El MAPA destaca la importancia de invertir en aguas no convencionales para el regadío
La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, destacó la apuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) por el uso de las aguas no convencionales, con una inversión de más de 220,10 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como clave para avanzar en la sostenibilidad ambiental de los regadíos y garantizar el abastecimiento.
La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, durante la inauguración del XIV Congreso Internacional de Desalación y Reutilización de Agua.
En la inauguración del Congreso Internacional que organiza la Asociación Española de Desalación y Reutilización del agua (AEDyR) que se celebra en Tenerife, la secretaria de Estado explicó que en la actualidad existen 19 proyectos que utilizan aguas no convencionales, tanto regeneradas como desaladas.
Estas actuaciones, según detalló Begoña García, se desarrollan en las comunidades autónomas de Islas Canarias, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. “En estas zonas de España el agua es escasa, y por ello, se hace imprescindible una mejora urgente de la gestión de los recursos hídricos”, añadió.
Concretamente, de las 19 actuaciones antes mencionadas, 14 utilizan aguas desaladas, con una inversión de 173,17 millones de euros. Las otras cinco se centran en las aguas regeneradas, con un importe de 46,93 millones de euros. Estas actuaciones van a beneficiar aproximadamente a unos 25.200 regantes que cultivan 63.320 hectáreas.
Asimismo, la secretaria de Estado recordó que fomentar el uso de las aguas no convencionales en la agricultura resulta de especial interés para España, ya que contribuye a varias de las políticas estratégicas del Gobierno, como son la economía circular, la política agroalimentaria, el desarrollo rural sostenible, el apoyo a la transición ecológica y el cambio climático.
García señaló que la estrategia hídrica de la Unión Europea reconoce la importancia económica y alimentaria del sector, y promueve así su uso eficiente, sostenible y adaptado al contexto climático.
