Voluntad política, imprescindible para que España vuelva a ser líder en el sector fotovoltaico
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha participado en un informe publicado en marzo por SolarPower Europe sobre el marco para la inversión fotovoltaica en España. La fotografía que retrae el documento es de un país que, a pesar de su inmenso potencial, debido a la abundancia de sol, tiene un marco normativo y retributivo lejos de ser el más favorable para el desarrollo de esta tecnología.
El mercado fotovoltaico español
Después del rápido crecimiento que vivió en 2008, con la instalación de 3.3GW, en los últimos años el sector se ha ralentizado, tanto que se instalaron 29 MW (2014), 49 MW (2015) y 55 MW (2016), potencia que se reparte entre instalaciones de autoconsumo e instalaciones aisladas, sobre todo para uso agrícola. Como sostiene SolarPower Europe, España tendría que impulsar de manera decidida el desarrollo de esta fuente de energía limpia, porque es una alternativa viable y segura a los combustibles fósiles, si se desarrolla bajo un marco adecuado.
Las perspectivas de crecimiento del sector en España están relacionadas con la celebración de las subastas de energía renovable anunciadas por el Gobierno, que representan una importante oportunidad para la reactivación del mismo, si la licitación cuenta con el diseño adecuado. A este respecto, el sector fotovoltaico español ha reiterado la importancia de que este mecanismo se base en el precio ofertado y en la energía producida, para que sea realmente eficaz y competitivo.
En el medio plazo, para poder crecer de manera sostenible, el mercado fotovoltaico español necesita políticas más sólidas, un marco de regulación del autoconsumo mejorado y unos procedimientos administrativos más simplificados.
Un marco regulatorio mejorable
En su informe, SolarPower Europe remarca que los cambios que ha sufrido el marco regulatorio español en los últimos años, con la introducción de medidas retroactivas, han creado una situación de incertidumbre e inestabilidad cuyo impacto es particularmente negativo para los inversores. En este sentido, el hecho de que haya un número considerable de demandas internacionales contra la actuación del Gobierno Español por los recortes a las primas a las instalaciones de energías renovables refuerza la imagen de inestabilidad.
Por su parte, el sector renovable ha identificado una serie de medidas que podrían ayudar a recuperar la confianza de los inversores, entre las cuales destacan la definición de una hoja de ruta nacional de la energía que tenga un horizonte a largo plazo, en la cual enmarcar objetivos y compromisos a corto y medio plazo; la creación de un diálogo constante entre las instituciones nacionales y el sector fotovoltaico y renovable en general; la comunicación clara y transparente de las ayudas y programas de apoyo disponibles para la fotovoltaica; y la adopción de esquemas y programas que garanticen la seguridad jurídica a largo plazo, para que se den las señales adecuadas a los inversores y al sector.
Apoyo económico de crecimiento del mercado
En su informe, SolarPower Europe analiza también la situación del mercado con respecto a la presencia de mecanismos de apoyo económico al desarrollo de la fotovoltaica. En ese sentido, se pone de manifiesto que en el sector de autoconsumo solamente las inversiones en pequeños proyectos industriales presentan tasas de retorno razonables. Actualmente, se aplican impuestos tanto a la energía producida que se vierte a la red (el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, introducido por la Ley 15/2012), como a la energía que se autoconsume (introducido con la Ley 24/2013 y el Real Decreto 900/2015). Como afirma SolarPower Europe, al eliminar estos cargos, todos los tipos de plantas fotovoltaicas serían competitivas con ayudas económicas limitadas.
Para que España pueda volver a ser líder en el sector fotovoltaico, es imprescindible que el Ejecutivo demuestre la voluntad política para definir un marco normativo más favorable a las energías renovables y al autoconsumo, que esté en línea con el borrador de la Directiva de Energías Renovables de la Comisión Europea y en el que se eliminen las barreras administrativas y económicas (como el popular ‘impuesto al sol’) y se introduzca una simplificación de las tramitaciones administrativas.
