Las comunidades energéticas en España alcanzan 837 iniciativas activas
El Observatorio Energía Común presentó el 20 de mayo en el espacio Infinito Delicias de Madrid el III Informe de Indicadores de Comunidades Energéticas para visibilizar cómo la ciudadanía impulsa la transición energética local mediante un crecimiento del 27% en el último año gracias al respaldo de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC). El documento, elaborado de forma conjunta por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) junto a Redeia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detalla la existencia de 837 iniciativas activas en 2025, lo que representa un incremento neto de 182 organizaciones respecto a los años anteriores.
Marcos Boj, coordinador de Energía Común en Ecodes, fue el encargado de presentar el informe.
El 27% de las comunidades energéticas cuentan actualmente con instalaciones de autoconsumo colectivo plenamente operativas
La mitad de las comunidades energéticas existentes en España se constituyeron durante los dos últimos años, coincidiendo con el despliegue de las OTC y la dinamización territorial. Los datos estadísticos expuestos muestran que uno de cada diez de los municipios españoles cuenta con alguna comunidad energética en activo. La distribución geográfica mantiene una concentración elevada en Cataluña, Comunitat Valenciana, País Vasco y Navarra, que continúan siendo las comunidades con mayor número de iniciativas; no obstante, el estudio identifica una aceleración notable en el ritmo de constitución interna dentro de Asturias, Canarias y Extremadura.
El análisis realizado sobre el grupo de control del observatorio, que reúne a las comunidades energéticas que aportaron información completa sobre su actividad, indica que el 27% cuenta actualmente con instalaciones de autoconsumo colectivo plenamente operativas. Mientras que el resto de las iniciativas están en fases de tramitación administrativa, desarrollo técnico o despliegue de infraestructuras básicas. Aunque el autoconsumo se mantiene como el principal ámbito de actuación de estas iniciativas, el estudio muestra un avance hacia las actividades vinculadas a la movilidad sostenible, el almacenamiento energético y la rehabilitación térmica de inmuebles residenciales.
La directora de Desarrollo Sostenible de Redeia, Laura Quintana, afirmó que “los datos del informe confirman que las comunidades energéticas se consolidan como una herramienta real y positiva de transformación, que acelera la transición energética gracias a la participación activa de la ciudadanía, con beneficios directos en su entorno. Estamos comprometidos con impulsar este tipo de proyectos clave para construir un modelo energético más sostenible, inclusivo y resiliente, capaz de generar oportunidades y cohesionan en el territorio”.
Retos normativos y gobernanza
La expansión de estos proyectos exige acelerar la aprobación de un marco normativo definitivo que regule su actividad. Las reformas que se han llevado a cabo en lo que llevamos de año han ampliado el radio de actuación a 5 kilómetros y la potencia a 5 megavatios; no obstante, la falta de un reglamento definitivo y de registros coordinados impide que los impulsores pongan en marcha proyectos industriales o de gestión de la demanda.
La directora de Comunidades Energéticas y Electrificación en UNEF, Paula Santos, defendió la necesidad de otorgar ventajas adicionales a estas iniciativas debido a que sus características difieren de los proyectos eléctricos convencionales. En este sentido, enfatizó en la urgencia de diseñar un marco legislativo coherente que evite duplicidades y cuya prioridad regulatoria sea la puesta en marcha de un registro oficial unificado para el sector.
Durante la primera mesa se analizaron los indicadores del informe.
Impacto social y equidad distributiva
La dimensión comunitaria de estas organizaciones se refleja en sus objetivos de equidad distributiva, puesto que el 51% de las comunidades analizadas desarrolla o prevé desarrollar medidas para combatir la pobreza energética. Este apoyo a los consumidores vulnerables hace que las comunidades energéticas los proteja de las desigualdades del mercado eléctrico tradicional, cumpliendo con los objetivos de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
Por otra parte, la gobernanza interna de las entidades muestra una progresión en indicadores de diversidad, puesto que en 2025 una de cada tres personas que forman parte de juntas directivas o consejos rectores de comunidades energéticas son mujeres. Aunque, la participación femenina en puestos de alto cargo sigue siendo limitada.
El director general de Ecodes, Juan Ortiz, manifestó que “las comunidades energéticas están demostrando que la transición energética puede construirse desde el territorio y con la ciudadanía en el centro. La consolidación que refleja este informe confirma que existe una demanda social clara de participar en un modelo energético más democrático, justo y cercano. Estas iniciativas no solo impulsan renovables, también generan cohesión social y nuevas oportunidades para municipios y barrios. El reto ahora es consolidar este avance, eliminando barreras administrativas y regulatorias para que más proyectos puedan pasar de la planificación a la puesta en marcha efectiva”.
Financiación pública y soporte institucional
Las ayudas públicas estatales permitieron activar estos proyectos tanto en el campo como en las ciudades; de hecho, el 60% de los fondos se destinó a municipios catalogados como zonas de reto demográfico.
El director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Miguel Rodrigo, argumentó que “en un contexto en el que la transición energética exige acelerar un despliegue renovable que beneficie a las personas y a los territorios, reforzar la resiliencia del sistema y garantizar que nadie se queda atrás, las comunidades energéticas representan un instrumento estratégico. Porque la transición energética no es solo un proceso tecnológico o regulatorio; es, ante todo, un proyecto colectivo que hemos acompañado desde el IDAE con las ayudas de los programas CE Implementa y CE Oficinas, que han beneficiado a 262 comunidades energéticas con 108,4 millones de euros y han propiciado la creación de 74 OTC con otros 18,4 millones”.
El estudio del Observatorio Energía Común concluye que las comunidades energéticas impulsan la innovación social dentro del ecosistema energético español, al unificar la producción de energía limpia, el control ciudadano del consumo y el desarrollo económico local.
