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La Ingeniería Civil en la sequía

CITOP

23/05/2023
Con toda España preocupada por la falta de lluvias, desde el Gobierno se han establecido una serie de medidas que fomentan la construcción de infraestructuras básicas para la recogida, el almacenamiento y la gestión de agua. Un trabajo de Obras Públicas que, desgraciadamente, estaba pendiente desde hace décadas.

“Más allá del carácter ligeramente húmedo del invierno 2022-2023, al analizar las precipitaciones registradas durante los doce meses previos a marzo de 2023 se concluye que la España peninsular en su conjunto continúa en una situación de sequía meteorológica en la que entró hace más de un año, en enero de 2022. Aunque con las precipitaciones del invierno se alivió en parte la situación, todas las cuencas de acumulación, excepto las del Tajo, Júcar y Segura, se encontraban a finales de febrero de 2023 en situación de sequía meteorológica a doce meses. Si se amplía el análisis de las precipitaciones a los treinta y seis meses previos, el resultado es que España entró en una sequía de larga duración a finales de 2022, y continuaba en esta situación a comienzos de marzo de 2023. Las cuencas más afectadas por la sequía de larga duración son las del Guadalquivir, Sur y Pirineo oriental (Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)”.

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Con una reserva hídrica del 44%, el nivel más bajo desde 1995, la situación de nuestro país se agrava con los datos recogidos por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, los cuales determinan una reducción de las cuencas hidrográficas de nuestro país de entre el 3 y el 7% de aquí a 2040.

Y ante esto, ¿qué acciones se están llevando a cabo? El pasado 11 de mayo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 4/2023 “por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas”.

Entre las acciones planteadas, se encuentran las de carácter fiscal, las directas al sector agrario, las de liquidez a las empresas del campo y, como no podía ser de otra manera, las relacionadas con el ámbito de la Ingeniería Civil. En este punto, se han establecido las siguientes acciones principales:

  • “Más agua, mejor gestionada y de mayor calidad.
  • Reutilización de aguas y apoyo a los regantes.
  • Actuaciones inmediatas y nuevas infraestructuras”.

En este sentido, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, una de las entidades junto con el Ministerio de Agricultura que ha movilizado la toma en consideración de nuevas acciones, se ha apostado por duplicar, hasta el 20%, la reutilización de las aguas urbanas para 2027.

También se ha recogido el ánimo del fomento de las infraestructuras en el ámbito de la hidrología, un tema bastante polémico si tenemos en cuenta el inventario de presas de nuestro país en los últimos años, según el mismo ministerio que ahonda en la necesidad de nuevas construcciones. Mientras que en España existían 240 presas en el periodo 1960-1969, nivel máximo de infraestructuras del tipo en nuestro país, posteriores al año 2000 contamos con 88.

La razón de la demolición de presas (según algunas fuentes, hablamos de hasta 108 en los últimos años) se debe a la Estrategia sobre Biodiversidad de la Unión Europea, que busca la reconexión fluvial y la eliminación de barreras en el discurrir de los ríos.

Esta política, no obstante, podría discrepar con la planteada por el Gobierno en las últimas semanas. Tal y como se recoge en la web de Moncloa, “el Consejo de Ministros ha destinado 35,5 millones de euros a actuaciones de ejecución inmediata en las cuencas afectadas por la sequía para garantizar el suministro, como bombeos de emergencia o conexiones para el abastecimiento”. Además, continúa el escrito, “se declaran de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea, de modo que el Estado central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña —una planta en Tordera, con un coste de 220 millones—, en Málaga y Almería —200 millones—, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones. Igualmente, se ha dado luz vede a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltaicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, que cuenta con una dotación económica de 600 millones”.

Más infraestructuras de primer orden en un sistema, el hídrico, que lleva clamando acciones de dicho tipo desde hace décadas, en pleno proceso de desmantelamiento de infraestructuras clave. En este sentido, desde entidades como el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, se cree que es necesaria una política similar a la planteada para el sistema de carreteras de nuestro país: inversión en conservación y en mejora de las grandes construcciones de almacenamiento y de gestión del agua.

Un correcto estado de este tipo de infraestructuras garantiza su buen funcionamiento en épocas de estrés hídrico como el que estamos viviendo, reduciendo, además, efectos adversos a los propios del cambio climático: inundaciones, provocadas por precipitaciones extremas como las que está sufriendo Italia en parte de su territorio.

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Una buena estrategia

En un momento decisivo en la Unión Europea, tanto energético como de falta de agua generalizada, ¿cuánto hay que virar las políticas planteadas en los últimos años?

Un primer paso fue la consideración de la energía nuclear como sostenible, frente a la opinión de destacadas organizaciones ecologistas e incluso del Gobierno de nuestro país. Un segundo paso, ¿debería ser la consideración de no eliminar las presas y los embalses en los países con mayor tendencia a la sequía, como es el caso de España?

De momento, algunas demoliciones en España están en suspenso, a la espera de una mejora o de un empeoramiento de la situación que nos ocupa y en la que la Ingeniería Civil tiene la última palabra, junto con los profesionales agrarios.

Una combinación de medidas en ambos sentidos que permitirá establecer acciones consecuentes con los recursos en infraestructuras de los que disponemos y, por supuesto, con las inversiones anunciadas con el Gobierno.

No obstante esto, se trata de un camino de largo recorrido, más allá de las elecciones (tema ya tratado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en inGEOpres) y de la emergencia que estamos viviendo en este 2023.

Hemos de confiar y de apostar por la Ingeniería Civil de manera continua e independientemente de los partidos políticos, escuchando al sector de las Obras Públicas sobre las mejores soluciones para la gestión y para el almacenamiento del agua que, no olvidemos, es una fuente de vida primordial.

Los datos recogidos por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX determinan una reducción de las cuencas hidrográficas de nuestro país de entre el 3 y el 7% de aquí a 2040
Mientras que en España existían 240 presas en el periodo 1960-1969, nivel máximo de infraestructuras del tipo en nuestro país, posteriores al año 2000 contamos con 88
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas considera necesaria una política similar a la planteada para el sistema de carreteras de nuestro país: inversión en conservación y en mejora de las grandes construcciones de almacenamiento y de gestión del agua

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