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El Gobierno modificará la Ley de Hidrocarburos para introducir un nuevo impuesto a la explotación

Revista Estaciones de servicio26/11/2014
Fracking Fracking
Fuentes del Ministerio de Industria han indicado a Efe que el Gobierno planea aprobar en los próximos meses una modificación de la Ley de Hidrocarburos en la que introducirán mecanismos para que los promotores de prospecciones petrolíferas retribuyan a los propietarios del suelo donde se ubican los yacimientos.

La reforma “probablemente también incorporará un nuevo impuesto a la explotación de hidrocarburos, que se destinaría a financiar las comunidades autónomas y ayuntamientos donde se ubican”.

Una de las razones esgrimidas para llevar a cabo este cambio normativo es modificar la distribución de los beneficios económicos derivados de los yacimientos petrolíferos “para acercarlos más al territorio, con el objetivo de suavizar el rechazo que la concesión de permisos de exploración ha levantado en algunas zonas”.

Con estas modificaciones el Gobierno pretende impulsar el desarrollo de yacimientos en España que sólo serían explotables mediante las polémicas técnicas de fracturación hidráulica o “fracking”. La idea es acercar el marco regulatorio al existente en Estados Unidos, donde el subsuelo es propiedad del dueño del suelo y, por tanto, también lo es de los recursos que puedan encontrarse en él.

En el caso de los propietarios de suelos susceptibles de contar con recursos petrolíferos, hasta ahora su única opción es aceptar la expropiación de sus terrenos y recibir un pago por ello, ya que el subsuelo pertenece legalmente al Estado.

La reforma manejada por el Gobierno español no supone dar al propietario el control sobre el subsuelo, que seguirá siendo del Estado, aunque sí establecerá algún mecanismo para que se beneficie de los ingresos que generarían los yacimientos de gas y/o petróleo, en el caso de que existieran recursos energéticos en ellos.

Por otra parte, el establecimiento de un impuesto a estos yacimientos que se destinaría a las arcas de comunidades autónomas y ayuntamientos supondría ofrecer una contraprestación por soportar en su territorio una actividad que rechazan tanto colectivos ecologistas como vecinales de las zonas susceptibles de ser sometidos a prospecciones exploratorias.

Las protestas ecologistas y vecinales contra esta técnica, puesto que consideran que puede contaminar los acuíferos y provocar terremotos, se han multiplicado en las zonas con mayores recursos potenciales, especialmente la cordillera Cantábrica.