El PSRM pide modificar el Estatuto de Consumidores para que las desatendidas incorporen personal
La presentación de la iniciativa parlamentaria -que no será aprobada, puesto que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea regional- pretende evitar que se siga aplicando la resolución que el pasado 31 de enero que permite el funcionamiento de este tipo de puntos de venta de carburante.
Retegui declaró que el Gobierno regional “tiene la obligación de garantizar los derechos y protección de colectivos tan vulnerables como las personas con discapacidad y evitar la destrucción de más puestos de trabajo en nuestra comunidad”, informaron diversos medios de comunicación murcianos.
La portavoz socialista añadió que “se hace necesario que la comunidad garantice que las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción disponga, al menos, de una persona que atienda a los usuarios mientras permanezcan abiertas”. Todo ello “sin perjuicio de lo establecido para las instalaciones que disfrutan de un régimen especial de distribución y, en particular, las cooperativas que no presten servicios a terceros”.