Las CCAA deciden los programas a poner en marcha

Crecen los recursos para el desarrollo rural

OSSET PÉREZ-OLAGUE, SONSOLES09/01/2000

9 de enero de 2000

La aprobación por el Consejo Europeo del capítulo agrícola de la Agenda 2000 supuso, en el apartado de Desarrollo Rural, y más concretamente en el de medidas de acompañamiento a la Política Agraria Común, la obtención de un tercio más de recursos económicos respecto al período anterior (1992-1999). Y a las medidas ya contempladas de repoblación en superficies agrarias, programas agroambientales y cese anticipado en la actividad agraria, hay que sumar ahora, para todo el ejercicio del próximo año 2000, la indemnización compensatoria a zonas desfavorecidas o con limitaciones específicas.
La asignación de los recursos económicos a las Comunidades Autónomas para todas las medidas mencionadas, que asciende a 303 millones de euros por año (50.400 millones de pesetas), se ha realizado en base a criterios objetivos entre los que se contempla el grado de ejecución y cumplimiento de estos programas en el período 1992-99.
A la hora de determinar qué programas son los que se ponen en marcha y con qué intensidad e incluso qué cantidades se destinan a cada una de las cuatro áreas citadas -repoblación de superficies agrarias, programas medioambientales, cese anticipado de la actividad agraria e indemnizaciones compensatorias a zonas desfavorecidas-, son los responsables de las Comunidades Autónomas los que tienen que decidir y priorizar. Es decir que las Comunidades Autónomas son las que ejercen la responsabilidad de la aplicación de su política agraria, de la que son competentes, en tanto la Administración Central, en cuanto a la ordenación de la economía, lo es respecto a la fijación de los marcos generales de actuación y coordinación globales.
El programa de reforestación en superficies agrarias a escala nacional, por ejemplo, será el sumatorio de lo que determinen para este sector las Comunidades Autónomas. Igualmente, el agroambiental del girasol será el adicional de las decisiones de los Gobiernos regionales.
Hay que señalar que en el aspecto de la financiación, en Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acompañará a las Comunidades Autónomas, complementando y completando en igual medida que éstas, la financiación que aporta la Unión Europea.
Por otra parte, determinadas actividades practicadas hasta ahora han generado una serie de compromisos económicos que siguen vigentes en este nuevo período (la forestación los genera durante 20 años, los agroambientales durante cinco y el cese anticipado hasta la fecha de jubilación...), pero se puede asegurar con rotundidad que todas las Comunidades Autónomas, en la asignación de recursos efectuada, disponen de cantidad suficiente para hacer frente a esos compromisos y para mantener una actividad al menos con la misma intensidad que en el período de programación que concluye con el presente 1999.
Puede suceder que alguna Comunidad Autónoma que inicia ahora actividades en estos campos no tenga la suficiente inercia social, técnica y administrativa para invertir las cantidades que se le han asignado en función de sus características y circunstancias, y por este motivo está prevista una nueva programación en junio del año 2000, que será, de otra parte, necesaria y conveniente realizar anualmente dado que en el nuevo régimen comunitario los recursos no gastados en el año se pierden e incluso, de no llegar al 75% de ejecución sobre lo programado, el Estado miembro correspondiente puede tener sanciones. A su vez, estos programas tendrán una consideración de 'vasos comunicantes', en el sentido de que una Comunidad Autónoma pueda ejecutar aquello que no han podido hacer otras.

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