Las claves de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados

El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. La administración ha sacado adelante la propuesta gracias a la abstención del Partido Popular tras la negativa de ERC de apoyar el proyecto de ley.

Junto con la ley de Cambio Climático, la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados constituye otro de los pilares del gobierno en la transición ecológica. El objetivo de esta nueva normativa es garantizar la protección del medio ambiente y la salud humana, favorecer la transición hacia la economía circular, prevenir el impacto de los productos de plástico en el medio ambiente, revisar la gestión de residuos, y regular el régimen jurídico de los suelos contaminados.
La norma incorpora al ordenamiento jurídico español, las directivas europeas aprobadas por el Parlamento Europeo en materia de gestión residuos. El proyecto tiene por objetivo reducir el peso de los residuos generados en un 15% en 2030, respecto al de 2010. Reducir la presencia de determinados productos de plástico de un solo uso, la gestión de los residuos municipales y la recogida separada de botellas de plástico son otras de sus metas.
Esther Padilla Ruiz, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, ha querido destacar que “ya hemos puesto en marcha una dotación específica para inversiones en economía circular de 850 millones de euros. Y hemos empezado a ejecutar con la transferencia a las comunidades autónomas de 400 millones de euros. También está previsto para el año que viene una inversión de más de 150 millones de euros para ayudar a las empresas en el tránsito al modelo circular”. Por su parte, Juan Antonio López de Uralde, diputado de Unidas Podemos, ha señalado que “el modelo actual no está resolviendo los problemas de ahí la importancia de esta nueva ley”.
Sin embargo, para el diputado del Partido Popular, Cesar Sánchez Pérez, “esta medida no solo llega tarde si no que penaliza a industrias y empresas con un claro afán recaudatorio, y pretende poner en marcha nuevos impuestos contra las recomendaciones del Banco de España y el Baco Central Europeo. No contempla el daño negativo que hace hasta a 1 millón de empresas”.

Responsabilidad en la gestión de residuos

La responsabilidad en la gestión de los residuos es uno de los cambios fundamentales de esta ley. Mientras que la Ley 22/2011 (la anterior Ley de Residuos y Suelos Contaminados) establecía un modelo de responsabilidad delegada, la nueva normativa opta por un modelo de responsabilidad compartida. Esto significa que las obligaciones del productor de los residuos no terminan hasta que quede documentado su tratamiento completo.

Una medida recomendada por la Comisión Europea a raíz de ciertas irregularidades que encontró en su análisis de la gestión de residuos peligrosos en España. El Ministerio considera que este modelo es adecuado también para los residuos no peligrosos.

En este caso el productor inicial o poseedor de los residuos puede: realizar el tratamiento por sí mismo, siempre que se disponga de la debida autorización para llevar a cabo el proceso; encargar la tarea a un gestor; o entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida y reciclaje. Además, la Comisión específica que la documentación referente a estos procesos debe digitalizarse, para agilizar su desarrollo y facilitar el control.

Flujos de residuos en construcción

La Ley también regula los flujos de residuos incluidos aquellos generados en construcción y demolición. A partir del 1 de enero de 2022 los residuos derivados de estas actividades deberán ser clasificados en las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillo, azulejo, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Además, esta organización debe llevarse a cabo preferentemente en el lugar de generación.

Según la nueva normativa, a partir del año 2024 los trabajos de demolición se harán de modo selectivo para asegurar la retirada de las fracciones de materiales mencionados anteriormente. Para que esto sea posible las empresas necesitan una estimación previa de la cantidad de estos elementos que planea extraer de la obra.

Desde el Ministerio destacan el importante papel de la construcción en la economía circular. Un ejemplo de esto es el material procedente del fresado, que una vez clasificado puede utilizarse para nuevas mezclas y reduce la necesidad de materias primas vírgenes. Pero también otros materiales como el acero, la madera, el hormigón o los áridos siderúrgicos pueden reutilizarse.

A partir del 1 de enero de 2022 los residuos generados en actividades de construcción y demolición deberán ser clasificados en las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillo, azulejo, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso

Asimismo, la nueva legislación incluye el régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor de residuos (RAP). Esta medida permite incrementar, en caso de que fuera necesario, las competencias de las empresas generadoras en el tratamiento de los desperdicios, mediante Real Decreto Ley.

Aquellos sistemas individuales y colectivos que cumplan con el régimen RAP deben poseer los recursos financieros necesarios para desempeñar sus obligaciones, sin embargo, en la regulación se incluyen mecanismos de compensación para los productores cuando el gasto supere el necesario para el cumplimiento de sus deberes. Por lo que, si bien existe una aportación mínima para esta finalidad, también existe un límite máximo.

