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Cocemfe CV exige que las desatendidas cubran las necesidades de los discapacitados

Revista Estaciones de servicio13/11/2015
Cocemfe CV solicita que la regulación de las gasolineras desatendidas que prepara el Parlamento regional cubra las necesidades de todas las personas con discapacidad.
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El Palacio de Los Borja es la sede oficial de las Cortes Valencianas.

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana (Cocemfe CV) ha solicitado, mediante una adenda en forma de disposición adicional segunda al Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana (Ley 1/2011), que la regulación de las gasolineras desatendidas que prepara el Parlamento regional "cubra las necesidades de todas las personas con discapacidad".

Esta nueva disposición, informaron fuentes del colectivo, recoge la obligación de que este tipo de unidades de suministro, “al igual que el resto”, dispongan de una persona responsable en horario diurno, y establece que “las personas con discapacidades físicas, cuando no puedan acceder al suministro en régimen de autoservicio, serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones”.

Cocemfe CV ha demandado que el texto recoja una formulación más amplia y genérica, y que se sustituya la expresión “personas con discapacidades físicas” por “persona con discapacidad”, para que el texto pueda amparar “a todas aquellas personas que, independientemente del tipo de discapacidad que tengan, requieran de ayuda para repostar, y no excluir casos como, por ejemplo, el de las personas afectadas por ciertos tipos de cáncer que pueden acarrear secuelas físicas que afecten a la movilidad”.

El colectivo confía en que esta nueva disposición dé respuesta a sus reivindicaciones, y recuerda que Cocemfe CV reúne a más de 100 asociaciones de todo el territorio valenciano. Asimismo, subraya que a principios de este año solicitó la regulación de las gasolineras que no cuentan con personal, puesto que la presencia de empleados “garantiza la autonomía” de las personas discapacitadas, la seguridad de los consumidores, la igualdad de oportunidades como consumidores y evita “el peligro de pérdida de empleo”.