La calidad de los servicios como clave en su desarrollo e integración con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad (Parte II)
Jorge Salgueiro.
Es una realidad que las empresas de seguridad, como cualquier sector empresarial, ha adoptado —bien por exigencia normativa, bien por voluntad propia— políticas y procedimientos de cumplimiento normativo a nivel interno con las formalidades propias de un proceso de certificación. Pero tampoco debe ignorarse que dichas políticas y procedimientos de cumplimiento normativo no son objeto de seguimiento a nivel interno de forma real por las empresas, debido a una serie de factores tales como no tener identificadas suficientemente las áreas críticas de negocio mediante feedback y datos reales, no tener definidos y medidos los objetivos y los fines (los del artículo 4 de la LSP son claves para la integración y generación de una confianza con las FCS), no haber asumido las nuevas políticas y protocolos como acción de mejora y satisfacción frente al cliente (personalización en el servicio) y, lo más importante, no haber capacitado al personal a estos nuevos cambios como motor de crecimiento dentro del modelo de la integración de la seguridad privada en nuestra seguridad pública.
La seguridad privada debe evolucionar hacia un modelo de gestión basado en la integración efectiva con la seguridad pública
Todas estas acciones e iniciativas adoptadas por las empresas de seguridad son comunes a cualquier empresa en España y ello ante los cambios provocados por las nuevas tecnologías y la transformación digital. El hecho diferencial es que la actividad de las empresas y personal de seguridad como actividad subordinada y complementaria de la seguridad pública debe dirigirse de forma principal a la consecución de los fines y objetivos previstos legalmente ya citados, que se traducen en la prevención e intervención ante la amenazas y riesgos con la seguridad nacional, la comisión de hechos delictivos y en la transmisión de información veraz para que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad puedan cumplir su mandato constitucional de garantizar el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades.
Avanzar en esta integración real de la seguridad privada con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad requiere que que nuestra autoridad de supervisión y control perfeccione y desarrolle los llamados Planes de Colaboración RED AZUL o COOPERA, a través de una integración de la tecnología público-privada con proyectos de transferencia de conocimiento que conecten a nuestra Administración Policial con las empresas y personal de seguridad para adoptar tecnologías emergentes en los servicios de seguridad que prevengan de forma real la comisión del delito.
Es claro que el desarrollo del proyecto citado implica para nuestra Administración competente un esfuerzo traducido en una simplificación de los procedimientos administrativos y aprovechamiento el marco normativo vigente, cada vez más transversal. Ejemplos de planes colaborativos están a disposición de nuestra Administración a través de los proyectos desarrollados por Agencia Estatal de Investigación a través del Ministerio de la Ciencia en España. Para avanzar en dichos planes de colaboración como en cualquier plan, es preciso analizar los actores visualizando relaciones y prioridades, definir el grado de participación, elaborar la estrategia conjunta y, por último, crear el marco de la planificación colaborativa conjunta consolidando la alianza pública y privada.
