Conama 2024 publica su informe: ‘Una visión coral del conocimiento ambiental’
El informe Conama 2024 de la Fundación Conama (Comisión Nacional del Medio Ambiente), titulado ‘Una visión coral del conocimiento ambiental’, presenta una radiografía precisa del momento actual en materia ambiental y climática. Desde una perspectiva técnica y colaborativa, recoge aportaciones de múltiples sectores sociales, institucionales y empresariales con el objetivo de consolidar un nuevo modelo de desarrollo más sostenible, justo y competitivo. En este contexto, nace uno de los ejes estructurales destacados, el ‘Clean Industrial Deal’, una extensión del Pacto Verde Europeo presentada en los primeros cien días de la nueva Comisión Europea, cuyo propósito es doble: por un lado, simplificar la regulación y facilitar el acceso a una energía asequible y segura; por otro, promover tecnologías limpias y estratégicas a través de la coordinación de políticas energéticas, industriales y comerciales, con incentivos claros a las empresas. Se trata de una iniciativa diseñada para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y para reforzar la competitividad y la resiliencia económica de la Unión Europea.
El informe Conama 2024 de la Fundación Conama (Comisión Nacional del Medio Ambiente), titulado ‘Una visión coral del conocimiento ambiental’, presenta una radiografía precisa del momento actual en materia ambiental y climática.
Las empresas españolas que participaron en el informe insisten en que la transición energética debe construirse sobre unos principios básicos. El primero es la necesidad de conjugar competitividad industrial con descarbonización. Para ello, es imprescindible desplegar tecnologías limpias, fomentar la innovación y reducir emisiones sin comprometer la capacidad productiva y competitiva de las empresas.
El marco regulatorio debe garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica, evitando cambios retroactivos que disuadan la inversión. Además, se reclama una armonización normativa efectiva entre los Estados miembros para prevenir asimetrías y distorsiones del mercado interior.
El Clean Industrial Deal plantea la creación de rutas de transición sectoriales, elaboradas mediante diálogos estructurados con expertos del sector, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Según Conama, estas rutas deben servir para alinear esfuerzos públicos y privados en una hoja de ruta compartida hacia una industria baja en emisiones. Esta nueva estrategia europea prioriza dos sectores fundamentales. Por un lado, las industrias intensivas en energía, que sufren con especial intensidad el impacto de los elevados costes energéticos y la presión de la competencia global. Por otro lado, el sector de tecnologías limpias, esencial para acelerar la descarbonización y la innovación industrial.
Otro de los principios señalados en el documento es la neutralidad tecnológica. El informe subraya que todas las tecnologías que puedan contribuir a la transición deben tener las mismas oportunidades de desarrollo, siempre que sean viables y eficientes. De esta forma, este enfoque exige también una fiscalidad coherente y armonizada a nivel europeo, que favorezca el desarrollo de soluciones eficientes y no penalice el avance tecnológico. La competitividad industrial y la sostenibilidad, reitera el informe, no pueden avanzar por separado.
El informe identifica en la colaboración público-privada una de las herramientas clave para hacer viable la transición. Esta cooperación puede acelerar el flujo de inversiones, facilitar el desarrollo de infraestructuras necesarias y aumentar el impacto positivo en el empleo y en las economías locales.
Además, se destaca la necesidad de canalizar financiación hacia proyectos industriales de alto impacto, repartiéndose los riesgos entre ambos sectores y haciendo que la inversión a largo plazo resulte más atractiva. La administración pública, en este contexto, debe desempeñar un papel ejemplar, liderando con el ejemplo e impulsando políticas innovadoras.
Autonomía estratégica y materias primas críticas
Un eje esencial de Conama 2024 es la autonomía estratégica de la Unión Europea en relación con las materias primas fundamentales. Se advierte que muchas de estas materias —claves para la transición ecológica y digital— provienen de un número muy reducido de países, lo que representa un riesgo creciente en un contexto geopolítico volátil. El informe defiende la necesidad de diversificar las fuentes de suministro y reforzar las capacidades industriales europeas a lo largo de toda la cadena de valor. Se propone también elaborar listas nacionales adicionales de materias primas críticas en función de las necesidades específicas de cada país, contribuyendo así a garantizar el abastecimiento de recursos estratégicos.
El informe subraya que todas las tecnologías que puedan contribuir a la transición deben tener las mismas oportunidades de desarrollo, siempre que sean viables y eficientes.
