El diálogo social en la política de movilidad laboral de la UE: evidencias, contradicciones y limitaciones

Redacción Interempresas23/01/2026

El compromiso de la Unión Europea con el diálogo social sigue siendo sólido. Al menos sobre el papel. El Pacto por el Diálogo Social Europeo de marzo de 2025 formalizó aún más el papel de los sindicatos y los empleadores en la configuración de la política laboral al manifestar el diálogo y los mecanismos de presentación de informes como una forma de comunicar las preocupaciones de las partes interesadas^[1]. Pero en los ámbitos en los que chocan la movilidad y los derechos laborales, principalmente la movilidad laboral de la UE dentro de los sectores de servicios de bajos salarios, el diálogo social sigue siendo hasta ahora un mecanismo de procedimiento en gran medida desconectado de los resultados de las políticas. Esta desconexión se agudiza especialmente en el trabajo de cuidados transfronterizo, donde persisten los retos de movilidad estructural a pesar de las numerosas consultas a las partes interesadas, como se documenta en los resultados preliminares del proyecto MobilCare 2024-2026.

Diálogo ineficaz

El Pacto de Diálogo Social de 2025 representa un fortalecimiento de los procedimientos. Las consultas de la Comisión sobre los programas de trabajo, la financiación de los interlocutores sociales y un mecanismo formal para recibir informes conjuntos de los interlocutores sociales sobre la aplicación del diálogo marcan el progreso institucional. Los diálogos de aplicación convocados en septiembre de 2025 por la vicepresidenta de la CE, Roxana Mînzatu, abordaron específicamente la movilidad laboral en los ámbitos de la libre circulación de trabajadores, el desplazamiento y la coordinación de la seguridad social^[2]. Sin embargo, algunos podrían pensar que la mejora de la visibilidad institucional oculta una asimetría: la consulta y la aplicación se están alejando. Los interlocutores sociales negocian, la Comisión escucha y lee los informes, pero el seguimiento de las arquitecturas de aplicación sigue siendo escaso.

Tomemos como ejemplo la Directiva sobre el salario mínimo adecuado (2022/2041)[3]. Asegurada a través de la negociación tripartita, algunos la consideran una piedra angular del principio 8 del Pilar Europeo de Derechos Sociales sobre la participación de los trabajadores. Obliga a los Estados miembros a promover la negociación colectiva y a garantizar unos salarios adecuados. Los Estados miembros siguen siendo libres de definir la ‘adecuación’, que oscila entre el 46 y el 60% de los salarios medios. Sin embargo, su aplicación ha sido desigual. En noviembre de 2025, la UNI Global Union señala que solo Irlanda, Letonia y Lituania publicaron planes de acción nacionales que promueven la negociación colectiva^[4]. Por el contrario, Dinamarca impugnó la base jurídica de la Directiva^[5], alegando que vulnera la soberanía salarial de los Estados miembros. Si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la validez de la Directiva^[6], el mensaje es claro: el diálogo social puede generar consenso en las conversaciones, pero no garantiza su aplicación.

MobileCare y la brecha entre las pruebas y la aplicación

El proyecto MobileCare, financiado por la Comisión Europea y basado en el diálogo de expertos de varios países, identificó una paradoja crítica^[7]. Los Estados miembros muestran prácticas de diálogo social muy divergentes en lo que respecta a la movilidad de los cuidadores domésticos. Cuando el diálogo social nacional sobre un tema es débil, como en partes de Alemania y el sur de Europa sobre la prestación de cuidados en el hogar, la consulta a escala de la UE produce una tracción mínima a escala nacional. Cuando el diálogo es más fuerte, como en Austria y partes de Escandinavia, pueden surgir resultados a escala nacional. Sin embargo, estos permanecen localizados y no se ajustan a los estándares de movilidad de toda la UE. Las pruebas del proyecto, informadas por los paneles de expertos de Delphi y los talleres de las partes interesadas en siete países, demuestran que las instituciones nacionales del mercado laboral dan forma a los resultados de la movilidad mucho más que a escala de la UE.

