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Faconauto pide un acuerdo político para asegurar la recuperación y el futuro industrial de la automoción

10/03/2026

El Congreso Faconauto 2026, celebrado a primeros de marzo en Ifema Madrid y que reunió a más de 2.000 profesionales del sector y a 70 empresas patrocinadoras, puso sobre la mesa la propuesta de avanzar hacia un gran acuerdo político que garantice la estabilidad regulatoria y el futuro industrial de la automoción en España. La patronal de los concesionarios plantea que este acuerdo se base en el Plan Auto 2030 y pueda evolucionar hacia un Pacto de Estado para el sector.

Durante el encuentro, la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, señaló que 2025 marcó un punto de inflexión para la distribución oficial tras cinco años de presión regulatoria, caída de la demanda y cambios tecnológicos. “Por fin empezamos a ver la luz al final del túnel gracias a las políticas de estímulo a la demanda”, afirmó. La dirigente recordó que en los últimos cinco ejercicios España ha perdido 1,8 millones de matriculaciones, lo que equivale aproximadamente a un año y medio de ventas.

Los datos del sector reflejan una recuperación progresiva. En 2025 la red de concesionarios alcanzó los 2.255 puntos de venta, la cifra más alta de la última década, con una facturación de 53.662 millones de euros, un 10,9% más que el año anterior, y 166.300 empleos directos. Ese ejercicio se crearon además 2.500 puestos de trabajo netos y, en los últimos cinco años, el empleo en los concesionarios ha aumentado en 14.075 personas.

Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, durante su intervención en el Congreso Faconauto 2026
Marta Blázquez, presidenta de Faconauto, durante su intervención en el Congreso Faconauto 2026.

Faconauto considera que la transformación del sector exige inversiones a largo plazo que solo son viables con un marco normativo estable. En este sentido, el acuerdo político propuesto debería abordar ámbitos como la política industrial, la energía y las infraestructuras de recarga, la formación y el relevo generacional, la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, la fiscalidad del automóvil y la renovación del parque móvil.

Blázquez subrayó que la transición hacia la movilidad eléctrica debe adaptarse a la realidad económica de las familias y las pymes y defendió el principio de neutralidad tecnológica. “Es el momento de consolidar un marco estable que permita planificar inversiones, proteger el empleo y reforzar el peso industrial de España en Europa. La transformación no puede depender de ciclos políticos: necesitamos reglas claras, una hoja de ruta compartida y compromisos presupuestarios que aporten seguridad”, concluyó.

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