Aelma reclama que la aplicación la Directiva Europea de contratación pública favorezca la competencia
“El sector de la limpieza tenía depositadas muchas esperanzas en la nueva normativa europea de contratación pública, pero tras finalizar el plazo para su trasposición el pasado 18 de abril, nos preocupa cómo va a aplicarse en España”. Así se ha manifestado Jesús Martín, presidente de la Asociación de Empresarios de Limpieza de Madrid (Aelma), durante una jornada en la que se ha analizado el alcance de tres Directivas Europeas (2014/24/UE; 2014/23/UE; 2014/25/UE) que regulan los contratos con las administraciones.
El presidente de la Patronal ha denunciado que en los últimos años la oferta pública se ha estructurado sobre lotes agrupados y contratos integrales que impedían que las pymes del sector pudieran acceder a su adjudicación. “Confiábamos en que la nueva normativa europea atajara este problema y garantizara una distribución más equitativa de los concursos”, ha afirmado Martín.
La jornada ha contado con la participación de Elena Hernáez, presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que ha asegurado que “uno de los objetivos de las tres Directivas es favorecer la inclusión de las pymes en el sistema de contratación pública y, aunque no se elimina la posibilidad de licitar grandes lotes, ahora será necesario justificar los motivos para realizarlo”.
Junto a Hernáez, Lourdes Montilla, vocal del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, ha incidido en que “nos encontramos en un momento complejo en el ámbito de los contratos públicos, no sólo porque no se haya traspuesto la directiva, sino también porque acabamos de salir de una crisis que ha condicionado mucho los requisitos de contratación de servicios, especialmente de aquellos que no requieren un alto grado de especialización”.
En este contexto, Aelma insta a las distintas administraciones a que apliquen la normativa europea de forma que se garantice una competencia efectiva y sin discriminaciones para la obtención de contratos públicos que, en la actualidad, suponen más de un 15% del Producto Interior Bruto.
