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El sector clama para que las estaciones puedan aplicar ERTEs por fuerza mayor

La red de estaciones de servicio, pendiente del establecimiento de servicios mínimos

Tras casi dos semanas de vigencia del estado de alarma, asociaciones y empresarios del sector de las estaciones de servicio demandan de forma mayoritaria que las administraciones autoricen a las gasolineras la puesta en marcha de ERTEs por causa de fuerza mayor. El establecimiento de unos servicios mínimos que permitan seguir prestando servicio a la sociedad, y a la vez puedan salvaguardar la supervivencia de empresas y empleos, es el otro gran frente que mantienen abierto las patronales.

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Transcurren los días y la situación en el sector nacional de las estaciones de servicio parece haberse estabilizado, según las fuentes consultadas por Estaciones de Servicio. Las ventas de carburantes continúan siendo muy inferiores a las previas al establecimiento del estado de alarma, con un descenso que se acentúa durante los fines de semana. Asociaciones y empresarios sitúan esta caída de las ventas entre un 50 y un 85%, que se agudiza en sábado y domingo, cuando el hundimiento se sitúa en un 90/95% respecto a los litros de combustibles comercializados antes del establecimiento del estado de alarma.

Alberto Agudo, gerente de Gasóleos Agudo, empresa propietaria de dos estaciones de servicio en la provincia de Toledo y de una distribuidora de gasóleo que opera en la provincia toledana y la limítrofe Comunidad de Madrid, afirma que “ahora mismo tenemos diferencias en venta de carburantes en las estaciones de servicio de en torno al 50% al 60% los días laborables, mientras que los días festivos se puede ir al 85% o 90%. Las tiendas se ven algo menos afectadas, ya que hay muchos establecimientos cerrados en las pequeñas poblaciones. Aun así, hay diferencias sustanciales del 30% al 40%”.

“Las ventas han ido decreciendo poco a poco, con diferencias entre las estaciones de servicio urbanas y las de carretera, pero, de media, hemos bajado un 80% las ventas y ya se han estabilizado en esta cifra. Las noches y los fines de semana esta bajada se agudiza muchísimo, estando entre un 90% y 100% de bajada”, apunta la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Sevilla, Apes, Beatriz Lacañina Pedrosa.

En una horquilla similar se mueven las cifras aportadas por el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles, Aevecar, Víctor García Nebreda, quien señala que “las ventas cayeron de golpe en cuanto se decretó el estado de alarma, pero en los siguientes días, y a medida que la actividad ha ido bajando, las ventas lo han hecho en la misma medida. Ahora mismo, en las gasolineras de carretera -donde el transporte, aunque en menor medida todavía funciona- las ventas han caído entre un 55% y un 60%. En las gasolineras urbanas la caída está en torno al 80% y en las rurales más aún”.

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Beatriz Lacañina Pedrosa es la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio de Sevilla, Apes.

Los ERTEs por fuerza mayor, centro de las negociaciones

El debate a nivel empresarial gira en torno a la modalidad de ERTE al que pueden acogerse las estaciones de servicio. La mayoría de los interlocutores consultados estima que con el profundo hundimiento de las ventas “está claro que opción de los ERTEs es inevitable”, tal y como señala Julio César López, gerente de la estación de servicio Bazarra, quien también es el actual vicepresidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de A Coruña y secretario de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio, Fegaes.

García Nebreda declara que “lógicamente, las empresas del sector tendrán que acogerse a ERTEs, porque, aunque se quieran utilizar periodos de vacaciones o cosas así, desgraciadamente parece que esta situación se va a alargar en el tiempo. Personalmente, entiendo que se deberían acoger al supuesto de fuerza mayor, porque si la actividad ha disminuido en los niveles que antes he mencionado es, sin duda, como consecuencia de la declaración del estado de emergencia y la consiguiente prohibición de que la gente salga de sus casas”.

En el caso de Agudo, la opción de solicitar un expediente de regulación temporal de empleo “sigue encima de la mesa, aunque bien es cierto que por lo tedioso del proceso de un ERTE por causas objetivas y la posibilidad de que se dilate en el tiempo, se plantean otras opciones como negociar con la plantilla vacaciones o reducciones de jornada para paliar las consecuencias. Aun así, mantenemos la esperanza de que no se dilate más allá de dos o tres meses”.

