Albert Esteves, editor de Interempresas

En un artículo anterior expuse mis inquietudes sobre algunos de los aspectos básicos de la reciente reforma laboral, fundamentalmente la perpetuación en el seno de las empresas de trabajadores con distinto grado de protección (los contratados antes y después de la reforma) y entre unas empresas y otras (las creadas a partir de ahora, con toda la plantilla sujeta a la nueva normativa, y las demás, con la mayor parte de trabajadores contratados con anterioridad).

Pero hay una tercera dualidad que me parece todavía más preocupante. Y es el tratamiento extraordinariamente ventajoso que van a tener las empresas en pérdidas o con disminución prolongada de ingresos para acometer sus ajustes, frente a aquellas en que no concurran dichos supuestos pero que pueden tener igualmente necesidad de hacer ajustes en sus plantillas.

Resulta sumamente arbitrario que un mero resultado contable, sujeto por cierto a interpretaciones muy diversas, pueda determinar el coste global de una reestructuración empresarial. No tiene ningún sentido que el solo hecho de que la cuenta de explotación de una empresa refleje la pérdida de un euro durante los últimos trimestres, permita realizar despidos a un coste mínimo y si esa misma cuenta de explotación ofrece un mínimo beneficio pueda llegar a costarle a la empresa dos o tres veces más. No es lógico dar ventajas a unas empresas frente a otras atendiendo exclusivamente a la situación coyuntural de sus cuentas de explotación. No es lógico y rompe con el principio de libre competencia.

Por otro lado, esta reforma parece pensada para resolver los problemas de la gran empresa pero, como casi siempre, nadie ha pensado en la casuística concreta de la pyme y, especialmente, de la microempresa. Es sabido que las empresas de pequeña y mediana dimensión no están obligadas a someterse a auditorías externas. Muchas de ellas llevan su contabilidad a través de gestorías y, algunas, ni siquiera llevan contabilidad. Esta interpretación de las causas de despido objetivo por razones económicas, basada únicamente en los ingresos o en los beneficios, puede llevar a que algunos empresarios se planteen como objetivo conseguir pérdidas contables con el único propósito de poder despedir más barato. Y eso no es nada difícil.

El resultado de todo ello es, de nuevo, la previsible judicialización de las relaciones laborales y la indefinición e inseguridad que eso va a crear tanto entre los trabajadores como entre los empresarios. No es, en este aspecto, una buena reforma.

A mi juicio hubiera sido más claro, menos arbitrario, más eficaz y más justo eliminar la distinción entre despido procedente e improcedente, siempre sujeta a interpretaciones subjetivas, y fijar una indemnización única para todos los despidos (la de 33 días por año trabajado y hasta 24 mensualidades me parece razonable), válida en todos los supuestos y para todos los trabajadores, tanto para los nuevos contratos como para los antiguos. Y mantener la autorización administrativa en los expedientes de regulación colectiva, susceptibles de indemnización más baja, para evitar abusos.

Esta decisión hubiera eliminado toda discriminación en términos de protección frente al despido entre unos trabajadores y otros dentro de la empresa, hubiera evitado las distintas condiciones de competencia entre las empresas de nueva creación frente a las antiguas y nos hubiéramos ahorrado todo este dislate de los ingresos menguantes y de las cuentas de explotación negativas. Y además, muy pocos casos habrían llegado a los juzgados. Salvo para los abogados laboralistas, hubiera sido mucho mejor para todos.