En este proyecto, Alemania proporciona uno de los varios ejemplos de falta de aplicación. La legislación de la UE permite el desplazamiento de nacionales de terceros países (NTP) empleados legalmente en un Estado miembro a otro sin duplicar los permisos de trabajo, tal y como establece la sentencia Vander Elst (C-43/93)^[8]. A pesar de las recomendaciones del Diálogo Social para alinear la práctica con la legislación de la UE, Alemania sigue exigiendo una autorización de trabajo separada para los cuidadores NTP desplazados, lo que bloquea de facto esta vía de movilidad. Según los informes, los actores organizados dentro de los socios del diálogo social de Postcare y MobileCare que están experimentando con las colocaciones de NTP desplazados hasta 2025 abandonaron el modelo tras las medidas de aplicación y el asesoramiento jurídico de Alemania. Todo ello a pesar de una sentencia del Tribunal de la UE que dejaba claro que no se debe restringir la movilidad^[9]. No se trata de un fracaso del diálogo social, sino de un fracaso en la aplicación del diálogo. Las normas existen. El diálogo las confirmó. La práctica nacional contradice ambas cosas.

Compromisos sectoriales sin aplicación

Queda por observar otro ejemplo: en junio de 2025, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) y los Empleadores Sociales firmaron un marco de acción sobre la retención y la contratación en los servicios sociales^[10]. Un logro importante del nuevo Comité de Diálogo Social Sectorial de la UE para los servicios sociales. El marco se compromete a 15 acciones concretas en educación, niveles de personal seguros, conciliación de la vida laboral y familiar y negociación colectiva^[11]. Sin embargo, estas siguen siendo recomendaciones no vinculantes. Requieren una implementación nacional y un acuerdo colectivo adicional en cada nación. El anuncio de la EPSU afirma: “Esto es tanto un compromiso de los interlocutores sociales a escala de la UE para los servicios sociales como un llamamiento urgente a la acción para todos los que dan forma a los servicios sociales”^[12]. Una traducción menos optimista: los interlocutores sociales de la UE se comprometen y ofrecen orientación; se espera que los gobiernos actúen; pero si no lo hacen, el proceso de diálogo habrá sido en vano.

El diálogo social se fragmenta desde dentro

Sin embargo, no todos los límites del diálogo social se deben a la falta de ejecución. En la movilidad laboral, el diálogo a menudo se estanca porque los interlocutores sociales no convergen. El sector de los cuidadores domésticos es un ejemplo de ello. Las pruebas de MobileCare y PostCare muestran que los representantes de los empleadores plantean la atención transfronteriza principalmente como una solución de oferta de mano de obra con restricciones de asequibilidad. Las rotaciones largas y la presencia en el lugar se tratan como necesidades funcionales que se consideran aceptables con respecto a un conjunto predominante de condiciones normativas y de mercado. Los sindicatos, por el contrario, definen las mismas prácticas como una elusión estructural de las normas sobre el tiempo de trabajo y los períodos de descanso^[13].

El resultado no es un compromiso, sino un veto silencioso mutuo. Los diálogos producen objetivos de consenso abstractos, como la atención de calidad, la educación y las condiciones justas, al tiempo que evitan cuestiones operativas que no se pueden acordar, como las excepciones por practicabilidad o los mecanismos para compensar los costes que se derivan de la falta de ellas. El marco EPSU-Empleadores Sociales 2025 también refleja esto: un lenguaje ambicioso, pero un contenido cauteloso. Cuando el diálogo no puede converger, las instituciones de la UE tienen poco que transponer y los actores políticos están obligados a decepcionar en cualquier dirección.

Un debate que merece la pena tener

La verdadera cuestión no es si existe el diálogo social en la UE: existe, cada vez más institucionalizado y bien financiado, lo cual es un gran éxito. Es importante y merece la pena que se escuche a los representantes y que participen en el diseño de las políticas, a pesar de todas las deficiencias existentes^[14]. Sin embargo, ahora el debate debería centrarse en si el diálogo social puede pasar de ser una consulta de procedimiento a un mecanismo con vínculos directos con los resultados de las políticas (de movilidad laboral). Hasta que los acuerdos de los interlocutores sociales tengan cierto peso, por ejemplo, a través de planes de aplicación, fundamentos jurídicos de la UE u obligaciones explícitas de transposición con seguimiento, seguirán siendo ricos en evidencias, políticamente cautelosos y limitados a emplear prácticamente el cambio. La crisis del sector asistencial empeorará no porque los interlocutores sociales carezcan de voz, sino porque esa voz ha sido escuchada, documentada y educadamente archivada, si no por la UE, por sus Estados miembros.

Referencias