Reclama que se puedan aplicar tratamientos con drones frente a las plagas

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha denunciado que la falta de materias activas para hacer frente a plagas y enfermedades debido a las prohibiciones de la Unión Europea (UE) están generando "graves pérdidas a los productores y competencia desleal" con países no europeos.

La organización ha publicado un decálogo con propuestas para aprobar a nivel europeo.

Según denunció UPA, de las más de 800 materias activas que se utilizan a nivel mundial, en Europa solo están permitidas 400, y en los últimos seis años y medio se han prohibido 89, lo cual se une al cambio climático que fomenta la aparición de plagas y genera así un contexto de pérdidas al sector.

UPA hizo pública esta protesta tras la reunión celebrada en la Mesa de Sanidad Vegetal convocada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en la que los agricultores trasladaron al Ministerio un decálogo de medidas para mejorar el Reglamento Ómnibus que se pretende aprobar a nivel europeo.

En dicho documento, la organización reclama una “gestión integrada de plagas“ que combine el biocontrol con productos convencionales, así como reciprocidad para que el nivel de tolerancia aplicado a las producciones que llegan de países terceros ”no discrimine a las producciones europeas”.

Otro punto importante señalado por UPA es el encaje regulatorio para la utilización de drones en la aplicación de tratamientos fitosanitarios, algo que en la actualidad está prohibido a excepción de situaciones de especial emergencia.

Según UPA, los drones permiten una aplicación más localizada y de mayor precisión con menor volumen de producto de agua y menor gasto de combustible, así como el acceso a zonas de difícil mecanización.

El secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Huertas, señaló que se han prohibido materias activas eficaces para ciertas enfermedades vegetales sin alternativas viables, por lo que sus producciones “se han resentido en muchos sectores de manera importante”.

Además, Huertas exigió que las autorizaciones de emergencia deben resolverse durante la misma campaña: “un agricultor no puede encontrarse a mitad de campaña con que el producto que necesita ha desaparecido porque no se ha resuelto su autorización”.

El secretario pidió reconocer el contexto excepcional de España en materia de cultivos: “España tiene una enorme variedad de cultivos, y eso Europa tiene que entenderlo: quien tiene pocos cultivos necesita pocas materias activas; nosotros no”.

Sobre este asunto, el Sindicato Labrego Galego (SLG) reclamó al Ministerio de Agricultura la formación de una comisión específica de trabajo para analizar y revisar el listado de productos fitosanitarios autorizados para determinar en qué casos sería posible su aplicación mediante el uso de drones.

La organización agraria recordó que el actual marco normativo permite el uso de drones en casos especiales, pero considera que esta “excepción” requiere de un análisis pormenorizado “caso a caso”.

“Si se detecta una necesidad en una zona y se cursa una solicitud técnica, la Consellería do Medio Rural solo la puede aprobar si el Ministerio de Agricultura tiene autorizada la aplicación de algún producto fitosanitario para llevar a cabo ese tipo de actuación”, explicó el secretario de Acción Sindical del SLG, Brais Álvarez.

Por ello, es “necesario profundizar en el desarrollo de esta normativa y no es necesario caminar hacia una libre desregulación”, precisamente porque la actual normativa permite “una aplicación cuidadosa con la salud de las personas y también con el medio”.

De hecho, el sindicato sostiene que el marco normativo contemplado en la actual normativa europea y nacional “es suficiente para cubrir las demandas del sector agrario”, pero falta “desarrollarlo y actualizarlo con un profundo análisis de los productos autorizados y de los casos en los que serían utilizados”.

En ese sentido, recuerda que “la tecnología tiene que estar al servicio de las personas agricultoras y no al revés”.