Un caos negligente

Empezamos el mes de marzo en plena escalada de los precios de los combustibles derivados del petróleo, situándose en muchas provincias del territorio nacional por encima de los 2 euros por litro. Con el objetivo de aliviar esta situación, el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania incorporó, entre otras medidas, una bonificación de 0,20 euros por litro sobre el precio de venta al público de determinados combustibles y aditivos para aquellos suministros realizados entre el 1 de abril y el 30 de junio.

En la práctica, la aplicación de esta norma ha ocasionado una batalla constante, con multitud de dificultades e incertidumbres, muchas de ellas aun sin resolver. Por un lado, la aplicación de la bonificación de 0,20 euros por litro sobre el PVP ha provocado un estrangulamiento financiero a los “colaboradores” (estaciones de servicio y gasocentros) que durante las primeras semanas de abril han tenido que adelantar a sus clientes el descuento sin conocer y tener la certeza de cómo ni cuándo se iba a recibir el anticipo prometido por parte del Gobierno.

Inmersos en un océano de inseguridades, los “colaboradores” fueron recibiendo el anticipo prometido, resultando ser en la mayoría de los casos totalmente insuficiente ya que se han utilizado ficheros y bases de datos desactualizadas, sin considerarse productos que posteriormente si tenían derecho a la bonificación…etcétera; en definitiva, un caos absoluto.

Por otro lado, no se ha tenido en cuenta las casuísticas del sector, olvidándose de que existen muchas formas de distribución y suministro. Por ejemplo, empresas que cuentan con tarjetas de combustible, cooperativas, postes marítimos, comercializadoras, avituallamientos a aeronaves, lo cual ha provocado que la gestión de dicha medida sea aún más tediosa.

Cabe destacar el papel de las empresas suministradoras de software informático, que, para no ser menos, tampoco han sido tenidas en cuenta en toda esta gestión. Hay que indicar que todos los sujetos obligados cuentan con sistemas informáticos para la emisión de las facturas y gestión de los establecimientos, teniendo que adaptar, de forma inminente y sin tiempo de reacción, todos sus sistemas informáticos para la correcta emisión de las facturas, dando cumplimiento a dicho Real Decreto ley.

En el momento actual, podemos decir que esto acaba de empezar, pues nos encontramos en pleno proceso de solicitud de devolución de las bonificaciones practicadas, con múltiples requerimientos de información solicitados a los “colaboradores” por parte de la Agencia Tributaria y a estas fechas, 11 de mayo, aún se desconoce el resultado.

En resumen, parece que realmente el beneficio de la aplicación de esta norma es para el Estado, pues, a menudo, quien sufre las consecuencias de los errores del Gobierno son las empresas y el consumidor final, que en muchos casos verá incrementado el precio de los combustibles, aunque en buena lógica, y sin letra pequeña, la reducción de 0,20 euros por litro sobre el PVP de los combustibles incrementará el bienestar de los consumidores.

Desde Agemes Consultores, asesoría especializada en Impuestos Especiales, quedamos a su disposición para ampliar información al respecto.