Castilla y León lanza una nueva línea de ayudas agroambientales y climáticas
La Junta de Castilla y León abre una nueva incorporación de titulares de explotaciones agrarias a las ayudas agroambientales y climáticas incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027, una convocatoria dotada con ocho millones de euros para financiar los contratos que se desarrollarán entre 2026 y 2028.
El extracto publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) detalla que estas ayudas buscan impulsar prácticas sostenibles en el campo y reforzar la mitigación y adaptación al cambio climático mediante compromisos plurianuales asumidos por agricultores y ganaderos de la Comunidad.
La orden establece que podrán sumarse titulares de explotaciones que adopten métodos respetuosos con el medioambiente a través de cinco líneas: cultivos agroindustriales sostenibles, aprovechamiento forrajero extensivo con ganado ovino o caprino, apicultura orientada a la mejora de la biodiversidad, agricultura ecológica y mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción.
La distribución presupuestaria prioriza la agricultura ecológica, que concentrará 5 de los 8 millones de euros disponibles, seguida de los cultivos agroindustriales y la conservación de razas autóctonas —ambas con 800.000 euros cada una—, mientras que el pastoreo extensivo contará con y la apicultura con 200.000 euros.
La Junta subraya en el texto oficial que estos contratos, de tres años de duración, deberán iniciarse en la campaña 2025/2026 o en el año 2026, siempre dentro del periodo de elegibilidad de la PAC.
Solo podrán acceder titulares cuya explotación esté ubicada en Castilla y León y que no tengan ya un contrato activo de la misma intervención.
Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo previsto para la Solicitud Única 2026, que se extenderá hasta el 30 de abril de 2026, salvo modificaciones posteriores.
La concesión de las ayudas se resolverá mediante concurrencia competitiva, aplicando los criterios de selección recogidos en la normativa reguladora cuando el crédito disponible no baste para atender todas las solicitudes.
La Administración autonómica contará con un plazo máximo de seis meses desde la finalización del periodo de presentación para dictar resolución, y la falta de notificación expresa se entenderá como desestimación.
