte por carretera, el decreto incluye actuaciones específicas para el transporte ferroviario y marítimo de mercancías. En el caso del ferrocarril, se establece una línea de ayudas directas para 2026 destinada a compensar el sobrecoste del combustible en locomotoras diésel, con una cuantía de 15.000 euros por locomotora activa y una dotación total de 3,15 millones de euros.
Por su parte, el ámbito marítimo amplía el alcance de las ayudas existentes para incluir determinados servicios de carga entre puertos peninsulares y territorios extrapeninsulares, lo que supone un incremento adicional de siete millones de euros sobre los fondos ya previstos.
