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Solicita la suspensión del plazo de información pública

El Gobierno canario pide a Industria una nueva evaluación ambiental de las prospecciones petroleras

Revista Estaciones de servicio09/09/2013
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Petroleo 2076
El Gobierno de Canarias ha remitido un escrito al Ministerio de Turismo, Industria y Energía en el que exige al departamento que dirige José Manuel Soria “que aporte nueva información sobre el Estudio de Impacto Ambiental de las prospecciones petrolíferas en aguas canarias”, al considerar que la documentación ofrecida es “muy deficiente” e impide “realizar alegaciones que puedan conducir a una evaluación ambiental mínimamente real y coherente del proyecto”.

Ante esa circunstancia, el Ejecutivo regional ha pedido a Industria “la suspensión del plazo de información pública y consultas a las Administraciones afectadas hasta que se subsanen las irregularidades detectadas” en el expediente tramitado por el Estado, “pues ello impide que ciudadanos y Administraciones puedan realizar alegaciones al informe ambiental realizado por Repsol”, según ha asegurado el comisionado del Gobierno canario para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos.

El escrito del Gobierno -que hace referencia al proyecto "20130011 sondeos exploratorios Sandía 1, Chirimoya 1, Zanahoria 1, Plátano 0, Cebolla 1 y Naranja1- recuerda que la normativa vigente sobre la evaluación de impactos ambientales indica la necesidad de someter el estudio de impacto dentro del procedimiento aplicable para la autorización del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con éste, al trámite de información pública".

En este sentido, el Ejecutivo señala que la documentación remitida carece de proyecto técnico, “lo que no permite determinar si todas las acciones del proyecto que pueden producir impactos están identificadas, ni sobre qué factores ambientales éstas podrían producir impactos, ni qué impactos de los que se podrían producir se pueden valorar como significativos”. Por este motivo, en palabras del Gobierno canario, “no se podría tener certeza de haber adoptado todas las medidas necesarias para eliminar o corregir dichos impactos”.

El escrito remitido por el Ejecutivo canario al Ministerio de Industria también pone de manifiesto algunos defectos de forma en la redacción del Estudio de Impacto Ambiental, como el hecho de que el documento no refleje “ni la titulación ni el DNI de los firmantes del mismo, tal y como exige la ley, ni constan diversos informes que se afirman remitir”.

Más concretamente, entre la información que no aparece o aquella que únicamente está en situación de avance se encuentran “los anexos 1, 2, 5, 6 y 11; el Plan de Respuesta para Episodios de Descontrol del Pozo; los vídeos de explotación del fondo marino de los sondeos Plátano 0, Cebolla 1 y Naranja 1 o el Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental (que es un documento preliminar)”.

Hay otros informes que el Estudio de Impacto Ambiental cita y no adjunta. Entre ellos se encuentran “el informe de apoyo técnico en consultas previas sobre el alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto 'sondeos exploratorios marinos en Canarias', de 2013 de CEDEX; el estudio de impacto ambiental de la campaña sísmica en una zona de aguas adentro frente a la costa de Canarias, de 2002; el documento de análisis ambiental para los sondeos de Canarias, de 2004; modelización de vertidos y ripios y eventuales derrames de hidrocarburos en alta mar al este de las Islas Canarias, de 2004, o el informe técnico sobre caracterización general del entorno de actuación de Repsol en aguas canarias, 2012 y 2013, de BIOGES”.

Consulta pública
El escrito del Gobierno de Canarias también hace referencia a las limitaciones que, de hecho, ha aplicado la Administración central al preceptivo periodo de consulta pública, ignorando las peticiones formuladas en este sentido para ampliar las instituciones y organismos a las que consultar el estudio.

Así, desde el Ejecutivo regional se había instado al Ministerio a incluir en la lista de consultas a todos los Cabildos insulares, los ayuntamiento de las islas de Lanzarote y Fuerteventura -por influencia directa y sensibilización de sus habitantes sobre el proyecto- y los ayuntamientos de las costas sur y este de Gran Canaria y sur de Tenerife -debido a la existencia de instalaciones desaladoras para abastecimiento humano, y de playas y zonas costeras de uso intenso por la población local y turística que pueden sufrir impactos negativos.

El Gobierno autonómico también solicitaba la participación de los consejos insulares de aguas de Lanzarote y Fuerteventura, los consejos de las Reservas de la Biosfera de Lanzarote y Fuerteventura, las cofradías de pescadores de las islas afectadas y entidades de ámbito nacional e internacional para la conservación de la naturaleza.

En opinión del Gobierno de Canarias, la no inclusión de estos organismos en la ronda de consultas propicia que la Administración Central “se aparte de los objetivos de la legislación estatal, europea y de la propia Comunidad Autónoma sobre máxima publicidad y participación en materia ambiental, que resulta especialmente obligada respecto de aquellas personas, entidades e instituciones que pudieran resultar potencialmente afectadas por el proyecto”.