La Cátedra Fundación Repsol del Icai de la UPC analizó como la evolución energética conlleva también una serie de consecuencias no deseadas

El análisis, elaborado en el marco de la Cátedra Fundación Repsol de Transición Energética de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Icai) de la Universidad Pontificia Comillas, identifica una serie de efectos colaterales en los ámbitos político, económico, social y medioambiental derivados del proceso de descarbonización. El estudio ha sido desarrollado por Marta de Paz, estudiante de ICAI, junto con Carlos de Miguel, profesor titular de la Cátedra de Transición Energética, y Susana Ortiz, profesora titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, quienes examinan cómo la transición hacia tecnologías bajas en carbono puede generar nuevas dependencias geopolíticas, presiones económicas y desafíos ambientales que requieren una gestión coordinada.

Entre las conclusiones más relevantes del documento destaca que el despliegue acelerado de tecnologías limpias está incrementando la dependencia de materias primas críticas —como litio, cobalto o tierras raras— concentradas en un número reducido de países, lo que introduce nuevas tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados. Asimismo, el estudio advierte de posibles efectos económicos y sociales, como el encarecimiento de la energía, el riesgo de pobreza energética o el impacto laboral en regiones dependientes de los combustibles fósiles, así como impactos ambientales asociados a la intensificación de la actividad minera y al uso intensivo de recursos naturales en determinadas tecnologías energéticas. En este contexto, los autores subrayan la necesidad de políticas coordinadas, economía circular y desarrollo tecnológico para garantizar que la transición energética sea sostenible y socialmente equilibrada.

La transición energética incrementado la dependencia global de las materias primas críticas, como litio, cobalto o tierras raras. Diseñado por Freepik.

Según el estudio, la transición energética ha intensificado la dependencia de materias primas críticas (MPC) como el litio, el cobalto o las tierras raras, lo que genera importantes efectos políticos.

Por un lado, esta situación provoca dependencia geopolítica, ya que la producción y el procesamiento de estos recursos están concentrados en países concretos, como China o la República Democrática del Congo. Esto aumenta la vulnerabilidad de los países importadores, dado que quedan expuestos a posibles interrupciones del suministro o decisiones estratégicas de los países productores. En este contexto, el Consejo Europeo aprobó ya hace dos años el Reglamento de Materias Primas Fundamentales, con el objetivo de aumentar y diversificar el suministro de materias primas fundamentales, reforzar la circularidad y apoyar la investigación e innovación en relación con el uso eficiente de los recursos y el desarrollo de sustitutos.

En este contexto, el aumento de la demanda de estas materias se refleja en una subida de precios y una mayor volatilidad en el mercado, lo que no solo encarece las tecnologías limpias, sino que también puede ralentizar la transición energética, especialmente en países con menos capacidad económica.

Además, esta dependencia tiene un impacto directo en la seguridad nacional y en la estabilidad de sectores estratégicos, puesto que industrias clave como la automoción o la electrónica dependen del suministro de estos materiales. Por ello, muchos gobiernos ya han comenzado a considerar el acceso a materias primas críticas como una cuestión prioritaria.

Por otro lado, la concentración geográfica de estas materias primas supone otro problema, puesto que está transformando las relaciones internacionales y generando nuevas dinámicas geopolíticas.

De esta forma, se están creando nuevas alianzas estratégicas: los países consumidores quieren diversificar sus fuentes de suministro y reducir su dependencia de actores considerados poco fiables. Esto ha generado acuerdos e inversiones en regiones como África, América Latina u Oceanía, así como el impulso de tecnologías de reciclaje y alternativas materiales. Sin embargo, esta competencia también genera tensiones, ya que varios países intentan asegurar el acceso a los mismos recursos y en las mismas regiones.

En adición, la capacidad de los países productores para imponer restricciones comerciales o políticas proteccionistas puede derivar en represalias comerciales y conflictos diplomáticos. Un ejemplo es el uso de limitaciones a la exportación por parte de algunos países, lo que obliga a las economías dependientes a replantear sus estrategias y reforzar su autosuficiencia. Esto ocurre en el conflicto entre China y Estados Unidos, donde China ha limitado la exportación de tierras raras, provocando tensiones comerciales y obligando a otras economías, como la Unión Europea, a buscar mayor autosuficiencia por las medidas proteccionistas de Estados Unidos.

Las nuevas dependencias derivadas de la transición energética tiene un impacto directo en la seguridad nacional y en la estabilidad de sectores estratégicos, como la automoción o la electrónica. Diseñado por Freepik.

La transición energética también introduce cambios en la economía y la sociedad, ya que es un proceso que implica costes, ajustes estructurales y nuevas desigualdades que no solo afectan a países o empresas, sino también a los ciudadanos.