“A medida que pasan los días vemos más clara la aplicación de un ERTE en el sector. Esta situación, por suerte, es temporal; pero cada vez tenemos más claro que (…) no se soluciona en dos días”, señala Lacañina Pedrosa, quien añade que “la caída tan drástica de ventas, unida al cierre de otras de nuestras líneas de negocio, hacen que sea imprescindible usar la herramienta que nuestra legislación nos pone a disposición para pasar esta travesía del desierto. Creo que debemos utilizarla”.

La empresaria continúa y opina que "nuestro sector se ha visto directamente afectado por la declaración del estado de alarma donde se cierran parte de nuestros negocios, se clausuran todo tipo de establecimientos que no satisfagan necesidades básicas y se limita la movilidad de personas y mercancías. Si nosotros suministramos la energía necesaria para que dicha movilidad sea posible, y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo limita esa movilidad, está claro que limita las ventas de nuestro negocio. Es un silogismo perfecto y fácil de aplicar”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, CEEES, Jorge de Benito, afirma que “algunas estaciones han hecho ERTEs para el personal adscrito a actividades diferentes a las de la venta de carburante, como cafetería, restauración, etc. Nadie sabe lo que va a suceder el 11 de abril, pero si seguimos como hasta ahora no habrá necesidad de hacer ERTEs, porque miles de estaciones de servicio ya habrán quebrado”.

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El secretario general de Aevecar, Víctor García Nebreda.

Servicios mínimos, un balón de oxígeno

Otro de los asuntos que las asociaciones del sector están gestionando con las administraciones es la posibilidad de instaurar servicios mínimos. El secretario general de Aevecar afirma que el colectivo presidido por Alejandro Ripoll ha propuesto unos servicios mínimos “que no excluyan la posibilidad de que haya empresas que sin estar contempladas en ellos sigan dando servicio. Nos parece fundamental para que no tengan que salir de sus casas una buena parte de nuestros trabajadores, lo que sin duda será bueno desde un aspecto sanitario y es lo que se recomienda. Por otra parte, hay empresas en las que su actividad se ha reducido prácticamente a 0, fundamentalmente en zona rurales, y es imprescindible ofrecerles una solución”. García Nebreda apunta que la interlocución se está manteniendo con “la Dirección General de Hidrocarburos, especialmente con su subdirector, al que agradecemos su interés y atención en estos momentos”. Hasta ahora, (fue el miércoles 25 de marzo cuando nos atendió García Nebreda) “no tenemos respuesta, que suponemos tendrá que venir del Gabinete de Crisis, pero esperamos que el sentido común prevalezca y se pongan en marcha estos servicios mínimos”.

Ante la pregunta de si la CEEES ha solicitado esos servicios mínimos, De Benito responde que “sí, por supuesto que los hemos pedido, y yo personalmente lo hago cada vez que tengo la oportunidad. De momento obtenemos muy buenas palabras y pocas acciones, pero nosotros no podemos esperar más. Hay miles de empresarios independientes de estaciones de servicio que son pymes y que no pueden aguantar más esta situación. La red española es un modelo en el que se miran otros países europeos por su modernidad y eficiencia. Y puede suceder que esta crisis, como las enfermedades más duras, deje secuelas muy severas en esa red. Esperemos que no sean irreversibles, pero si la Administración no toma cartas en el asunto de manera inminente, las consecuencias serán durísimas y miles de personas pueden quedarse sin trabajo para siempre”.

De Benito afirma que “con que se establezcan unos servicios mínimos me doy por satisfecho. A partir de esos servicios -que deben ser mínimos, no máximos-, el que quiera y pueda abrir, que abra; y a quien le sea materialmente imposible mantener abierto su negocio, que tenga la posibilidad de cerrar. Nosotros somos los dueños de nuestros negocios y es durísimo pedir lo que estamos pidiendo. Hay pocas cosas tan dolorosas para un empresario de estaciones de servicio que ver su negocio cerrado, máxime cuando nuestras instalaciones son lugares de paso y puntos de reunión y servicio por excelencia. Llenos de vida y actividad. Pero sería aún más dejar en la calle de forma irreversible a miles de empleados que, he de decir, se están comportando con un excelente nivel de lealtad y profesionalidad”.

