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Quiere fijar un máximo del 0,3% para las de crédito y del 0,2% para las de débito

Bruselas quiere reducir las comisiones que los comercios pagan cuando cobran con tarjeta

Revista Estaciones de servicio24/07/2013
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La Comisión Europea ha presentado hoy, 24 de julio, una propuesta de Reglamento relativo a las tasas de intercambio aplicables a las operaciones de pago con tarjeta que pretende reducir las comisiones que los comercios deben abonar a las entidades bancarias cuando cobran con plástico los productos o servicios que comercializan.

El Ejecutivo comunitario pretende imponer “límites máximos para las tasas de intercambio en las transacciones con tarjetas de débito y de crédito de los consumidores y prohibirá la aplicación de recargos por el uso de estos tipos de tarjetas”.

Los recargos son las cargas adicionales impuestas por algunos comerciantes al pago con tarjeta y están muy extendidos en algunas actividades, como la compra de billetes de avión. En España, aunque los empresarios de estaciones de servicio pueden aplicar un sobrecoste a quienes abonen sus compras con tarjeta de crédito, en la práctica muy pocos gasolineros toman esta decisión.

Cuando Bruselas haya impuesto los límites máximos a las comisiones que los bancos cobran a los comerciantes cuando se hacen pagos con tarjeta “los costes de los minoristas se reducirán notablemente y los recargos ya no estarán justificados”, explican desde la Comisión Europea, desde donde pretenden fijar un límite del 0,3% de comisión cuando se pague con tarjeta de crédito y del 0,2% cuando la operación se formalice con tarjeta de débito.

Uno de los empresarios que más ha luchado contra las comisiones que los gasolineros pagan cuando cobran con tarjeta de crédito es el presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona, Manuel Amado.

Según las cuentas de Amado, los empresarios de estaciones de servicio pagan entre el 0,6% y el 1% del ticket de venta cuando el consumidor paga con tarjeta, lo que, en función del volumen de litros vendidos por cada instalación, supone un impacto económico de entre 7.400 y 26.550 euros anuales, cantidades que podrían verse reducidas significativamente si la propuesta de la Comisión ve definitivamente la luz.