Amat presenta su Informe de Absentismo Laboral correspondiente a 2022 y 3 primeros trimestres de 2023

La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat) presenta el informe ‘Absentismo Laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC)’ con el avance de los tres primeros trimestres de 2023 y el ejercicio 2022, en el que se analizan los principales indicadores del absentismo laboral derivado de enfermedades comunes y accidentes no Laborales a nivel nacional.

Con respecto al Gasto en Prestaciones económicas de Seguridad Social a cargo de las Mutuas por bajas laborales derivadas de Enfermedades Comunes y Accidentes no Laborales, se aprecia un incremento a septiembre de 2023 del 14,66%, lo que equivale a 802 millones de euros más respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.

El coste directo que conlleva a las empresas estas bajas laborales a septiembre del 2023 creció un 16,20%, lo que equivale a 675 millones de euros más respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.

El total acumulado de estos gastos es aproximadamente de 1.480 millones de euros más en los nueve primeros meses de 2023 con respecto al mismo periodo de 2022, es decir, un 15% más.

Con los datos de los tres primeros trimestres se estima que, en 2023, las bajas laborales derivadas de enfermedades comunes y accidentes no laborales supondrán un gasto en prestaciones económicas de la Seguridad Social y un coste directo para las empresas de aproximadamente 25.000 millones de euros.

La duración media de estas bajas laborales en 2023 apenas desciende en 1,5 días respecto con las del mismo periodo de 2022. El 12% de los trabajadores concentran aproximadamente el 60% de los procesos de baja por enfermedad o accidente no laboral.

En el colectivo de trabajadores protegidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las bajas laborales en vigor por enfermedad común oaccidente no Laboral con duración superior a 365 días, desde enero a septiembre de 2023, es alarmantemente creciente.

Igualmente cabe señalar las bajas laborales en vigor derivadas de Enfermedades Comunes y Accidentes no Laborales con una duración superior a 545 días y a 730 días, ya que han sufrido un aumento muy importante en este último año. Respecto de las bajas laborales en vigor con una duración superior a 545 días, en 2023 son más de 32.300 bajas diarias, y supone un gasto anual, a partir del día 545, en prestaciones económica de Seguridad Social de más de 630 millones de euros, con una duración media de 612 días. Asimismo, para las 3.100 bajas laborales en vigor diarias con una duración superior a 730 días, el gasto anual en Prestaciones económicas de Seguridad Social, a partir del día 730 desde el inicio de la baja, es de más de 60 millones de euros, con una duración media de 796 días.

El impacto que tiene el absentismo laboral por Incapacidad Temporal derivado de Enfermedades Comunes y Accidentes no Laborales es inmenso, afectando significativamente a la competitividad de las Empresas, y a las cuentas del sistema de Seguridad Social, llegando a considerarse como un problema de ámbito nacional.

Resulta necesario poner de manifiesto la urgente necesidad de tomar medidas de calado y que se modifiquen determinados aspectos que influyan directamente en la gestión de las bajas laborales derivadas de enfermedades comunes y accidentes no laborales, en aras de lograr que sea lo más eficaz y eficiente posible, siendo una medida fundamental que las mutuas puedan prestar asistencia sanitaria y emitir altas médicas en las bajas laborales derivadas de enfermedades comunes y accidentes no laborales, lo que redundaría en una mejora de la competitividad para las empresas, que son quienes financian las prestaciones y, por ende, para las cuentas de la Seguridad Social y la economía española, así como una mejora para la salud de los trabajadores en particular, acortando sus periodos de baja laboral, y a la ciudadanía en general, ayudando a reducir las listas de espera del Sistema Nacional de Salud.

El coste de las bajas laborales derivadas de Enfermedades Comunes y Accidentes no Laborales ha venido incrementándose preocupantemente en los últimos años. En el siguiente gráfico se observa la evolución del coste total de las bajas laborales que ha supuesto tanto para la Seguridad Social como para las empresas, desde 2017 hasta 2022:

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Datos del aplicativo Web de Amat, Resina.

Del gráfico anterior se aprecia como el gasto del absentismo laboral por enfermedades comunes y accidentes no laborales ha crecido, preocupantemente, en más de un 66% en los últimos 5 años.

La población media protegida por contingencia común por la Seguridad Social en 2022 se incrementó en un 4,27% respecto a la de 2021, hasta alcanzar los 18.556.113 trabajadores protegidos. Igualmente, en 2022 se ha superado la Población Protegida Media anterior a la pandemia del covid-19 que, en el ejercicio 2019 fue de 17.769.363 trabajadores. Asimismo, en el ejercicio 2022, se produjeron 7.301.024 bajas laborales derivadas de enfermedades comunes y accidentes no laborales, un 34,15% más que en 2021; de igual modo, esta cifra fue superior al número de bajas del ejercicio 2019, que ascendió a 5.966.056 (22,38%).