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Jorge de Benito, presidente de la CEEES.

Beatriz Lacañina Pedrosa señala que “desde Apes hemos mantenido conversaciones con el Ministerio de Industria para conocer la obligatoriedad de mantener horarios o la flexibilidad de estos, y estamos esperando respuesta, aunque ya sabemos que efectivamente tenemos la capacidad de modificar horarios porque lo ha publicado el ministerio en su web. La negociación de servicios mínimos se la estamos dejando a CEEES para que sean ellos quienes lleguen a un consenso a nivel nacional”.

En cuanto a la fijación de esos servicios mínimos, la presidenta de Apes afirma que “deben tener como objetivo cubrir las necesidades básicas de la población, pero protegiendo -por supuesto- la continuidad de nuestras empresas. Porque cuando esta crisis sanitaria haya pasado, las estaciones de servicio atendidas seremos las que mantendremos el empleo en el sector y si dichas estaciones no han superado estos momentos de crisis económica, la perdida será global”.

“El criterio que debe prevalecer es la intención de la empresa de mantenerse abierta en función de sus circunstancias económicas y financieras. Es decir", propone Lacañina, "que dentro de que se incluyan a ciertas estaciones como servicios mínimos, es fundamental que, si alguna de ellas prefiere mantenerse cerrada para sobrevivir, que tenga las herramientas a su disposición para poder hacerlo fácilmente. Una vez articulada esta premisa, el segundo criterio a tener en cuenta sería la existencia de personal en dichas estaciones y los servicios extraordinarios de venta de productos básicos para que podamos dar un servicio mucho más integral que una simple de estación de servicio desatendida y abandonada. Y por último, tendría en cuenta cuales son actualmente las estaciones de servicio en las que repostan habitualmente los servicios de emergencia para que se adapten a sus necesidades de cercanía y comodidad”.

En Fegaes, señala López, “estamos planteando y estudiando” la posibilidad de solicitar el establecimiento de servicios mínimos, que en su opinión deberían fijarse tras “un estudio detallado por parte de las asociaciones del sector”.

De entre las fuentes consultadas por Estaciones de Servicio, la única voz discordante respecto al establecimiento de servicios mínimos es la de Alberto Agudo, quien apela a sus “ideales de libre mercado”, por lo que “no consideramos adecuado, ni siquiera en esta situación, que el Estado deba realizar intervenciones en el mercado fijando distancias entre estaciones abiertas ni horarios para las mismas. Si somos un servicio esencial, lo somos cada uno en nuestra área. Cada cual conoce su mercado y a esta nueva realidad se debe adaptar cada empresa tomando las medidas que considere adecuadas. Bastantes problemas tenemos como para añadir problemas impuestos desde el Gobierno. Una parada total de la economía sería el colapso tanto durante esta situación como posteriormente. De hecho, ya lo está siendo en gran medida”.

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Imagen de la estación urbana propiedad de Gasóleos Agudo ubicada en la localidad toledana de Camarena.

Medidas económicas “insuficientes”

Respecto a las sucesivas medidas económicas aprobadas por el Gobierno, De Benito tiene dudas. “Pues ya veremos en qué queda todo cuando queramos beneficiarnos de esas medidas. El papel lo aguanta todo”, arguye, “pero mucho me temo que los empresarios de estaciones de servicio tendremos muy difícil el acceso a esas iniciativas. Por ejemplo, se ha establecido un aplazamiento de impuestos para pymes, que es muy necesario, pero del que se quedarán fuera buena parte de las estaciones de servicio, que sobrepasarán el límite de seis millones de euros de facturación no porque sus negocios sean especialmente boyantes, sino porque más de la mitad del precio de los carburantes se corresponde con impuestos. Por este motivo, sería muy injusto que muchas pymes de nuestro sector se quedaran sin opción de disfrutar de estas bonificaciones fiscales a causa de la gran carga impositiva que soportan los productos que vendemos”.

