La transición energética puede generar nuevas rentas en el medio rural

Pocas propuestas encajan tan bien en el relato actual de sostenibilidad como la agrivoltaica. Una misma superficie puede producir alimentos y electricidad, reducir la competencia por el suelo, aportar sombra frente al estrés térmico, mejorar el uso del agua en determinados cultivos y generar una nueva fuente de ingresos. Sobre el papel, parece difícil encontrar perdedores. El problema comienza cuando ambas actividades dejan de compartir el relato y empiezan a compartir recursos. Esto cambia la reglas de juego.

La agricultura necesita radiación, espacio para trabajar, acceso de maquinaria, flexibilidad para cambiar cultivos y capacidad para adaptar el manejo. La generación fotovoltaica busca capturar energía, optimizar superficie, reducir costes y asegurar una producción eléctrica durante décadas. Los dos sistemas pueden convivir, pero no persiguen exactamente el mismo objetivo. Esa diferencia debería estar en el centro de la conversación.

España ya está entrando en una fase más ambiciosa. En agosto de 2026, el MITECO concedió 234 millones de euros a 118 proyectos de agrivoltaica con almacenamiento dentro de la segunda convocatoria RENOINN. Las bases de esta línea de ayudas establecen una condición relevante: el uso agrícola debe mantenerse como principal y la producción energética tener un carácter secundario. Tampoco consideran agrivoltaica concentrar los paneles en una parte de la parcela sin cultivo y mantener el resto exclusivamente para uso agrícola. La definición parece administrativa, pero en realidad contiene el principal debate del sector.

La agrivoltaica suele presentarse como una solución de doble uso del suelo. Esa descripción es correcta, aunque resulta insuficiente para evaluar un proyecto. La pregunta relevante comienza un paso después. ¿Cómo se ha diseñado esa convivencia?

• Una estructura elevada permite trabajar debajo con maquinaria y mantener determinados cultivos, pero aumenta la inversión.
• Reducir densidad de paneles puede proteger mejor la producción agrícola, aunque disminuye la potencia instalada por hectárea.
• Más sombra puede ayudar en zonas con fuerte estrés térmico y perjudicar cultivos con elevada demanda lumínica.
• La orientación, altura, separación, tecnología del módulo y sistema de seguimiento modifican simultáneamente el comportamiento energético y agronómico.

La evidencia científica es bastante clara en este punto. Una revisión sistemática publicada en 2025 en Renewable and Sustainable Energy Reviews, basada en 33 estudios realizados entre 2013 y 2023, encontró mejoras de entre el 20% y el 47% en eficiencia de uso del agua y reducciones de temperatura de entre 1 y 4 °C en determinados sistemas agrivoltaicos. Al mismo tiempo, detectó pérdidas de rendimiento en cultivos con alta demanda de radiación cuando el sombreo era excesivo.

Otra revisión sistemática, publicada en 2026 en Energies y basada en 82 estudios experimentales realizados en campo, encontró una elevada variabilidad en los resultados según cultivo, clima, nivel de sombreo y tecnología fotovoltaica. Los propios autores concluyen que no existe una configuración agrivoltaica óptima universal. Una revisión publicada también en 2026 en Renewable and Sustainable Energy Reviews, después de analizar 125 estudios, llegó a una conclusión similar.

Los sistemas bien diseñados pueden mantener o mejorar la productividad, reducir la evapotranspiración y aumentar la eficiencia en el uso del agua y del suelo. Pero los resultados varían considerablemente según el cultivo, el clima, la configuración de la instalación y el manejo. Eso obliga a abandonar una idea demasiado cómoda. No existe una agrivoltaica que funcione igual para todos.

Existen combinaciones de cultivo, clima, estructura, radiación, agua y manejo que pueden generar sinergias, mientras otras obligan a asumir compromisos bastante más difíciles. Diseñar primero la planta fotovoltaica y buscar después qué cultivo puede adaptarse debajo, probablemente conduzca a un resultado diferente que empezar preguntándose qué necesita producir esa explotación y cómo puede integrarse la generación eléctrica sin desordenar su lógica productiva.

