Firmado un Código de Buenas Prácticas en Cataluña para la contratación pública de los servicios de limpieza locales
Las patronales de limpieza Aspel (Asociación Profesional de Empresas de Limpieza) y Ascen (Asociación Catalana de Empresas de Limpieza), los sindicatos UGT y CCOO y las entidades locales agrupadas en la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) han firmado un Código de Buenas Prácticas en Cataluña para la contratación pública de los servicios de limpieza locales.
Las entidades firmantes consideran que el Código de Buenas Prácticas es un buen instrumento para alcanzar un mayor nivel de calidad en la prestación del servicio de limpieza, para potenciar la dignidad profesional de sus trabajadores y para consolidar un modelo de contratación pública local orientado al fomento y la estabilidad del empleo.
El acuerdo pretende proporcionar tanto a las administraciones locales, como a los prestadores del servicio, licitadores y empresas adjudicatarias de contratos públicos un catálogo ordenado y sistematizado de principios, ejemplos de actuación, orientaciones y pautas a seguir para conseguir una contratación pública sostenible y responsable.
Entre sus principales objetivos se encuentra garantizar el uso eficiente de los fondos públicos, logrando los mejores resultados para la administración local y por las empresas con la menor inversión en tiempo y gasto.
Según ha explicado el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, es el primer acuerdo de estas características que se firma en España, por lo que confía en que el resto de comunidades autónomas sigan el ejemplo de Cataluña.
Asimismo, Díez de los Ríos ha insistido en que la firma de este Código de Buenas Prácticas es una más de las acciones emprendidas desde el pasado mes de enero con la publicación del estudio ‘La dictadura del precio’, en el que Aspel mostraba su disconformidad en contra de los concursos de contratación que se publican con un precio de licitación por debajo del coste laboral.
En dicho informe, Aspel exigía que se modifique la actual legislación en materia de contratación pública, de manera que se fije previamente un precio de salida mínimo que soporte los costes de personal, sobrepasado el cual, las entidades concursantes puedan competir. Asimismo, pedía que se endurezca la normativa para excluir directamente de los concursos públicos a aquellas empresas cuyos precios no soporten este coste de personal así como los demás costes necesarios para la prestación del servicio, como los materiales consumibles.