“Creo que en estas situaciones hay que arrimar el hombro y comprender que se pueden cometer fallos y que todo el mundo, y principalmente el gobierno, está intentando hacerlo lo mejor posible”, declara en tono conciliador García Nebreda. “Sin embargo”, agrega, “hay algunas cosas que no se han tenido en cuenta. Por ejemplo, el tema de los ERTEs, que antes comentaba. No se debería discutir que todo esto viene derivado por una causa de fuerza mayor, es bastante obvio, y por lo tanto se debería admitir sin ninguna objeción que las empresas se acogieran a él y además con los menores trámites posibles. Otra cuestión creo que un poco irreal, es pensar que después de que pase toda esta pesadilla, la economía va a ser la misma y las empresas van a poder mantener a todos sus trabajadores”. El secretario general de Aevecar augura que “desgraciadamente, en muchos casos esto no va a poder ser y entonces no sé qué va a pasar con la obligación de mantener durante seis meses los puestos de trabajo a las empresas que se hayan acogido a un ERTE de fuerza mayor. Otra situación que creo que no se ha resuelto bien es la de los autónomos. Lo sencillo, práctico y lo que realmente hubiese ayudado es que no se hubieran pasado al cobro los recibos de seguridad social de los autónomos, que suponen entre 900 y 1.000 millones de euros por mes, que dentro de los 117.000 millones que se han puesto a disposición de la crisis no son tanto. Esta medida hubiera evitado trámites y bajas de actividad, porque ya veremos las que se recuperan. Sólo había que ordenar que no se apretara el botón de cobrar”, lamenta.

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Julio César López, gerente de la estación de servicio Bazarra, ubicada en Cee, A Coruña, y secretario de la Federación Gallega de Estaciones de Servicio, Fegaes.

Desde Sevilla, Lacañina Pedrosa considera que “las medidas que ha anunciado el gobierno las veo adecuadas, pero incompletas y limitadas a la hora de su aplicación. Pongo como ejemplo el tema de los ERTEs, con los que al principio nos sentimos respaldados pero que a la hora de solicitarlos no se están concediendo por cuestiones, a mi juicio, banales y poco sólidas. Lo mismo ha sucedido con los autónomos, que al parecer iban a tener bonificaciones y ayudas, pero al leer la letra pequeña te percatas de que los requisitos para solicitarlas son muy difíciles de cumplir. Asimismo, está el tema de los autónomos societarios que no tienen ningún tipo de ayuda a pesar de que su negocio esté completamente en crisis”.

La presidenta de Apes añade que “somos un sector no regulado, pero que sí está considerado como servicio esencial. Por tanto, debemos recibir una compensación económica por las pérdidas que nos ocasiona mantenernos abiertos con las ventas actuales y una compensación económica para nuestros trabajadores por los servicios prestados a la sociedad poniendo en riesgo su salud”. Asimismo, Lacañina subraya que “esta crisis es tanto económica como de liquidez y para nuestro sector es muy importante poder contar con líneas de financiación preferentes”. Además, propone que, para “incentivar el consumo cuando la crisis finalice”, se produzca una “bajada de impuestos a los hidrocarburos”.

Alberto Agudo estima que las medidas económicas planteadas, “aunque ambiciosas, creemos que son insuficientes. Pensamos que aún a día de hoy el Gobierno no se hace una idea de la magnitud de este parón económico que sufrimos. Se deberían congelar el devengo de determinados impuestos, como por ejemplo el Impuesto de Sociedades o el IRPF, hasta conocer el impacto que va a generar esta crisis sanitaria. Las empresas y los ciudadanos no podemos perder poder adquisitivo hasta que esta pandemia esté controlada”.

En cuanto a las medidas económicas propuestas por la CEEES, De Benito afirma que “tenemos ya muy poco tiempo y hemos perdido demasiado en encontrar una interlocución válida por parte de la Administración. Ha sido muy difícil que nos escucharan primero y que nos respondieran después. Puesto que la situación ya es insostenible, y con el ánimo de diseñar en el menor tiempo posible unos servicios mínimos eficaces que garanticen la movilidad de los servicios esenciales, hemos propuesto el establecimiento de los mismos servicios mínimos que se fijaron en las últimas huelgas organizadas a nivel nacional. Esto podría hacerse de manera inmediata y contribuiría a salvar cientos de empresas y miles de puestos de trabajo. Esperamos que la Administración escuche nuestras demandas y comprenda que situaciones excepcionales como esta requieren la puesta en marcha de medidas extraordinarias”.

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