Existe un "riesgo de paralización de su actividad"
El PSOE acusa al Gobierno de inspeccionar "sin base legal" a las cooperativas que venden gasóleo B
Revista Estaciones de servicio28/04/2014
Cooperativas 2147
El PSOE ha acusado al Gobierno de ordenar inspecciones sin tener base legal para hacerlo en las cooperativas agrarias que distribuyen gasóleo bonificado. El principal partido de la oposición advierte de que esta práctica “está dañando gravemente” al sector cooperativista, hasta el punto de que existe un “riesgo de paralización de su actividad”.
Así lo ha expresado recientemente el portavoz parlamentario socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, quien ha hecho alusión a la orden promulgada hace dos años por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Hacienda, por la que se a inspeccionar a las cooperativas agroalimentarias que distribuyen gasóleo B, informa Europa Press.
En palabras de Alonso, las citadas inspecciones están basadas en “una interpretación” realizada por la Dirección General de Tributos, que “entiende que las tarjetas-gasóleo bonificado no sólo deben ser utilizadas como medio de pago, sino que también han de usarse en el momento de la retirada” del combustible en el poste de la cooperativa, a pesar de que, según el portavoz socialista, “tal requisito no figura ni en la ley ni en el reglamento”.
Cuando los inspectores comprueban que la cooperativa no exige la presentación de dicha tarjeta cuando el cliente retira el gasóleo, se procede a regularizar la cuota pagada por la cooperativa. Es decir, a cobrar la cantidad que correspondería si ese producto no estuviera bonificado, lo que en ocasiones asciende a más de medio millón de euros.
En opinión del PSOE, este modo de proceder “no tiene base legal” y, de hecho, hace ya 20 años que la Dirección General de Aduanas informó de que se podía entregar el gasóleo sin presentar la tarjeta porque “esa fórmula no implicaría un menor control en las ventas y existencias”.
Cooperativas en peligro
Sin embargo, las inspecciones se están llevando a cabo y con ellas, según los socialistas, “el Gobierno pone en riesgo el futuro de las cooperativas agroalimentarias. El PP debe frenar cuanto antes su escalada de inspecciones a las cooperativas, porque pese a no tener una clara base legal, están dañando gravemente al sector agroalimentario”, asegura Alonso.
Por ello, el portavoz socialista ha registrado una proposición no de ley para que sea debatida en el Pleno del Congreso, en la que exige a Hacienda, que “suspenda con carácter inmediato” las inspecciones y que “dé solución a este conflicto que está afectando a las cooperativas agroalimentarias”.
Asimismo, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, con las que inquiere si el titular de Hacienda está de acuerdo con la interpretación de la normativa de Impuestos Especiales que está haciendo el Departamento de Aduanas, si avala las actuaciones llevadas a cabo en los últimos dos años y si es “consciente del quebranto económico” que se está causando a las cooperativas.
Así lo ha expresado recientemente el portavoz parlamentario socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, quien ha hecho alusión a la orden promulgada hace dos años por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Hacienda, por la que se a inspeccionar a las cooperativas agroalimentarias que distribuyen gasóleo B, informa Europa Press.
En palabras de Alonso, las citadas inspecciones están basadas en “una interpretación” realizada por la Dirección General de Tributos, que “entiende que las tarjetas-gasóleo bonificado no sólo deben ser utilizadas como medio de pago, sino que también han de usarse en el momento de la retirada” del combustible en el poste de la cooperativa, a pesar de que, según el portavoz socialista, “tal requisito no figura ni en la ley ni en el reglamento”.
Cuando los inspectores comprueban que la cooperativa no exige la presentación de dicha tarjeta cuando el cliente retira el gasóleo, se procede a regularizar la cuota pagada por la cooperativa. Es decir, a cobrar la cantidad que correspondería si ese producto no estuviera bonificado, lo que en ocasiones asciende a más de medio millón de euros.
En opinión del PSOE, este modo de proceder “no tiene base legal” y, de hecho, hace ya 20 años que la Dirección General de Aduanas informó de que se podía entregar el gasóleo sin presentar la tarjeta porque “esa fórmula no implicaría un menor control en las ventas y existencias”.
Cooperativas en peligro
Sin embargo, las inspecciones se están llevando a cabo y con ellas, según los socialistas, “el Gobierno pone en riesgo el futuro de las cooperativas agroalimentarias. El PP debe frenar cuanto antes su escalada de inspecciones a las cooperativas, porque pese a no tener una clara base legal, están dañando gravemente al sector agroalimentario”, asegura Alonso.
Por ello, el portavoz socialista ha registrado una proposición no de ley para que sea debatida en el Pleno del Congreso, en la que exige a Hacienda, que “suspenda con carácter inmediato” las inspecciones y que “dé solución a este conflicto que está afectando a las cooperativas agroalimentarias”.
Asimismo, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, con las que inquiere si el titular de Hacienda está de acuerdo con la interpretación de la normativa de Impuestos Especiales que está haciendo el Departamento de Aduanas, si avala las actuaciones llevadas a cabo en los últimos dos años y si es “consciente del quebranto económico” que se está causando a las cooperativas.
