La importación de combustibles fósiles en 2013 costó a España 57.100 millones de euros

Para Appa es inadmisible y va contra toda lógica que España mantenga una dependencia energética del 75% y el Gobierno haya puesto en una situación crítica al sector de las energías renovables, únicas tecnologías autóctonas y limpias con las que cuenta nuestro país para reducir esa dependencia. Mucho más, cuando ha quedado más que demostrado que cuanta más generación renovable entra en el sistema eléctrico más se reduce el precio de la electricidad y más ahorros consigue nuestro país en importaciones de combustibles fósiles.

El Gobierno ha hecho suyo el discurso de las grandes eléctricas y ha errado en el diagnóstico al identificar primas a las energías renovables con déficit de tarifa. Sobre esta base, el Gobierno ha enfocado su pretendida reforma eléctrica en cerrar cualquier posibilidad de desarrollo futuro de las energías renovables y sacarlas del sistema eléctrico, política que viene a confirmar la última normativa del sector aprobada, así como la que se encuentra en tramitación.

Appa denuncia que la nueva normativa contempla medidas retroactivas y fuertes reducciones en la retribución de las energías renovables, mientras prevé incrementar o mantener invariables la gran mayoría del resto de costes regulados. “Esto es algo incomprensible en un escenario de contracción de la demanda, en el que se ha aprobado una nueva Ley del Sector Eléctrico, que tiene como pilar fundamental la sostenibilidad económica del sistema”, ha manifestado el presidente de la Asociación, José Miguel Villarig.

Appa denuncia una vez más que el Gobierno sigue sin acometer la tantas veces anunciada reforma del mercado eléctrico, cuya falta de competencia ha sido denunciada por la Comisión Europea y la CNE y que mantiene privilegios de las grandes eléctricas como los llamados servicios de ajuste, cuyo coste se incrementó un 20% en 2013 y que en lo que va de año se han disparado sin ningún sentido, cuando hay menos energía en el sistema. Sólo en 2013, el coste de estos servicios cobrados en su mayoría por las grandes eléctricas ascendió a 1.247 millones de euros.

Resulta realmente escandaloso que en un escenario de contracción de la demanda e inexistente instalación de nueva capacidad ordinaria o renovable, se incremente la retribución de estas actividades. Igualmente, resulta incomprensible el aumento en un 30% de la retribución al Operador del Sistema (REE) y en un 8% la del Operador del Mercado (Omie).

En todo caso, lejos del compendio de cifras que resulte de la aplicación de la nueva normativa, aprobada o por aprobar, la gran enfermedad de la economía española - su fuerte dependencia energética del exterior - no sólo no va a mejorar sino que se va a agravar, toda vez que el Gobierno se obstina en acabar con las energías renovables mientras simultáneamente se aplica en mantener los privilegios del oligopolio de las grandes eléctricas.