La Comunidad de Madrid obligará a que todas las gasolineras tengan empleados
El Grupo Popular de la Asamblea de Madrid defenderá el próximo jueves en el Pleno del parlamento regional una Proposición No de Ley (PNL) “para que todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción dispongan, mientras permanezcan abiertas y en servicio, de al menos una persona responsable, debidamente formada para los servicios que en ella se prestan”.
La iniciativa del Grupo Popular, que cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea -por lo que, con toda seguridad- se aprobará- modificará el Decreto de 147/1998, de 27 de agosto, de protección de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta al público.
El portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio, señaló el 8 de marzo en la Aamblea de Madrid que, “en el caso de las personas con discapacidad física que les impida el suministro en régimen de autoservicio, serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones”, y subrayó que “el objetivo de esta medida es garantizar la seguridad y los derechos de los consumidores”.
Fuentes del Grupo popular recuerdan que la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y del estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, liberalizó la instalación de estaciones de servicio de carburantes en polígonos industriales y otras zonas y establecimientos, así como la posibilidad de que éstas funcionasen por procedimientos automáticos.
La norma se encontró con la oposición de sindicatos, empresarios, asociaciones de consumidores y personas con discapacidad al considerar, entre otros asuntos, que no se garantizaba la seguridad de la instalación ni la cobertura de siniestros, más aún teniendo en cuenta que la mayor parte de estas instalaciones están en zonas urbanas.
Asimismo, los usuarios de las gasolineras que no contaran con personal no podrían reclamar ante cualquier incidencia que se produjera relacionada con el repostaje o el cobro del mismo. Además, los sindicatos y los empresarios del sector alertaron de las negativas consecuencias que la generalización de este tipo de instalaciones tendría en el empleo.