“Creemos que es necesario ampliar el régimen de responsabilidad en toda la cadena de valor y darle obligatoriedad a esto ya que la ley no lo plantea, y lo deja en manos del real decreto que esta por aprobarse. Por otra parte, pensamos que las comunidades autónomas deben tener la competencia de regular nuevos flujos de responsabilidad ampliada” ha dicho Eritja Ciuró de ERC.

Impuesto a los vertederos

Otro cambio fundamental en la nueva ley está en la incineración, coincineracion o la deposición de residuos en vertederos. Esta nueva normativa establece un impuesto para estas prácticas que tiene por objetivo desincentivar las opciones menos respetuosas con el medio ambiente.

Una legislación que se aplica en todo el territorio nacional, aunque ya estaba en vigor en Cataluña. El coste de esta tasa impositiva está definido por el peso en toneladas métrica de los residuos depositados en el vertedero. Aquellos residuos que sean entregados en estas instalaciones y tengan la obligación legal de ser eliminados allí están exentos de este impuesto. Ya que no lograría el objetivo que busca de redirigir los desechos hacia opciones más favorables desde el punto de vista ambiental. El debate por el control de este canon a los vertederos ha supuesto que ERC, a priori aliado del gobierno, vote en contra de esta ley.

Suelos contaminados

Respecto a la regulación relativa a los suelos contaminados, la nueva norma mantiene lo previsto en el anterior régimen jurídico respecto a las actividades potencialmente contaminantes para los suelos y los procesos para su recuperación. Existe así la posibilidad de descontaminación y recuperación de los terrenos, o bien de forma convencional, o bien a través de la vía voluntaria.

Este proceso incluye como novedad el “Inventario Estatal de Descontaminaciones Voluntarias”, que utiliza los datos de las distintas comunidades autónomas para cumplir con las obligaciones de información estipuladas por la Unión Europea.

Fin de los plásticos de un solo uso

Una de las novedades que más revuelo ha causado es el impuesto sobre los plásticos de un solo uso. La nueva norma pretende reducir el uso de estos productos un 70% en 2030. Un proyecto ambicioso que constituye una de las principales medidas de la Comisión Europea.

Según el Ministerio, esta directiva para los plásticos de un solo uso tiene por objetivo avanzar hacia un sector del plástico más circular y luchar contra la contaminación marina derivada de estos plásticos y de las técnicas de pesca que contienen plástico.

Este impuesto de aplicación en todo el territorio nacional afecta a la fabricación, la importación y la adquisición de este tipo de productos. Un tipo fijado en 0,45 euros el kilo de plástico no reutilizable. Por lo tanto, esta nueva norma especial sobre envases de plástico no reutilizable regula todos los productos de este tipo que sirvan para contener artículos o envolver bienes y productos alimenticios.

El sistema de depósito devolución y retorno (SDDR) también ha sido objeto de debate durante la sesión. Este sistema se basa en cobrar al consumidor un depósito al adquirir un producto embotellado, un dinero que recupera cuando devuelve la botella vacía.

Finalmente, su aplicación queda sujeta a unos objetivos que, “no estamos cumpliendo. Esto será una mejora sustancial en la recogida de residuos. Un sistema que ya se está aplicando en muchos países de nuestro entorno con unos índices de recuperación altísimos. Alemania tiene unos índices del 95% asique creo que es motivo para la celebración que esto se ponga en marcha y esperamos que lo haga cuanto antes”, ha dicho López de Uralde.

Estas políticas en lo relativo a la gestión de residuos y economía circular se adoptan ya que, “el vertedero sigue siendo el principal destino y se aprecia un ligero aumento de la generación de residuos municipales por habitante. España ocupa la 4ª posición en países de la UE-27 con mayor contribución de residuos (el 10% del total). La tasa de circularidad en España fue del 10% en 2019, por debajo de la media europea del 11,8%, aunque desde 2015 se detecta una tendencia al alza”, según el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Sin embargo, desde organizaciones como CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios) en su “informe sobre la ley de residuos y las personas consumidoras” pide a los grupos parlamentarios “más ambición y énfasis” en estas políticas. “Los consumidores españoles están cada vez más concienciados del impacto ambiental de sus decisiones, pero el coste de la transición ecológica no debe recaer exclusivamente sobre ellos”, ha indicado CECU.

Una posición que durante la sesión han mantenido muchos de los grupos parlamentarios. “Tenemos que ser ambiciosos, pero con esta ley nos vamos a quedar cortos. La sostenibilidad es un problema global y requiere soluciones globales”, ha dicho María Carmen Martínez, parlamentaria de Ciudadanos.

Por último, Padilla Ruiz ha recordado que el objetivo es “garantizar el crecimiento económico sostenible, la creación de empleos de calidad, el consumo sostenible de recursos y un mayor bien estar. Porque debemos cumplir con los objetivos de la UE y los compromisos que adquirimos para poder acceder los fondos Next Generation”.