Fereclaes, indignada por el anuncio de la Junta de Castilla y León, obligada a permitir las desatendidas
En su reunión anual, celebrada recientemente, Fereclaes acordó defender “en todos los ámbitos, la actual legislación regional que regula las estaciones de servicio y que obliga a las gasolineras desatendidas a tener un empleado que atienda al público siempre que se mantengan abiertas”.
Con este anuncio Fereclaes responde a la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, quien el pasado 15 de diciembre admitió que el Ejecutivo autonómico, del Partido Popular, así como el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional “han iniciado una ronda de contactos para modificar la ley que obliga a las gasolineras a mantener al menos un empleado, algo que contraviene la normativa europea y que pude acarrear una sanción”, tal y como informaron diversos medios castellano leoneses.
En una nota de prensa, Fereclaes afirma que “entre las competencias legislativas de la Junta de Castilla y León está la defensa de los consumidores y usuarios, por tanto, es falso lo que manifiesta el procurador de Ciudadanos David Castaño, en el sentido de que el Gobierno autonómico incumple la ley, porque eso significaría que, al menos, diez comunidades autónomas algunas tan importantes como Madrid, están actuando ilegalmente”.
Fereclaes muestra su rechazo a “lo manifestado por el procurador regional de Ciudadanos, David Castaño, partidario de un liberalismo a ultranza, según el cual pueden instalarse estaciones sin ningún empleado, sin límite, y que perjudica gravemente no sólo el empleo de cientos de estaciones de servicio en la región, sino también a los colectivos que han venido sufriendo las carencias de servicio que tienen para ellos esas gasolineras desatendidas, como son los minusválidos y las personas mayores de nuestra comunidad”.
La patronal advierte que el Grupo Popular “cometería un grave error si hiciera caso al Grupo de Ciudadanos, rectificando ahora la ley cuya aprobación obtuvo un amplísimo consenso entre partidos, sindicatos y organizaciones sociales de la región, perjudicando así gravemente a esos colectivos, tan necesitados de protección en su vida diaria, para favorecer los oscuros intereses de unas pocas empresas, la mayoría de fuera de Castilla y León, que pretenden únicamente el beneficio económico a cualquier precio, por encima del empleo y de la protección social”.
El colectivo presidido por Horacio Sansegundo avanza que, “como ya ha ocurrido en otras materias, serán los tribunales europeos los que tengan la última palabra, pero la obligación de las comunidades autónomas es ejecutar las competencias que tienen, sin admitir amenazas o chantajes de posibles sanciones a España que, en este caso, no se pueden producir porque la Junta ha cumplido escrupulosamente la ley y el Estatuto de los Consumidores de Castilla y León”.
“Después de los graves perjuicios que supuso el céntimo sanitario, que llevó al cierre de muchas estaciones de servicio y a la pérdida de cientos de puestos de trabajo, modificar ahora nuevamente la legislación vigente produciría nuevos despidos y graves perjuicios a los colectivos más necesitados de protección, así como a la economía regional que, tanto el partido de Ciudadanos como la Unión de Cooperativas, deberán explicar a los ciudadanos de la región”, concluye Fereclaes.
