Para la campaña 2026-2027

El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, ha trasladado al presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la decisión de AB Azucarera (grupo British Sugar) de no renovar los contratos de remolacha para la campaña 2026-2027 con un número indeterminado de agricultores de la comunidad.

Se trata, según la organización agraria, de una situación inédita en la historia del cultivo, que se produce en el primer año de contratación tras el cierre de la fábrica de La Bañeza (León) y la conversión de la factoría de Miranda de Ebro (Burgos) para el refino.

Con esta decisión, "los productores pierden una opción de cultivo en sus explotaciones que les permitía cumplir requisitos de la Política Agraria Común (PAC), como la diversificación, la rotación o los eco-regímenes, y podrían incumplir los compromisos del programa agroambiental de la PAC firmado en 2023 por un periodo de cinco años" asegura la OPA en un comunicado.

ASAJA señala que la compañía ha informado a la Junta de Castilla y León de su decisión, pero reprocha que la Consejería de Agricultura "no se ha pronunciado ni sobre este asunto ni sobre la queja formal presentada semanas atrás" por la organización.

Según indica ASAJA, Azucarera argumenta —de forma verbal y sin constancia escrita— que los agricultores afectados presentan bajos rendimientos por hectárea y que, con los precios actuales, en el entorno de 36 euros por tonelada, no cubrirían los costes de producción.

La organización recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe formalizar contratos de compraventa si el primer eslabón de la cadena no cubre sus costes. No obstante, sostiene que la mayoría de los cultivadores no alcanza esa rentabilidad, incluso con rendimientos elevados, y que el posible beneficio depende en gran medida de las ayudas de la PAC vinculadas a este cultivo.

Asimismo, ASAJA subraya que buena parte de los bajos rendimientos se debe al modelo de “contrato compartido” impulsado por la propia industria, en el que el agricultor actuaba "como un mero trabajador" bajo asesoramiento técnico y agronómico de la empresa.

ASAJA espera una respuesta “contundente e inmediata” por parte de la Junta de Castilla y León en defensa de los intereses de los productores, tanto por sus competencias en política agraria como por el compromiso público adquirido hace un año de evitar perjuicios a los cultivadores tras el cierre de las azucareras.

La organización reclama, además, igualdad de trato para los agricultores de toda la comunidad, sin discriminación por tamaño de explotación o distancia a los centros fabriles. También exige a la compañía una política de precios alineada con la de su competencia, ACOR, y la realización de inversiones que permitan completar las campañas remolacheras en un plazo no superior a noventa días.

Según ASAJA, el alargamiento de las campañas está deteriorando la cantidad y calidad de la remolacha almacenada en fincas o montones, además de provocar retrasos en las siembras de la siguiente campaña y, en consecuencia, nuevas pérdidas para los productores.