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El sector de la patata asume el reto de una campaña llena de incógnitas

Alejandro de Vega21/05/2020

Los posibles efectos del coronavirus en el mercado durante el segundo semestre del año y la prohibición de uso del CIPC en la fase de conservación, marcan una nueva campaña de patata repleta de interrogantes que pueden poner en riesgo la rentabilidad de un cultivo que requiere de elevadas inversiones por parte de agricultores, almacenistas y cooperativas.

Los agricultores de Castilla y León, la región con mayor superficie y volumen de patata producida en España, encaran una nueva campaña con más dudas que certezas. Después de dos años en los que el precio ha acompañado y los retornos han sido positivos para el conjunto del sector, en 2020 la pandemia que lo está cambiando prácticamente todo amenaza a un cultivo cuyos costes de producción rondan los 4.500 euros por hectárea en esta comunidad autónoma, sin tener en cuenta el capítulo del almacenamiento que puede prolongarse en algunos casos entre octubre y junio del año siguiente. Esto representa un nivel de inversión en regadío superior al de la remolacha azucarera y que supone más del doble o el triple -según las zonas- si lo comparamos con el necesario en cultivos como el maíz o el trigo.

Este año, la campaña está finalizando de mala manera tras el cierre del canal Horeca y de determinados servicios de restauración colectiva como son los comedores escolares, lo que estaría forzando ventas de patata de conservación muy por debajo de los costes de producción para evitar tener que destruir el producto, en el entorno de los 0,05 euros por kilo según las fuentes consultadas. Una situación difícil de entender cuando las ventas en la gran distribución han aumentado tras la declaración del Estado de Alarma, "pero de patata lavada con origen Francia", según confirma Julio Martín, gerente de la cooperativa Prodeleco de Riego de la Vega (León) y especializada en la patata de conservación, de la variedad Agria principalmente. Otras fuentes estiman que entre Galicia y Castilla y León pueden quedar unas 18.000 toneladas de esta patata todavía por vender.

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En Castilla y León se espera que la superficie de patata ocupe este año cerca de 18.000 hectáreas (-7% vs. 2019).

Siembras escalonadas y ligero descenso de la superficie

Del mismo modo, en el enlace entre campañas, los productores de patata de Castilla y León se han visto en muchos casos con las manos atadas al preparar con cierta antelación la campaña debido a unas favorables condiciones climatológicas en el mes de febrero. Una circunstancia que fue aprovechada para hacer el correspondiente acopio de semilla con el fin de implantar el cultivo en los primeros días de marzo. Sin embargo, la llegada del COVID-19 a España y las lluvias impidieron, en muchos casos, seguir con el plan previsto. Así, ante la imposibilidad de deshacerse de la semilla, los agricultores han sembrado la patata de forma muy heterogénea en el tiempo. No en vano se espera que las últimas siembras se rematen en las zonas tardías de Segovia a finales de mayo, tres meses después de que comenzara la campaña para completar la superficie de un cultivo que en Castilla y León ocupará este año cerca de 18.000 hectáreas (-7% vs. 2019), a la espera de los datos finales que aportarán las declaraciones PAC una vez concluya el plazo de presentación, a mediados de junio.

No obstante, este escalonamiento podría beneficiar en el momento del arranque, tal y como afirma José Ramón Aguado, gerente de la empresa Patatas Valladolid con sede en la localidad de Tordesillas. En su opinión, la diferencia de fechas a la hora de completarse el ciclo del cultivo podría impedir el temido "atasco" en la cosecha. Una circunstancia que normalmente provoca un exceso de oferta puntual pero suficiente para hundir los precios en origen y marcar la tendencia hasta el final de campaña. Aguado cree asimismo que este año los agricultores y los almacenistas "nos jugamos mucho". En el caso de estas empresas, la firma de contratos a los agricultores vuelve a ser una herramienta de alto riesgo debido a que no tienen continuidad en los embolsadores, el siguiente eslabón dentro de la cadena de valor de la patata.

Antes del confinamiento, las patatas cotizaban a precios en un rango entre los 0,23 y 0,27 euros/kg en Valladolid y Segovia. En estos momentos, la incertidumbre es máxima y la clave va a residir en cómo finalicen las campañas de patata temprana en las zonas de Sevilla, Málaga y posteriormente en Albacete. La superficie ha subido ligeramente en estas zonas (+5% de media) y se espera una cosecha abundante en Portugal, aunque todo va a depender de la reapertura de la hostelería, principal destino de la patata producida en Castilla y León. Por el momento, el producto se paga en origen a 0,45-0,50 euros/kg en Andalucía y Cartagena en lo que respecta a las variedades con calidad de lavado, mientras que la Agria nueva se movería en estas zonas en el entorno de los 0,38-0,40, valores que entran dentro de lo normal en estas fechas.

La industria no asumirá esta campaña el sobrecoste que supone la prohibición del CIPC

El otro factor que tiene en vilo al sector de la patata, en este caso al dedicado a la conservación que se extiende por buena parte de la zona norte de España, es la prohibición a partir del próximo mes de octubre de la materia activa clorprofam (CIPC). Este herbicida empleado desde hace años en las cámaras de conservación para impedir la brotación de los tubérculos, tendrá que ser sustituido por otros productos ya en esta misma campaña. Las alternativas que se manejan son las basadas en el aceite de menta y el etileno, dos opciones que según los profesionales consultados "no ofrecen la misma eficacia" que el CIPC y además resultan "más caros".

Este sobrecoste, necesario para poder ofrecer patata desde el mes de octubre en adelante a las industrias de transformación para la elaboración de snacks, patatas fritas o tortillas congeladas, tendrá que ser asumido este año por la mayoría de las empresas y cooperativas que se dedican a la conservación de la materia prima. El gerente de Prodeleco estima que este coste añadido por la imposibilidad de emplear el CIPC "supondrá entre 4 y 5 euros por tonelada" de patata almacenada. En este primer año "de transición" las industrias habrían manejado "a su favor" la situación según Martín, pero entiende que de cara a las próximas campañas este sobrecoste "tendrá que ser compartido o la situación se volverá insostenible", avisa.

Pero la mayor preocupación para estas empresas es saber si los productos alternativos serán eficaces hasta el final de la campaña, en el mes de mayo o junio, ya que de momento tan solo se ha constatado su efectividad en ensayos realizados hasta marzo. Un factor que trae de cabeza a este sector y no solo en España sino también en otros países europeos como es el caso de Francia, donde la patata de conservación tiene un volumen tan importante que es capaz de inundar mercados como el español, con diferencia el primer importador europeo de patata francesa. Los cambios que provocará la retirada del CIPC son también una cuestión capital en el país vecino, donde se están preparando para este nuevo reto dentro del sector de la patata.