Simplificación administrativa e impulso normativo
Para hacer realidad el Clean Industrial Deal, el informe subraya la urgencia de simplificar y flexibilizar los procesos administrativos que afectan al desarrollo de proyectos industriales. Esta simplificación debe adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos y a las nuevas demandas del mercado, manteniendo la coherencia, credibilidad y transparencia del marco regulatorio.
En esta línea, se insiste en que las nuevas normas deben ser compatibles con la legislación existente, fáciles de entender y transparentes en su implementación. Esta claridad normativa es imprescindible para facilitar que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones de forma efectiva y sin incertidumbre.
Financiación para la transición y papel del BEI
En materia de financiación, el informe recupera las conclusiones del informe Draghi, que evidencian un déficit en los recursos disponibles para acelerar la transición energética. Aunque el Fondo de Innovación ha contribuido de forma decisiva, no es suficiente para afrontar el reto estructural de inversión que requiere este cambio de modelo.
El próximo Fondo de Competitividad de la UE deberá contar con dotación suficiente para resultar eficaz. En este escenario, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) aparece como un actor central para canalizar financiación hacia proyectos estratégicos, reducir riesgos y atraer capital privado.
El director general de Planificación y Coordinación Energética del Miteco, Victor Marcos, destacó que el Pniec 2023-2030) prevé una reducción del 30% de las emisiones del transporte respecto a 2019.
Justicia social y educación ambiental para una transición justa
La transición ecológica debe ser, ante todo, justa. Así lo expresa el informe al abordar las desigualdades territoriales, sociales y de género que podrían ampliarse si no se actúa con visión redistributiva. En España, la Estrategia de Transición Justa aprobada en 2019, liderada por el Instituto para la Transición Justa, permitió avances significativos en la reconversión de zonas afectadas por el cierre de minas e infraestructuras asociadas al carbón.
Carlos Martínez Camarero, de CCOO, valoró positivamente que esta estrategia haya reforzado la colaboración entre empresas, población y administración, destacando además el papel central del sector primario y terciario en el equilibrio territorial.
Conama 2024 también pone el foco en la necesidad de reforzar la educación y la comunicación ambiental. Ambos elementos son considerados herramientas fundamentales para lograr una ciudadanía más informada, consciente y activa frente a los retos ambientales.
Asimismo, se destaca el valor del litigio ambiental como mecanismo para garantizar el cumplimiento de la legislación. La directora de ClientEarth España, Soledad Gallego, subrayó que “el litigio ambiental no significa una derrota, se trata, más bien, de una herramienta valiosa para el avance social”. Expertos de diversas áreas coinciden en que esta vía debe utilizarse para fomentar la cooperación y no como un instrumento puramente confrontativo.
Energía, transporte y renovables: claves de la descarbonización
La relación entre urbanismo, salud pública y sostenibilidad es otro de los grandes bloques del informe. La directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, María Teresa Verdú Martínez, recordó que desde 2019 España dispone de una guía estratégica para ayudar a las entidades locales a planificar sus territorios en línea con los compromisos nacionales e internacionales.
El Barómetro Conama, publicado en junio de 2024, identifica el cambio climático como el principal desafío ambiental. La transición energética sigue siendo la principal herramienta para mitigar sus efectos, con dos pilares fundamentales: el ahorro y la eficiencia en la demanda, y el despliegue de energías renovables en la oferta.
El director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Victor Marcos, destacó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec 2023-2030) prevé una reducción del 30% de las emisiones del transporte respecto a 2019. Para lograrlo, el informe menciona herramientas como los planes Moves, el Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).
Sin embargo, también se recoge el descontento social en relación con algunos proyectos de renovables, resumido en el lema ‘Renovables sí, pero así no’. Se denuncian procesos poco participativos y la escasa sensibilidad hacia el territorio y sus necesidades locales.
El informe señala la necesidad de escalar herramientas de detección de pobreza energética para planificar acciones de rehabilitación residencial en los entornos más afectados.
Lucha contra la pobreza energética y rehabilitación urbana
La pobreza energética sigue siendo una realidad presente. El informe señala la necesidad de escalar herramientas de detección de vulnerabilidad y planificar acciones de rehabilitación residencial en los entornos más afectados. Las administraciones locales, aunque infrafinanciadas, están logrando avances mediante iniciativas directas y prácticas innovadoras.
Se propone que las rehabilitaciones sean gestionadas por entidades públicas o sociales para evitar que las ayudas generen problemas fiscales a los hogares más vulnerables. También se recomienda establecer incentivos a la rehabilitación y desincentivos a la inacción, para no premiar a los propietarios que no invierten en mejorar la eficiencia energética de sus edificios.