Debido a que el número de bajas laborales derivadas de enfermedades comunes y accidentes no laborales aumentó en 2022 con respecto a los tres años anteriores, el gasto en Prestaciones económicas de Seguridad Social en el año 2022 se ha visto incrementado en un 15,71%, 17,30% y 33,74% respecto a los años 2021, 2020 y 2019 respectivamente, ascendiendo a 11.259,39 millones de euros millones de euros en 2022. Este enorme incremento del gasto en Prestaciones de Seguridad Social se justifica, en una pequeña parte, por el incremento de los salarios, pero, sobre todo, por el aumento de las bajas laborales en 2022, con respecto a los 3 años anteriores, incluido el 2019, que fue un año antes de la pandemia del covid-19.

En base a esas estimaciones anteriormente comentadas y tomando como referencia el PIB para 2022, se obtiene que 1.371.991 trabajadores que no acudieron a su puesto de trabajo ningún día del año del ejercicio 2022, dejaron o bien de producir o bien de prestar un servicio, que se valora en 97.624,11 millones de euros.

1.138.214 trabajadores enfermos y diagnosticados con una patología traumatológica han tardado un mes más de lo necesario en recuperar su salud para poder reincorporarse al trabajo; es decir, casi el doble del tiempo requerido si esta asistencia sanitaria pudiera ser prestada por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

En las bajas laborales por enfermedades comunes y accidentes no laborales, las mutuas se hacen cargo de las prestaciones económicas de la Seguridad Social que pagan al trabajador, pero no pueden participar activamente en el proceso de recuperación del mismo, pues son los médicos de los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas los que tratan médicamente y dan el alta a estos pacientes, viéndose afectados estos Servicios Públicos de Salud de una carga asistencial muy importante y, en consecuencia, derivándose esta carga asistencial en las indeseables listas de espera, tan perjudiciales para los tiempos de recuperación de la salud de los trabajadores, la competitividad de las empresas y la carga económica que supone para el sistema de la Seguridad Social.

Existe una sustancial diferencia de tiempo, en la recuperación de la salud de los trabajadores, cuando las bajas que son diagnosticadas como patologías traumatológicas son tratadas a través de los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas respecto a cuando estas mismas patologías son tratadas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

De los datos anteriores, se aprecia que bajas laborales equivalentes, diagnosticadas como patologías traumatológicas, tardaron en los centros sanitarios de las mutuas aproximadamente 30 días menos de lo que tardaron los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas en recuperar la salud de los Trabajadores. Esto quiere decir que los trabajadores de baja laboral por enfermedades comunes o accidentes no laborales tardan innecesariamente un mes más en recuperar su salud y poder reincorporarse al trabajo, con las pérdidas económicas que se producen para ellos mismos, para las empresas y para la Seguridad Social.

Los médicos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social ya emiten los correspondientes partes médicos de baja, confirmación y alta en las bajas laborales derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, por lo que el ejercicio de esta competencia para las enfermedades comunes y accidentes no laborales diagnosticadas como una patología traumatológica no generaría problema alguno a estas entidades.

Asimismo, cabe recordar que los médicos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son expertos en la asistencia sanitaria de dichas patologías, al ser las que tratan con mayor frecuencia.

Además de lo anterior, las mutuas disponen de 1.058 centros asistenciales y 23 hospitales en los que desarrollan su labor profesional más de 10.600 profesionales sanitarios, siendo aproximadamente 3.900 profesionales médicos, sujetos al mismo código ético y deontológico que cualquier profesional médico de los Servicios Públicos de Salud o de las entidades gestoras de la Seguridad Social. En este sentido, los Trabajadores atribuyen a las mutuas un 8,6 sobre 10, en el nivel de calidad de asistencia sanitaria, según los últimos datos. Con motivo de lo anterior, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat) apela a que, a la mayor brevedad posible, se materialice lo previsto en la recomendación número 9 de los Acuerdos del Pacto de Toledo, y al capítulo VII del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (V AENC), suscrito entre CEOE, Cepyme, CC OO y UGT, para llegar a acuerdos con los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas, dirigidos a recuperar la salud de los Trabajadores en el tiempo adecuado, y ahorrar costes innecesarios para las empresas y para la Seguridad Social, a la par de ayudar a reducir las listas de espera de los Servicios Públicos de Salud.