El desafío actual es la distribución equitativa de las vacunas producidas

La industria farmacéutica respeta las decisiones que los países trasladen a la Organización Mundial del Comercio en relación con la liberación de las patentes que protegen las vacunas contra la COVID-19, pero considera que una exención, aunque sea temporal, de estos derechos es errónea, porque no es la solución al acceso de todos los países a las vacunas de forma rápida y equitativa, como requiere la situación actual, y porque puede acarrear graves efectos no deseados.

Hay que tener en cuenta que el proceso de fabricación de vacunas es muy complejo y requiere unos conocimientos específicos, una tecnología puntera, unas instalaciones adecuadas, unos equipos humanos preparados y una experiencia que, en la actualidad, solo está al alcance de unas pocas compañías en todo el mundo.

Existen otras muchas empresas que pueden colaborar en algunas fases del proceso de fabricación, pero, aun así, requieren de una transferencia de tecnología del desarrollador. De hecho, alguna de estas vacunas requiere más de 250 componentes distintos que se fabrican en más de 50 instalaciones diferentes de más de 25 países.

La dirección que ha tomado la industria farmacéutica a través de acuerdos de colaboración con transferencia de tecnología con cualquier empresa de cualquier país del mundo que tenga capacidad de participar en la producción está permitiendo triplicar la capacidad de producción mundial y alcanzar los 12.000 millones de dosis anuales, que es lo que se precisa para lograr la inmunidad de grupo en todo el planeta.

En abril se contabilizaban ya más de 270 acuerdos de colaboración entre compañías para la producción de vacunas contra la COVID, que implicaban a un centenar de empresas y una treintena de países. Las compañías desarrolladoras han sellado acuerdos con aquellas empresas que tienen esa capacidad, incluidas competidoras y de países de diferentes rincones del mundo, como India, China y Sudáfrica.

Las compañías desarrolladoras de vacunas son las primeras interesadas en suministrar la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible, no solo por la competencia con otras empresas, sino por el compromiso de toda la industria por vencer al virus cuanto antes, que es la máxima prioridad de la humanidad.

Hay que recordar al respecto que, en un hito sin precedentes, las compañías farmacéuticas han sido capaces en menos de un año de poner a disposición de la humanidad unas vacunas que son las que pondrán fin a esta tragedia sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus.

Por otro lado, el actual sistema de patentes genera un marco de protección y confianza al desarrollador de las vacunas que es imprescindible para poder realizar esa transferencia de tecnología que es la que, a su vez, garantiza la calidad, eficacia y seguridad de las vacunas producidas por aquellos que no las han desarrollado.

Suspender las patentes, aunque solo sea temporalmente, podría hacer además que fábricas desconocidas sin experiencia en vacunas o con escasos controles de producción y calidad pudieran entrar a competir por materias primas escasas, causando disrupciones en la cadena de suministro e incrementando el riesgo de falsificaciones. Por tanto, la medida, de aprobarse, no solo no contribuiría a aportar mayor disponibilidad de vacunas, sino que podría tener un efecto contrario a los fines perseguidos.

La protección industrial a través de las patentes es crítica para garantizar que en el próximo futuro dispongamos de nuevos medicamentos. Los derechos de propiedad garantizan que compañías farmacéuticas en todo el mundo se lancen a la incierta carrera de investigar medicamentos, que implica de media diez largos años, grandes costes (unos 2.500 millones de euros) y, sobre todo, alto riesgo (de cada diez mil compuestos analizados en investigación básica apenas uno llegará un día a ser un medicamento disponible).

Las patentes contribuyen también al conocimiento científico, dado que cuando una compañía halla un potencial desarrollo y lo patenta hace público para toda la comunidad científica el conocimiento que le ha llevado hasta allí. Y son, en suma, la piedra angular de un modelo de I+D biomédica mundial que no sólo permite que las compañías farmacéuticas desarrollen el 95% de los medicamentos hoy disponibles, que en las últimas décadas se hayan logrado asombrosas mejoras en la supervivencia y que, en definitiva, tras la caducidad de la protección industrial y la llegada de genéricos y biosimilares, se promueve la competencia y se logran ahorros que se pueden reinvertir en seguir fomentando la innovación.

El desafío actual, además del de la producción, que se está superando a través de estos acuerdos de colaboración, está en la distribución equitativa de las vacunas producidas. Según las cifras de producción prevista para 2021 de las vacunas ya aprobadas o en últimas etapas de desarrollo (datos de instituciones como la consultora internacional Airfinity, la Universidad de Duke o Unicef), superaremos los 12.000 millones de dosis necesarias para lograr en el mundo la llamada inmunidad de grupo.

Por tanto, vacunas habrá para todos. Del mismo modo que la colaboración ha sido crítica para conseguir vacunas en tan poco tiempo, lo es ahora para que éstas se distribuyan por todo el mundo de forma equitativa. La iniciativa Covax, liderada por la Organización Mundial de la Salud y respaldada por gobiernos, industria farmacéutica y otras organizaciones sociales, podrá bien ser el instrumento para conseguirlo.