Las gasolineras de Castilla y León deberán contar con un empleado mientras permanezcan abiertas

Dentro de tres meses todas las gasolineras de Castilla y León deberán incorporan a un empleado mientras permanezcan abiertas en horario diurno.

Imagen exterior de las Cortes de Castilla y León, ubicadas en Valladolid.

El Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León nº 108/9 del pasado lunes, 4 de abril, publica la modificación de la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor de la región, para que todas las instalaciones de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción cuenten, “mientras permanezcan abiertas y en horario diurno”, con al menos con una persona “debidamente formada, responsable de los servicios que se prestan al objeto de garantizar los derechos de los consumidores reconocidos en la presente Ley”, informaron fuentes de la Agrupación de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal).

Esta modificación, presentada a mediados de marzo por el Grupo Parlamentario Popular, entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, mientras que la concreción del horario diurno “se realizará por resolución del órgano directivo central competente en materia de consumo”. En el texto de la proposición se recoge que “las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro de carburantes y combustibles serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones”.

En los antecedentes de la Proposición de Ley presentada el pasado 16 de marzo por el Grupo Parlamentario Popular a la Mesa de las Cortes de Castilla y León, se apuntaba que la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo, en sus artículos 39.1 y 39.2 y siguientes, “facilita la instalación de estaciones de servicio (…) y la posibilidad de que funcionen por procedimientos automáticos, todo ello con independencia de la dispuesto en la legislación autonómica y municipal en materia urbanística y de protección de los derechos del consumidor”.

El Grupo Parlamentario Popular señaló en su propuesta que la aprobación de la citada norma ha provocado la proliferación de estaciones de servicios en todo el territorio castellano leonés que, “si bien cumplen en todos sus extremos con la normativa de aplicación en el ámbito de la seguridad industrial (…) su funcionamiento en régimen de estaciones de servicio desatendidas está provocando una problemática vinculada a aspectos relacionados con la protección de los derechos de los consumidores y usuarios”. Asimismo, la Proposición de Ley apuntaba que estas instalaciones generan “unos efectos negativos sobre el empleo vinculado al sector”.