Unef y AEE valoran positivamente el anteproyecto del Ministerio de Transición Ecológica

Tras la conformidad del Consejo de Ministros, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) inicia los trámites del anteproyecto de ley que establece las nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025. Con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto plantea además que la tasa de retribución que tienen reconocida en la actualidad no pueda modificarse hasta 2031 en el caso de las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, que ha sido objeto de una significativa litigiosidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De esta forma se da respuesta a una de las principales peticiones del sector de las renovables en los últimos años, ya que "aportan estabilidad" "seguridad juridica" y "atraen inversión", comentan desde diferentes organizaciones empresariales como la Unión Española Fotovoltaica (Unef) o la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

El sector fotovoltaico representado por Unef, considera un paso vital para la industria fotovoltaica la fijación estable de la retribución financiera a la producción de energía solar fotovoltaica.

El anteproyecto determina que la tasa de retribución financiera entre 2020-2025 del transporte, la distribución y la producción de energía eléctrica con retribución adicional en los territorios no peninsulares (TNP) será del 5,58%. En el caso de las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos, la rentabilidad reconocida será del 7,09%.

En el actual periodo regulatorio, las tasas son del 6,503% en el caso de transporte, distribución y producción en los TNP; y del 7,503% para las instalaciones renovables, cogeneración y residuos, salvo las instalaciones anteriores al Real Decreto-ley 9/2013, que tienen una tasa de retribución del 7,389%.

La propuesta del anteproyecto, por tanto, plantea un ahorro para el consumidor de electricidad, dado que estas actividades se financian a través de los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz

El Real Decreto 9/2013, que supuso la modificación del régimen jurídico y económico para las instalaciones de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, ha sido objeto de una importante litigiosidad tanto a nivel interno como a nivel internacional.

Con el objeto de fijar un marco retributivo estable a las instalaciones afectadas por el mencionado decreto y lanzar una señal positiva a los inversores para evitar el

planteamiento de nuevos procedimientos o, en su caso, poner fin a los ya existentes, el anteproyecto garantiza a sus titulares que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio, el actual, no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, de manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020.

Las indemnizaciones o compensaciones que deban ser abonadas a consecuencia de resolución firme dictada en cualquier instancia, judicial o arbitral, se detraerán del importe correspondiente a la diferencia entre la retribución que proceda abonar de las tasas de retribución congeladas hasta 2031 y la que hubieran recibido en el régimen ordinario. No obstante, los titulares podrán renunciar a este marco retributivo y acogerse al ordinario, sujeto a modificación cada seis años.

Una vez concluyan los trámites del anteproyecto, el texto volvería al Consejo de Ministros para su aprobación y, en su caso, remisión a las Cortes como proyecto de ley.

“El sector fotovoltaico representado por Unef, considera un paso vital para la industria fotovoltaica la fijación estable de la retribución financiera a la producción de energía solar fotovoltaica para recuperar la imagen de país estable que protege la seguridad jurídica de un mercado que necesita atraer 30.000 millones de euros de inversión para financiar la transición energética”, comenta Jorge Barredo, presidente de Unef. “La fijación de la retribución financiera en un 7,09% se acerca a las demandas realizadas por el sector y con esta medida, esperamos que se ponga fin al marco cambiante y a la incertidumbre jurídica institucionalizada y se defina una retribución sin alteraciones durante la vida regulatoria de las plantas fotovoltaicas”, añade Barredo.

Para alcanzar los objetivos de nueva potencia renovable en los próximos años, es importante un esfuerzo inversor para el que es necesario una planificación a medio y largo plazo y una estabilidad regulatoria que ayude a financiar los futuros proyectos, señalan desde la AEE.

De forma similar valora la Asociación Empresarial Eólica este anteproyecto. AEE considera que la metodología basada en el WACC, seleccionada por el Ministerio para la Transición Ecológica según indicaciones del informe solicitado a la CNMC, es la adecuada y la más común en los países de nuestro entorno, así como validada por los principales agentes financieros.

Esta medida recupera la seguridad jurídica, dotando de estabilidad a la rentabilidad razonable, y generando confianza para los inversores y el propio sector renovable en España. Para alcanzar los objetivos de nueva potencia renovable en los próximos años, es importante un esfuerzo inversor para el que es necesario una planificación a medio y largo plazo y, por supuesto, una estabilidad regulatoria que ayude a financiar los futuros proyectos.

La transición energética es una enorme oportunidad para España. Contamos con los recursos renovables necesarios, los conocimientos tecnológicos, los expertos, las empresas y los centros de investigación para llevarla a cabo con éxito. El sector considera que las perspectivas de futuro son positivas y es preciso una visión ambiciosa de la aportación de las energías renovables. Por ello, este anteproyecto viene a sentar las bases para garantizar las inversiones necesarias.