Uno de los efectos es el incremento del precio de la energía. Por una parte, a nivel macroeconómico, esto se traduce en: inflación generalizada, subida de tipos de interés, deterioro de la balanza comercial en países importadores, aumento de la desigualdad entre economías y mayor presión sobre la deuda pública debido a políticas de apoyo. Por otra parte, a nivel microeconómico: las empresas ven reducida su rentabilidad (especialmente en sectores intensivos en energía), mientras que los hogares ajustan su consumo por el encarecimiento de los suministros, se incrementa la pobreza energética, se dificulta el acceso a inversiones en eficiencia, aumenta el riesgo financiero empresarial, surgen tensiones laborales y puede aparecer una resistencia social a la transición energética si es entendida como causa del encarecimiento de la vida.

A su vez, es claro el impacto sobre las industrias del petróleo, carbón y gas. La reducción de la demanda de combustibles fósiles genera pérdida de empleo, cierre de instalaciones y declive económico en regiones dependientes de estas actividades, ya que provoca desplazamientos de población hacia otras zonas con más oportunidades. En países en desarrollo, la situación es aún más compleja, ya que muchos carecen de recursos para adoptar energías limpias y permanecen dependientes de importaciones fósiles. Además, no solo se ven afectadas estas industrias, sino también sectores auxiliares como el transporte marítimo, la logística, la petroquímica o los servicios especializados, que dependen de los combustibles fósiles.

La falta de coordinación también genera riesgos. Si la reducción de la oferta de hidrocarburos no va acompañada de un crecimiento suficiente de las energías renovables, se pueden dar subidas de precios y problemas de suministro. En el ámbito de las renovables, la ausencia de infraestructuras adecuadas de transporte y almacenamiento puede provocar sobrecargas en la red eléctrica, pérdidas de energía o dependencia de fuentes fósiles como respaldo. De hecho, esta situación se dio en España con el apagón del pasado año. Asimismo, la escasez de materias primas críticas y la competencia por estos recursos pueden encarecer la transición.

El informe apunta como la reducción de la demanda de combustibles fósiles supondrá el declive económico en las regiones más dependientes de estas actividades. 

Aunque pueda resultar incongruente, la transición energética también tiene efectos medioambientales que derivan principalmente del aumento de la demanda de recursos naturales y de la implantación de nuevas tecnologías.

Un ejemplo es el caso de la actividad minera, que ha intensificado debido al aumento de la demanda de materias primas. La extracción de elementos como tierras raras implica procesos contaminantes, con uso intensivo de productos químicos y generación de residuos peligrosos que afectan al suelo, al agua y a la biodiversidad. Además, en muchos países con regulaciones ambientales débiles, estas prácticas pueden desarrollarse sin control suficiente, provocando daños en los ecosistemas.

Otro caso es la disminución de la calidad de los yacimientos, que obliga a explotar recursos menos concentrados, por lo que incrementan los impactos ambientales. Esto implica un mayor consumo de energía en los procesos extractivos, lo que puede aumentar las emisiones de carbono, contradiciendo parcialmente los objetivos de sostenibilidad. Asimismo, se requiere un uso más intensivo de agua, lo que puede generar conflictos en zonas con escasez hídrica.

Ante estos problemas, se plantea la necesidad de aplicar políticas de economía circular y desarrollar alternativas sostenibles. El reciclaje de materiales críticos, como baterías o dispositivos electrónicos, permite reducir la presión sobre la minería y aprovechar recursos ya existentes. Además, la investigación en nuevos materiales puede disminuir la dependencia de elementos escasos. También se propone mejorar la eficiencia en el uso de recursos y regular prácticas como la obsolescencia programada, con el objetivo de alargar la vida útil de los productos y reducir la generación de residuos.

El documenbto señala que "el uso excesivo del agua en ciertas tecnologías renovables supone un desafío ambiental". 

Por otro lado, la producción de biocombustibles presenta impactos ambientales y sociales. El uso de cultivos como maíz o soja para producir energía genera competencia con la producción de alimentos, lo que puede elevar sus precios y afectar a la seguridad alimentaria. Además, la expansión de estos cultivos puede provocar deforestación y pérdida de biodiversidad, especialmente en regiones sensibles.

El uso intensivo del agua en ciertas tecnologías renovables también supone un desafío ambiental. La producción de hidrógeno mediante electrólisis requiere grandes cantidades de agua, lo que puede generar tensiones en zonas con escasez hídrica. Asimismo, la construcción de infraestructuras hidroeléctricas implica la ocupación de grandes superficies y la alteración de ecosistemas acuáticos. Estos cambios afectan a la biodiversidad, modifican los ciclos naturales del agua y pueden perjudicar a comunidades que dependen de estos recursos.

Finalmente, se subraya la necesidad de aplicar políticas integrales que garanticen la sostenibilidad del proceso. Entre ellas destacan el impulso de biocombustibles de segunda y tercera generación, que no compiten con alimentos, la gestión eficiente del agua en la producción energética y la evaluación rigurosa de los proyectos hidroeléctricos. Estas medidas buscan equilibrar los beneficios de la transición energética con la protección del medio ambiente y los recursos naturales.