El coste social

Si hay algo que desde los inicios de la ciencia económica ha distorsionado la dialéctica de los economistas éste ha sido el concepto de coste social. Tal vez habría que excluir de esta consideración a la escuela austriaca y su actual bifurcación hacia la concepción anarcocapitalista de la economía. Viene todo esto a cuento de un reciente artículo periodístico en el que se disertaba sobre el monto de pérdidas arrastradas por Navantia y el consecuente lastre que ello suponía para las cuentas públicas. Se comentaba la preocupante deuda que Navantia mantenía con su único accionista (SEPI) que ya ascendía a los 2.000 millones de euros vía préstamos participativos. De modo un tanto ingenuo el artículo sugería vagamente la posibilidad de dar pasaporte a mejor vida a este complejo industrial nacido como un proyecto del franquismo crepuscular impulsado por el lobby de la ingeniería naval española allá por los primeros años setenta del siglo pasado.

Desde un punto de vista meramente técnico parecería razonable proceder a la liquidación de una mercantil habituada a los números rojos y cuyo balance arroja una imagen de quiebra técnica. Sin embargo, Navantia no se configura como una mercantil al uso. Diseñada como reserva tecnológica naval de nuestra Armada, Navantia supera la categoría de compañía mercantil al uso. Si un país aspira a mantener su independencia tecnológica militar debe asumir unos costes que, en realidad, deberían considerarse como una inversión en seguridad. Este paradigma nos llevaría a contemplar los resultados económicos de la compañía bajo una óptica más benévola y menos preocupante aceptando las pérdidas como un coste necesario para un país que debería aspirar a afianzar su posición en el mundo.

Ocurre que, desgraciadamente, este enfoque choca con la realidad de unos gobiernos que, desde el inicio de la Transición, ha menospreciado la atención a sus fuerzas armadas vía presupuestos generales del Estado. Todo ello cuando no se han involucrado en proyectos tan arriesgados como el submarino S-80. Por otro lado, respecto a la reserva tecnológica que se supone aporta Navantia, expertos en el tema vienen mostrando su preocupación por la excesiva externalización tecnológica a la que viene recurriendo últimamente la compañía.

Existe además un factor que obliga al mantenimiento del actual modelo que sostiene a Navantia. Es el factor social. Según datos del artículo al que hacíamos referencia Navantia mantiene 5.000 empleos directos a los que cabría añadir los puestos de trabajo indirectos afectos a la industria auxiliar de la que se nutre. Se calcula que cada empleo directo genera 7 indirectos y que más de 130 empresas participan en su cadena de suministros. ¿Se imagina alguien a un gobierno procediendo a desmantelar semejante conglomerado industrial y a soportar, día sí y día también, aperturas de telediario con imágenes como las acaecidas en los ya lejanos años de la reconversión industrial? Sencillamente impensable.

Dicho lo dicho, seamos también sinceros y otorguemos una mirada más generosa a Navantia porque su situación financiera no difiere de la de otros grandes conglomerados cuyos balances nos muestran las mismas miserias. Compañías como El Corte Inglés o Telefónica, salvo por su especificación privada, no se diferencia en mucho de Navantia. ¿Puede concebir alguien la disolución de alguna de estas compañías? No habría gobierno que lo soportase.

Al final va a ser cierto aquello de que cuando le debes 100.000 euros a un banco, tienes un problema, pero cuando le debes 150 millones, el problema lo tiene el banco.