La agrivoltaica introduce además un problema interesante de medición. Uno de los indicadores habituales es el Land Equivalent Ratio o LER, utilizado para estimar si el aprovechamiento conjunto de agricultura y energía utiliza mejor la superficie que mantener ambas actividades separadas. Valores superiores a uno indican una mayor eficiencia combinada del suelo, y diferentes revisiones encuentran resultados favorables en sistemas correctamente diseñados. Es un indicador útil, pero no responde a todas las preguntas.

Una hectárea puede generar más valor combinado y, al mismo tiempo, producir menos alimento. Puede ahorrar agua y aumentar el coste de inversión o mejorar el resultado económico total mientras cambia de manera importante quién recibe ese ingreso. Incluso un LER elevado puede ocultar una pérdida agrícola compensada por una gran producción energética. Por ello, medir únicamente productividad conjunta puede resultar insuficiente.

En un proyecto real interesa saber cuánto mantiene la producción agrícola, cómo cambia su calidad, qué ocurre con el consumo de agua, cuánto cuesta adaptar la maquinaria, qué estabilidad aporta frente al clima, cuánto genera la energía y qué margen termina quedando para cada actor. La sostenibilidad empieza a parecer bastante diferente cuando añadimos esa última variable.

Este punto merece mucha más atención de la que suele recibir. Se habla con frecuencia de la agrivoltaica como una vía para diversificar ingresos agrícolas. Y puede serlo. Pero el resultado depende de cómo se repartan la inversión, la gestión, el riesgo y el valor generado sobre la tierra. Un productor que invierte en una instalación propia se encuentra en una posición diferente de quien arrienda su parcela a un promotor energético. También cambia el escenario si existe copropiedad, reparto de ingresos o una sociedad donde agricultor y operador energético comparten inversión y riesgo. La rentabilidad de la agrivoltaica no depende únicamente de cuánto produce la combinación entre agricultura y energía. También depende de la posición que ocupa el agricultor dentro del negocio.

Cuando participa en la inversión, la gestión o la propiedad del proyecto, aumenta su exposición financiera, pero también su capacidad para capturar una parte mayor del valor generado. Si su papel queda reducido al arrendamiento de la tierra, gana previsibilidad y reduce riesgo, aunque también cede protagonismo económico y capacidad de decisión. Ese equilibrio merece atención porque una hectárea puede generar mucho más valor sin que ese valor permanezca necesariamente dentro de la explotación. Por eso, al evaluar un proyecto agrivoltaico conviene mirar algo más que el retorno total por hectárea. También importa cuánto riesgo asume el productor, qué margen de decisión conserva y qué parte del nuevo negocio queda realmente vinculada a su actividad.

Hay otra variable que debería entrar en la ecuación y es el tiempo. Una explotación agrícola necesita capacidad para cambiar cultivos, manejo, mercados o incluso modelo productivo. Una infraestructura energética, en cambio, puede condicionar esa misma superficie durante décadas. Por esta razón, la rentabilidad inicial no alcanza para evaluar el acuerdo. También importa qué margen conserva el agricultor para adaptar su explotación, renegociar condiciones o responder a escenarios que hoy todavía no conoce.

Esa flexibilidad debería llegar también al final del proyecto. La reversibilidad de la instalación importa porque una transición sostenible sobre suelo agrícola debería permitir que la tierra conserve la posibilidad de recuperar plenamente su función productiva cuando termine la vida útil del sistema. Además, la presión energética puede alterar el propio mercado de la tierra.

La agrivoltaica también introduce una tensión menos visible sobre el valor de la tierra. Cuando la renta asociada a la generación energética supera ampliamente la rentabilidad agrícola, el suelo empieza a competir por dos usos con capacidades económicas muy diferentes. Eso puede mejorar el ingreso del propietario, pero también encarecer el acceso a la tierra para quienes necesitan producir.

Por lo tanto, la discusión no debería limitarse a cuánta energía puede generar una hectárea agrícola. También conviene observar qué efectos produce sobre arrendamientos, acceso a nuevas superficies y continuidad de explotaciones que dependen de tierra alquilada. Esta presión también puede afectar al relevo generacional. Si el valor energético eleva el coste de acceso a tierra agrícola, los jóvenes que necesiten superficie para iniciar o ampliar una explotación pueden encontrarse compitiendo con una capacidad de pago difícil de igualar desde la actividad agraria.

