Pese a que el regulador energético ha intentado desentenderse de la operación
Repsol busca ayuda en la CNE y la CNMV para frenar la maniobra de Sacyr y Pemex
Revista Estaciones de servicio05/09/2011
EESS Digital.- La cúpula directiva de Repsol se encuentra inmersa en la preparación de la batalla que librará en los próximos días con Sacyr y Pemex para mantener el control de la compañía. Fuentes conocedoras de la estrategia de la entidad presidida por Antonio Brufau han adelantado que la petrolera podría estar buscando ayuda tanto en la Comisión Nacional de la Energía (CNE) como en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para intentar frenar la maniobra emprendida hace unos días por Sacyr y Pemex para dar un vuelco en la estructura de poder de Repsol.
En lo que a la CNE respecta, el organismo presidido por Alberto Lafuente intentó desvincularse desde el primer momento de la operación por entender que el acuerdo de sindicación de acciones entre Sacyr y Pemex en el seno de Repsol no se incluye en las operaciones que el ente supervisor debe autorizar.
Sin embargo, desde Repsol intentarán que la CNE analice la alianza entre la constructora española y la compañía energética mexicana según lo previsto en la función 14 del organismo, que precisamente fue modificada hace unos meses por el Gobierno después de que Bruselas censurara el uso que se había hecho de esa norma para dinamitar la OPA de E.On sobre Endesa.
Incluso tras los cambios sufridos en marzo, el artículo 3 de la función 14 (recogida en la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos), establece que el ente regulador tendrá que autorizar las operaciones que concedan a empresas no comunitarias una influencia significativa sobre alguna compañía energética española especialmente importante para España.
La citada influencia significativa puede derivarse tanto de una acción directa de adquisición o, como sucede con Pemex tras su pacto con Sacyr, como consecuencia de un acuerdo conjunto de derechos de voto. Además del peso específico que Repsol tiene por sí misma, la compañía controla la tercera parte del capital de Gas Natural Fenosa, por lo que parece evidente que la petrolera entraría dentro de la categoría de empresas que merecen esa protección especial por parte de la CNE.
Además, la CNE también podría desautorizar la operación en caso de que existiera una amenaza fundada y suficientemente grave para la seguridad pública, entendida ésta como la seguridad del suministro de hidrocarburos. Y será en este punto cuando Repsol saque a colación la denominada Ley Reglamentaria del artículo 27, que estipula que las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se orientarán de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energética del país.
Por este motivo, quienes planean la defensa de Repsol frente al movimiento protagonizado por Sacyr y la petrolera mexicana podrían esgrimir que puesto que Pemex está obligada por ley a velar por la seguridad energética de México, podría darse el caso de que se viera afectada la de nuestro país.
En lo que al regulador bursátil se refiere, la estrategia de Repsol pasa por estudiar con lupa los movimientos accionariales que Pemex ha realizado para hacerse con casi un 5% adicional de la entidad española, buscando cualquier irregularidad que obligara a intervenir a la CNMV. Una segunda línea de defensa en este campo se centraría en intentar determinar si el acuerdo entre la constructora y la petrolera mexicana constituye, de hecho, fraude de ley, puesto que el objetivo final de la operación sería controlar la gestión de Repsol evitando lanzar una opa sobre la compañía.
En lo que a la CNE respecta, el organismo presidido por Alberto Lafuente intentó desvincularse desde el primer momento de la operación por entender que el acuerdo de sindicación de acciones entre Sacyr y Pemex en el seno de Repsol no se incluye en las operaciones que el ente supervisor debe autorizar.
Sin embargo, desde Repsol intentarán que la CNE analice la alianza entre la constructora española y la compañía energética mexicana según lo previsto en la función 14 del organismo, que precisamente fue modificada hace unos meses por el Gobierno después de que Bruselas censurara el uso que se había hecho de esa norma para dinamitar la OPA de E.On sobre Endesa.
Incluso tras los cambios sufridos en marzo, el artículo 3 de la función 14 (recogida en la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos), establece que el ente regulador tendrá que autorizar las operaciones que concedan a empresas no comunitarias una influencia significativa sobre alguna compañía energética española especialmente importante para España.
La citada influencia significativa puede derivarse tanto de una acción directa de adquisición o, como sucede con Pemex tras su pacto con Sacyr, como consecuencia de un acuerdo conjunto de derechos de voto. Además del peso específico que Repsol tiene por sí misma, la compañía controla la tercera parte del capital de Gas Natural Fenosa, por lo que parece evidente que la petrolera entraría dentro de la categoría de empresas que merecen esa protección especial por parte de la CNE.
Además, la CNE también podría desautorizar la operación en caso de que existiera una amenaza fundada y suficientemente grave para la seguridad pública, entendida ésta como la seguridad del suministro de hidrocarburos. Y será en este punto cuando Repsol saque a colación la denominada Ley Reglamentaria del artículo 27, que estipula que las actividades de Petróleos Mexicanos y su participación en el mercado mundial se orientarán de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energética del país.
Por este motivo, quienes planean la defensa de Repsol frente al movimiento protagonizado por Sacyr y la petrolera mexicana podrían esgrimir que puesto que Pemex está obligada por ley a velar por la seguridad energética de México, podría darse el caso de que se viera afectada la de nuestro país.
En lo que al regulador bursátil se refiere, la estrategia de Repsol pasa por estudiar con lupa los movimientos accionariales que Pemex ha realizado para hacerse con casi un 5% adicional de la entidad española, buscando cualquier irregularidad que obligara a intervenir a la CNMV. Una segunda línea de defensa en este campo se centraría en intentar determinar si el acuerdo entre la constructora y la petrolera mexicana constituye, de hecho, fraude de ley, puesto que el objetivo final de la operación sería controlar la gestión de Repsol evitando lanzar una opa sobre la compañía.
