¿Qué tienen que saber las empresas para cumplir con la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental?
La sociedad ha tomado más conciencia del impacto humano sobre el planeta que habitamos. De ahí que cada vez cobren más importancia iniciativas como el Día Internacional del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio desde 1974. Una fecha que brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del entorno natural.
Al mismo tiempo, los países también adoptan medidas que respalden legalmente el desarrollo sostenible. Uno de los ejemplos más evidentes es la Ley de Responsabilidad Ambiental, que entró en vigor en 2007 y que obliga a los operadores dentro de su ámbito de aplicación a poner en marcha las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales que puedan provocar, para devolver los recursos dañados al estado en el que se encontraban.
La responsabilidad medioambiental exige al titular de la actividad económica o profesional que ha ocasionado el daño que asuma la totalidad de los costes de las medidas de prevención, evitación o reparación adoptadas.
Debido a la creciente preocupación de la población por la preservación del medio ambiente, el pasado año se aprobó una modificación de la misma, la Orden APM/1040/2017, que exige a las empresas que presenten una garantía financiera o, lo que es lo mismo, que justifiquen cómo pueden pagar las posibles sanciones por dañar el entorno. Las multas van desde los 10.001 euros hasta los 2 millones de euros, pudiendo –en el caso de las infracciones muy graves– llegar a perder las autorizaciones para operar.
¿Qué debe saber una empresa?
La nueva medida es más estricta con las empresas clasificadas como prioridad 1 y 2. Las primeras, entre las que se incluyen las instalaciones de combustión con una potencia superior a 50 MW o las instalaciones para valorizar o eliminar residuos peligrosos, tuvieron hasta el 1 de noviembre de 2018 para presentar la garantía financiera.
Para la segunda categoría, donde están las coquerías, refinerías de de petróleo, fabricación de sales mediante transformación química o fabricación de explosivos, entre otros, el plazo acaba el 1 de noviembre del presente año.
Para evitar las sanciones, las compañías –ya sean privadas o públicas– deben realizar un Análisis de Riesgos Medioambientales y garantizarlo a través de un verificador acreditado. Si la cuantía resultante es menor a 300.000 euros, el operador no tiene que hacer nada. Si es entre 300.000 y 2.000.000 euros, dependerá de si dispone o no de una certificación ISO 14.000. Si es superior a 2.000.000 euros, debe suscribir una garantía financiera por el importe resultante de dicho examen.
Por lo tanto, necesitan el aval de una entidad independiente, como es el caso de TÜV Rheinland, que ayuda a las firmas en su compromiso, midiendo, certificando y proporcionándole asistencia técnica sobre emisiones y para la implementación de las obligaciones de acuerdo con la regulación en vigor.