La transición energética puede generar nuevas rentas en el medio rural. La forma en que se distribuyan determinará si refuerzan la actividad agraria o terminan convirtiendo la tierra agrícola, principalmente, en un activo energético.

A medida que aumenta la inversión, la discusión se traslada hacia una cuestión menos técnica y bastante más incómoda, ¿qué condiciones debe cumplir un proyecto para poder llamarse realmente agrivoltaico?

No es un problema semántico. Si mantener una actividad agrícola mínima permite acceder a ayudas, justificar el uso de suelo agrario o mejorar la aceptación social del proyecto hace que aparezca el riesgo de que la agricultura permanezca formalmente dentro del sistema, pero pierda peso real. España ya empieza a introducir límites al exigir, dentro de determinadas líneas de apoyo, que el uso agrícola mantenga un carácter principal. Francia ha avanzado todavía más al incorporar referencias de rendimiento, superficie utilizable y continuidad de la actividad agraria.

Más allá del porcentaje concreto, lo relevante es el cambio de criterio. La agrivoltaica necesita algo más que demostrar que existen cultivos debajo de los paneles. Tiene que acreditar que la actividad agrícola conserva suficiente entidad productiva como para seguir justificando el concepto. Los umbrales serán necesarios para evitar que el concepto se vacíe de contenido, pero tampoco deberían convertirse en el único criterio de éxito.

Cumplir un porcentaje mínimo de producción no garantiza por sí mismo que el sistema esté bien integrado. La regulación tendrá que proteger la actividad agrícola sin terminar obligando a cultivos y explotaciones muy diferentes a responder a una misma receta. Ese punto será cada vez más importante a medida que crezca el mercado. Porque si la agrivoltaica termina sirviendo para denominar cualquier instalación fotovoltaica que mantenga algún grado de actividad agrícola, el concepto perderá rápidamente credibilidad.

La próxima etapa, por tanto, probablemente no consista únicamente en mejorar la tecnología. También, habrá que construir criterios suficientemente claros para distinguir una integración real entre agricultura y energía de una convivencia meramente formal.

La evolución tecnológica puede llevar a la agrivoltaica hacia una etapa bastante diferente de la actual. Con seguidores solares, estructuras dinámicas, módulos semitransparentes, sensores y sistemas automatizados, la radiación que recibe el cultivo deja de ser únicamente una consecuencia del diseño inicial y empieza a convertirse en una variable que puede gestionarse. En mi opinión, ese cambio abre una posibilidad interesante.

La estructura podría adaptarse según temperatura, disponibilidad de agua, estado fenológico, previsión meteorológica o necesidades concretas del cultivo. En determinadas condiciones, producir más energía podría dejar de ser la prioridad durante algunas horas si proteger la planta genera un mayor valor para el sistema completo. Cuando eso ocurre, la agrivoltaica deja de comportarse como una infraestructura instalada sobre una explotación y empieza a parecerse más a un sistema productivo que necesita decisiones permanentes.

Y ahí aparecen nuevas funciones. El agrónomo aporta la lectura del cultivo y define qué condiciones conviene proteger. El especialista energético entiende el comportamiento y las restricciones de la instalación. Automatización, sensores y modelos permiten traducir ambas necesidades en reglas de operación. También hará falta gestionar y analizar datos capaces de mostrar si una determinada estrategia mejora realmente la producción, el agua, la energía y rentabilidad. Probablemente surjan perfiles híbridos que hoy todavía no tienen una denominación consolidada, capaces de trabajar entre agronomía, energía, control y datos.

A medida que estos sistemas se vuelvan más dinámicos aparecerá, además, una cuestión de gobernanza. Agricultura y energía no siempre pedirán lo mismo y al mismo tiempo. Habrá momentos en los que maximizar generación eléctrica pueda entrar en tensión con proteger el cultivo o administrar mejor el agua. El proyecto tendrá entonces que definir prioridades, reglas de operación y capacidad de decisión.

La automatización puede ejecutar la decisión, pero las prioridades tendrán que definirse antes entre quienes gestionan el cultivo y quienes gestionan la energía. Para las empresas que desarrollan esta tecnología, el desafío tampoco será solo fabricar mejores estructuras. Tendrán que aprender a diseñar sistemas que respondan a objetivos agronómicos variables durante la campaña.

