Aelpo interpone un recurso contra la Gerencia de Gestión Integrada de Ourense, Verín y Valdeorras por vulnerar el libre mercado

La Asociación Provincial de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales de Pontevedra (AELPO) ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación contra la Gerencia de Gestión Integrada de Ourense, Verín y Valdeorras, dependiente del Servicio Gallego de Salud, para la adjudicación de los servicios de limpieza del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), por vulnerar el principio de libre competencia de mercado establecido en las normativas comunitarias. AELPO, que asocia a 33 empresas que agrupan a más de 5.000 trabajadores en la provincia de Pontevedra, ha interpuesto este recurso para defender los intereses de empresas y trabajadores que se sienten discriminados por las condiciones impuestas en las condiciones del concurso.

“El elevado importe del contrato (150.000.000 euros) es una primera barrera de entrada que discrimina injustamente a mas el 99% de las empresas del sector a nivel estatal, que son en su mayoría pymes”, denuncia el presidente de la entidad, Miguel Vila. El concurso es, a su vez, restrictivo puesto que conduce a la adjudicación de un único operador para todos los servicios y suministros, restringiendo, obstaculizando y falseando la competencia. Estas condiciones hacen que sólo puedan acudir a la licitación alguna de las grandes empresas con grandes plantillas, en perjuicio de las pymes. Por ello, AELPO exige la anulación del Pliego de Condiciones y que se sustituya por otro que salvaguarde la libre competencia. Así pues, “deberían regularse y fomentarse los contratos en lotes que facilitan, evidentemente, el acceso de las Pymes, tanto en términos cuantitativos (el tamaño de los lotes puede adecuarse mejor a la capacidad productiva de la Pyme) como cualitativos (puede haber una correspondencia más estrecha entre el contenido de los lotes y el sector de especialización de la Pyme). Por otra parte, la subdivisión de los contratos en lotes intensifica la competencia, lo que redunda en beneficio de los poderes adjudicadores”, concluye el experto.

La duración del contrato, se establece en 10 años y un mes, lo que incumple el artículo 303.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que fija como duración máxima de los contratos de servicios a cuatro años.

Según la patronal, el modelo de concurso publicado imposibilita el acceso de las pymes al mismo, perjudicando la libre competencia de las empresas del sector y eliminando la igualdad de oportunidades frente a este tipo de concursos públicos. La patronal reclama así que se facilite la participación de la pyme en la contratación pública, ya que en España el porcentaje de las mismas es muy superior al de las grandes multinacionales y suponen el grueso del motor económico del país.

Dentro del mismo concurso de servicios y suministros, se incluye la financiación de 14.000.000 de euros para obras que nada tienen que ver con esta licitación, que no pueden considerarse una prestación de servicios ni están vinculadas con ellos y por tanto no pueden incluirse en un contrato de servicios y suministros, incumpliendo la legislación vigente.