El Gobierno destina 660.000 euros a la compra de vacunas contra la dermatosis nodular contagiosa
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de las actuaciones sanitarias necesarias para la adquisición de vacunas frente al virus de la dermatosis nodular contagiosa por un importe de 660.000 euros, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La primera detección del virus de la dermatosis nodular contagiosa en España se confirmó el pasado 3 de octubre de 2025, en una explotación de recría de novillas en Castelló d’Empúries (Girona). Hasta el momento se han detectado 18 focos, todos ellos en la provincia de Girona.
Dentro del marco de la política de control de la enfermedad, la vacunación de emergencia resulta una práctica esencial para frenar su difusión, en particular en las primeras semanas tras su primera detección y tiene como objetivo garantizar las dosis necesarias de vacuna para frenar el avance de la enfermedad. Tras la detección del primer caso en España se pusieron en marcha todas las medidas consignadas en el plan nacional, siguiendo la normativa comunitaria.
“La aparición de dermatosis en una región o país tiene una gran repercusión sanitaria y económica, ya que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria incluida dentro de la lista de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y de la Unión Europea. La presencia de esta enfermedad, además de producir una bajada de la producción, especialmente en las vacas de leche, conlleva que terceros países puedan prohibir la importación de animales vivos, material de reproducción, carne y otros productos. Además, se restringen los movimientos domésticos y en el ámbito de la Unión Europea, así como la celebración de ferias ganaderas y otras concentraciones de animales en las zonas afectadas”, señala el MAPA.
Desde las zonas de restricción, aquellas situadas en un área de un radio de 50 kilómetros desde la explotación en la que se ha detectado la dermatitis nodular contagiosa, no se puede ni vender animales vivos a otras zonas del territorio nacional ni al resto de la Unión Europea. Cuando se detecta un caso en una explotación, el protocolo obliga al vaciado de la misma.