Y para el productor aparece un rol diferente. Ya no será únicamente quien trabaje debajo de una instalación energética, sino uno de los actores que debería participar en cómo se opera el sistema. Ese cambio puede ser importante. Cuanto más dinámica sea la agrivoltaica, menos sentido tendrá pensarla como dos negocios que simplemente comparten una parcela. La gestión tendrá que integrar cultivo y energía de manera mucho más cercana, y eso exigirá nuevas capacidades, responsabilidades y formas de coordinación.

Toda esta complejidad tiene un precio. El JRC estima que los sistemas agrivoltaicos suelen tener costes de instalación entre un 20% y un 90% superiores a los de una planta fotovoltaica convencional, dependiendo de la estructura y configuración. Entre los obstáculos aparecen la menor generación eléctrica por unidad de superficie, selección de cultivos, conexión a red, aceptación social e impacto paisajístico.

Esto obliga a ser especialmente cuidadosos con la narrativa. Si una solución cuesta más porque necesita elevar estructuras, espaciar paneles, permitir maquinaria, instalar sensores o adaptar el sistema al cultivo, ese sobrecoste forma parte del intento de mantener viva la actividad agrícola. Reducirlo, eliminando esas condiciones, puede hacer el proyecto más rentable energéticamente, pero también alejarlo del propósito agrivoltaico.

Existe además una cuestión económica que conviene vigilar. Si la rentabilidad global del proyecto termina dependiendo casi por completo de la generación energética, la agricultura puede conservar presencia física y perder peso dentro del modelo de negocio. Ese desequilibrio debería formar parte de la evaluación, porque integrar dos actividades exige que ambas tengan una función real y no únicamente formal.

La tensión resulta bastante evidente. La fotovoltaica convencional ya sabe cómo optimizar electricidad. La agrivoltaica necesita aprender a optimizar un sistema bastante más complejo. Y eso significa aceptar que el máximo rendimiento energético por hectárea probablemente no sea siempre el objetivo adecuado.

La agrivoltaica tiene argumentos suficientes para ocupar un lugar relevante en la transición energética y agrícola. Su escala potencial lo demuestra. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) estimó que utilizar apenas el 1% de la superficie agrícola de la Unión Europea para sistemas agrivoltaicos podría aportar alrededor de 944 GW de capacidad fotovoltaica instalada, por encima del objetivo solar europeo fijado para 2030 en la estrategia vigente cuando se realizó el cálculo.

Pero precisamente, por esa magnitud, conviene discutir qué entendemos por éxito. Medir únicamente potencia instalada o valor generado por hectárea ofrecería una lectura incompleta. También importa qué ocurre con la producción agrícola, el agua, el suelo, la capacidad de seguir trabajando esa explotación, el reparto del riesgo y la parte del nuevo valor que permanece vinculada al productor y al territorio.

La agrivoltaica puede mejorar simultáneamente el uso de la tierra, la resiliencia productiva y la generación renovable. La evidencia muestra que esa convivencia es posible. Lo que todavía necesita madurar es la forma de diseñarla, medirla y distribuir sus beneficios.

Para el agricultor, tendrá sentido cuando la energía contribuya a fortalecer la viabilidad de la explotación y no la convierta simplemente en soporte físico de otro negocio. Para el promotor, cuando el proyecto energético pueda integrarse sin vaciar de contenido la actividad agraria. Y para el territorio, cuando la inversión deje capacidad productiva, renta y actividad económica además de infraestructura.

Ese equilibrio será mucho más importante que cualquier etiqueta. Porque la carrera por la sostenibilidad puede producir muchos ganadores sobre el papel y repartir de manera muy desigual el valor en la práctica. La agrivoltaica habrá avanzado de verdad cuando el valor generado por la energía refuerce la actividad agrícola en lugar de desplazarla, y cuando ese equilibrio pueda demostrarse también en producción, renta y capacidad de decisión.

Seguimos conversando en la próxima edición.

La rentabilidad de la agrivoltaica no depende únicamente de cuánto produce la combinación entre agricultura y energía. También depende de la posición que ocupa el agricultor dentro del negocio